En esta semana hemos sido testigos de dos ataques a la libertad de expresión de parte del Estado. Ambos importan, por diferentes razones.

El primero ha sido contra Héctor de Mauleón, periodista de investigación y uno de los mejores cronistas del país, quien fue demandado, junto con su periódico, El Universal, por la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, debido a un artículo publicado el 1 de mayo (“Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”) en el que De Mauleón hace referencia a la información proveniente del hackeo de Guacamaya Leaks a la Sedena. La demanda no tiene que ver con los temas que De Mauleón analiza, sino que hace uso de ese instrumento de censura y extorsión en que se ha convertido la “violencia política en razón de género”. Como tantas cosas, una buena intención se ha convertido en herramienta de abuso.

Por si no fuese suficiente con la demanda, la exconsejera jurídica, que renunció a su cargo para competir en la farsa electoral del Poder Judicial, obtuvo los datos personales de De Mauleón a través del INE. Abuso de autoridad, censura a la expresión, uso inadecuado de datos personales, pero nunca una respuesta a la información investigada y expuesta por el colega. Es obvio, pero no sobra escribirlo, todo mi apoyo y solidaridad a mi amigo Héctor.

El otro caso es el menesteroso que preside el Senado, que logró obtener una disculpa pública de un ciudadano, pero no por escrito, sino de viva voz, transmitida además en tiempo real por las redes del Senado de la República.

Le digo menesteroso a Fernández Noroña porque es evidente que tiene necesidades irresueltas. Le es menester contar con afecto, aprecio, reconocimiento. Su ansia por los reflectores, su incapacidad de aceptar la crítica, lo muestran con claridad.

Es presidente del Senado porque logró inscribirse como precandidato presidencial por el PT, en contra de los deseos y estrategia del entonces presidente, que había diseñado el esquema para repartir la candidatura presidencial y el control de ambas cámaras, pero nada más. Arguyendo que ese acuerdo debía darle una posición equivalente a los dos precandidatos derrotados, logró que lo impusieran como presidente por el primer año de la Legislatura. Por fin pudo alcanzar una posición cercana a su ego, y la ha aprovechado para intentar llenar esas necesidades irresueltas.

La disculpa exigida al ciudadano se debe a un intercambio de palabras en una sala privada del aeropuerto de la Ciudad de México. Desafortunadamente para ese ciudadano, cometió el error de manotear al menesteroso, y supongo que con esa base se le obligó a disculparse. No lo atacó ni le causó daño alguno, pero le dio excusa para argumentar que no eran las expresiones lo que reclamaba. No es así. Lo que busca este personaje, que construyó su carrera obstaculizando el camino de los demás, insultado y agrediendo, es dejar claro que él es diferente. Él puede agredir, pero no aceptar reclamos. Ni siquiera escuchar críticas, como fue claro en los meses previos a la elección cuando abandonaba las sesiones del INE en cuanto Guadalupe Acosta Naranjo tomaba la palabra.

Dos ejemplos de abuso de poder, desde el Estado, contra los ciudadanos. En el primero, además, contra la labor periodística. Dos casos en los que se utilizan instrumentos financiados por la ciudadanía para atacarla. Dos claras evidencias de que los derechos humanos no pueden subsistir en regímenes autoritarios, como lo es el mexicano desde hace tiempo, consolidado hace casi un año mediante un golpe de Estado.

Un régimen autoritario, sin dinero y sin el monopolio de la violencia, sin estrategia ni unidad, sin otra cosa que la búsqueda de riquezas, la satisfacción de necesidades irresueltas y, cada vez más, la simple supervivencia. En eso estamos.