El intento por detener la corrupción marca 100 días del Gobierno de Arévalo en Guatemala Infobae
Ciudad de Guatemala, 23 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumplió este martes 100 días al frente del Gobierno, en los que ha denunciado varios casos de corrupción sucedidos durante la administración de su antecesor, Alejandro Giammattei, así como ha intentado fallidamente lograr la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien casi logra evitar su investidura.
Arévalo de León asumió el poder el pasado 14 de enero y alcanzó sus primeros 100 días en la presidencia, marcados por la exhibición de al menos dos casos de corrupción que habrían sido cometidos por el Gobierno de Giammattei (2020-2024) y que le habrían costado al Estado unos 113 millones de dólares.
Bajo el criterio del analista y politólogo Renzo Rosal, la lucha contra la corrupción de Arévalo de León corre el riesgo de quedar solo como "narrativa y como un conjunto de buenos deseos" porque el sistema de justicia "está jugando a favor de los actores que buscan mantener su impunidad".
La principal oferta electoral del presidente, durante la campaña de 2023, fue precisamente sanear las instituciones del organismo Ejecutivo que han sido sacudidas por estructuras de corrupción enquistadas en el Estado desde hace tres décadas.
Además, el mandatario, de 64 años, ha fallado en su intento por separar a la fiscal general de su cargo frente al Ministerio Público (Fiscalía), entidad desde la cual Porras intentó evitar su toma de poder a toda costa durante 2023 y 2024.
Desde su primera semana de Gobierno, Arévalo de León inició revirtiendo y anulando decisiones de su antecesor, como el decreto presidencial con el que Giammattei le había recetado cinco años de carros blindados y agentes de seguridad a los ministros y secretarios de su mandato.
De igual forma, en su primer mes como presidente, Arévalo de León destituyó a 878 personas que tenían plazas fantasma en el Ejecutivo y en su mayoría tenían acusaciones de corrupción.
En el mismo sentido, el 4 de abril, la Administración del nuevo mandatario denunció penalmente a la exministra de Salud Amelia Flores por un supuesto fraude en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik, que Guatemala no recibió a tiempo durante la pandemia de la covid-19 y que le habría costado al país unos 615 millones de quetzales (79 millones de dólares).
Posteriormente, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, denunció penalmente a dos exfuncionarios por anomalías en el contrato para la construcción de 14 escuelas que quedaron inconclusas durante la administración de Giammattei, en las que el Estado habría invertido 258 millones de quetzales (33,15 millones de dólares).
De acuerdo con Rosal, los "casos presentados por el nuevo gobierno son escasos y parece existir temor de vincular directamente a los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, porque solo han denunciado a funcionarios de segunda o tercera línea”.
Arévalo de León intentó entablar un diálogo con Porras ante la imposibilidad legal de destituirla, pero por el momento la fiscal se mantiene en su cargo y sin un panorama de salida anticipada a la vista, ya que su período vence legalmente en 2026.
"La fiscal general ha sido más astuta en el enfrentamiento político contra el presidente y ha logrado mantener presión en contra del mandatario y su partido", agrega Rosal.
En estos 100 días de Gobierno, destaca también la cercanía de Arévalo de León con el Gobierno de los Estados Unidos, tras ser recibido en marzo por su homólogo, Joe Biden.
"Posicionarse como un país presentable ante el exterior y con un presidente confiable, hasta el momento, es posiblemente lo más destacado de este Gobierno", puntualiza Rosal. EFE
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