Empresa favorita de Pemex investigada por FGR, se asoció con prima de AMLO Vanguardia.com.mx

Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países.
Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza.
En 2019, la contratista de Pemex se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima del ex Presidente AMLO, y ganaron un contrato trianual de 231 millones de pesos con Pemex para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.
Tras darse a conocer la relación, en diciembre de 2020, la petrolera rescindió ese y otros contratos en los que la prima del ex Presidente había participado, ya que su nombre no fue reportado como “dato sensible” al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.
Zavala Solís también tiene relación con las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas del ex Presidente, en la compañía Servicios y Alimentos Bistro S.
A.
de C.
V.
, actualmente subsidiaria de Grupo Cemza, según Mexicanos contra la Corrupción.
TE PUEDE INTERESAR: Investiga FGR lavado de dinero y comercialización ilegal de combustible a favorita de PemexCON LAS HERMANAS FUE SOCIO DE 2005 A 2022En diciembre de 2022, la FGR inició una carpeta de investigación por lavado de dinero contra Zavala Solís, Grupo Cemza y Marinsa.
Como secuela, a principios de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Zavala, así como de otras empresas de Grupo Cemza, entre ellas Marinsa.
Todos promovieron amparos con los que lograron descongelar el dinero.
Se trata de Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar Servicios Marinos del Sureste, Júpiter Suministros y Servicios, Reparaciones Navales Zavala y Prestadora de Servicios Corporativos (Presco).
En esa primera indagatoria, la UIF verificó los movimientos financieros de los denunciados y concluyó que todos tenían operaciones inusuales, no relacionadas, relevantes, operaciones con dólares en efectivo, trasferencias internaciones y avisos de actividades vulnerables.
De Marinsa, señaló que celebró seis contratos de crédito simple, de los cuales cinco fueron a un solo pago y se liquidaron entre 2019 y 2020.
El 24 de septiembre de 2019, hizo 10 pagos por transferencia bancaria por un total de 179 millones 202 mil 964.
02 de pesos.
“Se le investiga por la probable evasión de impuestos.
SAT promovió el expediente 35/2020, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el reporte.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 18 choferes tras arranque de operativo contra la importación de ‘huachicol fiscal’En el caso de Cemza, la denuncia refiere que Zavala Solís era en ese momento el tenedor del 10 por ciento de las acciones y presidente del Consejo de Administración.
Menciona que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Ciudad del Carmen, y señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.
“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el documento.
En cuanto a Zavala Solís, este reporte entregado a la FGR dice que es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.
También señala que dispone de recursos a favor de Inmobiliaria Martel, sin conocer su propósito, y que está relacionado con Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, y la ex diputada local panista Lourdes de los Ángeles Solís Sierra, con esta última a través de la empresa Marinsa.
En 2023, a pesar del fallo de la UIF, Pemex adjudicó sin licitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar, filiales de Grupo Cemza.
Los contratos fueron adjudicados el 6 de junio, con vigencia al cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos mini abastecedores.
TE PUEDE INTERESAR: Aprueban reforma que exenta a Ejército, Pemex y CFE de transparentar trámites y proyectosEl 28 de marzo de ese año, el área jurídica de Pemex prohibió celebrar contratos con Marinsa, por incumplir el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos.
Sin embargo, la empresa regularizó la situación y el 20 de abril siguiente quedó sin efecto el impedimento.
El 24 de febrero de 2023, José Luis Zavala Solís promovió un amparo a título personal, ante el bloqueo de sus cuentas, inversiones y tarjetas de crédito en BBVA, Citibanamex, Banco del Bajío y la Unión de Crédito Mixta del Carmen, mientras que a su hermano José Antonio le inmovilizaron cuentas en Ve por Mas y BBVA.
Empleados de uno de los bancos le confirmaron que fue por orden de la UIF.
En el amparo de Enermar, la Jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga concedió el 24 de abril de 2023 una suspensión definitiva para permitirle acceso a sus cuentas, pero el 4 de mayo de ese año, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que no podía acatar esa orden, porque el representante de la empresa había sido incluido en la lista de personas bloqueadas, para cumplir obligaciones internacionales de México contra el lavado de dinero.
El 23 de mayo, la Jueza declaró fundado un incidente de incumplimiento a la suspensión promovido por Enermar y reiteró su orden a los bancos HSBC y Monex, que finalmente desbloquearon las cuentas la semana pasada.
La UIF impugnó esta suspensión, pero su recurso fue desechado el 7 de junio por el Primer Tribunal Colegiado Administrativo.