El río Magdalena reconocido como una víctima del conflicto armado colombiano: así es la acreditación otorgada por la JEP Infobae
La Sala de Reconocimiento de la JEP, en el desarrollo judicial de todos los hechos referentes al conflicto armado de Colombia, reconoció al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos.
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“La JEP acredita al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el contexto del conflicto armado, en respuesta a la solicitud de cinco organizaciones de víctimas del Magdalena Medio, en el marco del Caso 08“, se confirmó en las redes sociales de la jurisdicción.
Esta medida fue tomada durante el cierre del viernes 9 de mayo de 2025 y anunciada a través de un comunicado oficial. Responde a una solicitud presentada por diversas organizaciones sociales, entre ellas la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Unión Sindical Obrera, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que acudieron el 5 de diciembre de 2024 a radicar la petición.
El tribunal de justicia transicional consideró las múltiples afectaciones sufridas por el principal afluente del país, incluyendo la desaparición forzada de personas, el vertimiento de hidrocarburos debido a atentados contra infraestructura petrolera, las fumigaciones con glifosato, y la contaminación generada por la minería ilegal de oro y carbón.
“Esta decisión hace parte del Subcaso Magdalena Medio, del caso que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública o en asociación con grupos paramilitares, otros agentes del Estado, y/o terceros civiles”, informó la JEP.
Las organizaciones solicitantes argumentaron además que el Magdalena ha sido víctima de “modificaciones en su cauce” y de la “ruptura del tejido social de las comunidades” ribereñas.
Al ser el río una víctima, se puede reconocer como sujeto de derechos y, por ende, sujeto de protección, restauración y no repetición, como por la incorporación en el caso del análisis de las afectaciones sufridas por el río por los hechos que investiga la Jurisdicción, explicó la JEP en su comunicado.
Las comunidades ribereñas, protagonistas de estos relatos ante la JEP, han denunciado que los grupos armados ilegales utilizaron el Magdalena para hacer desaparecer a sus víctimas.
En este contexto, el río no solo fue contaminado, también instrumentalizado como escenario de crímenes atroces.
“Según la investigación, los testimonios revelan el profundo impacto psicológico y social que estas experiencias traumáticas dejaron en las comunidades, para quienes se volvió cotidiano encontrar los cuerpos de las víctimas en el río”, comunicó la institución judicial.
El paramilitarismo habría tenido una fuerte influencia en el río Magdalena
Según la JEP, cuando se realizaron análisis de las afectaciones en el río, en algunos casos “derivadas de las prácticas paramilitares, por ejemplo”, fue la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, la que “expuso algunos casos que ilustran esta práctica de ocultamiento de cadáveres en el río Magdalena por parte de integrantes de grupos paramilitares”.
Estos casos fueron conocidos cuando por medio del fallo contra el exjefe paramilitar Ramón María Isaza Arango y otros 55 postulados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm)“, explicó la jurisdicción.
De hecho, en lo que va del estudio, se conoce, de la mano del Centro de Memoria Histórica que “señalan al menos 320 cuerpos fueron recuperados en el río Magdalena desde 1982″.
No obstante, “la cifra real podría ser mucho mayor, ya que los grupos armados utilizaban los ríos como un medio para borrar toda evidencia alrededor de los crímenes perpetrados, es decir, para desaparecer de forma permanente los cuerpos de sus víctimas. El Centro de Memoria Histórica destaca que esta práctica fue especialmente recurrente entre los años 2000 y 2004″.
Esta no es la primera vez que la JEP acredita a un río como víctima. En julio de 2023, el tribunal reconoció al río Cauca bajo la misma condición, luego de documentar que miles de cadáveres fueron arrojados a sus aguas durante el conflicto, muchos de los cuales aún no han sido recuperados.
