Asamblea Madrid aprueba el dictamen de "comisión Begoña" que percibe desvío de fondos y se enviará a Fiscalía y juzgados Infobae

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves con la mayoría absoluta del PP el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se perciben indicios de delito y que será remitido a al Fiscalía y los juzgados.

Con esta aprobación en Pleno se pone fin a la conocida como "comisión Begoña" que arrancase con el registro de la misma por el PP en la víspera de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. Por ella han pasado desde el 13 de noviembre del pasado año --cuando intervino la mujer del presidente-- y hasta febrero de 2025 un total de 17 comparecientes y ha estado llamado Pedro Sánchez, quien no acudió.

En este dictamen, propuesto por el PP y que salió adelante en comisión con los votos "populares" y de Vox, se percibe que se podría haber cometido un desvío de fondos públicos de la Presidencia del Gobierno a "destinos distintos de los originales" por la intervención de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y su involucración en "tareas académicas propias de la universidad". También reclama que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida popularmente como el "software" de la cátedra.

Los "populares" ya habían advertido en febrero de que su dictamen recogería los "posibles indicios o posibles delitos" apreciados que luego pudieran "poner en conocimiento" de la Fiscalía y los juzgados.

Según han indicado fuentes parlamentarias tras aprobarse el dictamen en Pleno, este se publicará en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid y la Mesa de la Cámara decidirá si se remite a la Fiscalía y a los tribunales, como ya adelantó el PP --que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara-- que sucedería.

EL DICTAMEN

PP expone en el dictamen aprobado que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue creada de forma "anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa" al margen de los cauces reglamentarios de la UCM.

"Todo apunta a que se trató de una operación diseñada "ad hoc" para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica", remarcan en el dictamen.

Consideran que hubo una "cadena de decisiones políticas y administrativas fuera de lo común" para la materialización de esta cátedra y que, además, su nombramiento como directora de la misma "vulneró la normativa interna" del centro universitario.

"Ningún otro director de las 54 cátedras extraordinarias de la UCM tenía un perfil similar. Peor aún, se intentó ocultar su falta de titulación y su currículo contenía afirmaciones dudosas, como su supuesta licenciatura en marketing", lanzan.

Entienden desde el Grupo Parlamentario Popular que Gómez ejerció "en solitario como directora de la cátedra sin codirector que compensara su falta de requisitos" con el objetivo de que la esposa del presidente "figurara como única directora, sin importar la legalidad ni la transparencia del proceso".

También ponen la diana en el desarrollo del "software", cuya gestión, aseguran, estuvo "en manos de Begoña Gómez y su círculo más próximo". Apuntan que luego se constituyó una empresa "con el mismo nombre" y cuyos fines y actividad coinciden con los de la plataforma.

"La coincidencia de denominación, funciones y liderazgo personal apunta a una apropiación de recursos, conocimiento y reputación construidos en el ámbito público para lanzar un proyecto privado en beneficio propio. Una maniobra que pone en tela de juicio la ética pública y los límites entre lo institucional y lo personal en el entorno del Gobierno", plantean.

Cargan también contra los másteres de Gómez en los que se seleccionó a docentes externos "de manera arbitraria, sin criterios académicos y con propuestas directas de empresas colaboradoras como el Grupo Barrabés".

EL DEBATE PARLAMENTARIO

Para exponer el dictamen, ha intervenido la presidenta de la citada comisión, Susana Pérez Quislant, quien ha insistido en que la Asamblea ha podido constatar que "sí existen responsabilidades" en la mujer del presidente con un cátedra creada "para un interés personal y para una figura sin cualificación que han colocado".

"Ha habido recursos públicos desviados, se han vulnerado normativas y ha habido un clamoroso silencio desde la Presidencia del Gobierno", ha asegurado, a la vez que ha subrayado que ha quedado en evidencia "la falta de transparencia y control" en este asunto que afecta de lleno a una universidad madrileña.

Desde su propia bancada, la parlamentaria "popular" Mercedes Zarzalejo ha reivindicado que el PP ha querido poner voz a "la indignación ciudadana" por estos hechos "escandalosos que hoy descomponen al presidente, a su esposa y al Gobierno de España.

Así, ha criticado la "desvergüenza institucional" del Gobierno, que ha montado "un cortijo y una red de favores" en torno a Begoña Gómez. "Hoy sabemos que esta cátedra fue diseñada efectivamente ad hoc para la mujer del presidente, creada de forma acelerada, anómola, documentada desde el Palacio de la Moncloa, con un regimiento de personas a su servicio y que llegó a la universidad con todo hecho", ha asegurado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Cuartero ha defendido el trabajo "intenso y eficaz" de su partido en esta comisión queriendo conocer "toda la verdad", si bien el PP "se ha conformado con una pequeña parte". Vox ha acudido al Tribunal Constitucional tras rechazarse su voto particular, que buscaba, según la formación, ampliar el "popular".

"Lo que pasa es que el PP tiene pendiente dar una explicación de por qué quiere una comisión que solo cuente una parte de la verdad, la parte de la verdad que considera que no le perjudica, que no le obliga a asumir responsabilidades políticas sobre lo que sucede hoy en la Universidad madrileña, que no le obligue a reconocer que ha consentido la politización de la UCM y su uso por la izquierda para adoctrinar a nuestros jóvenes", le ha reprochado a los "populares".

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Tanto PSOE como Más Madrid han sido muy críticos desde el inicio con esta comisión que han tachado en varias ocasiones de "circo" y han reprochado lo que entienden como un uso partidista de la institución por parte del PP. De hecho, ambos la abandonaron después de que el PP pidiera la comparecencia de Sánchez.

Este jueves ha intervenido por los socialistas la diputada Marta Bernardo, quien ha afirmado que esta comisión nació "del odio político, del afán de la persecución y la desesperación de un partido político que, al no poder gobernar España, recurre a una cacería política".

Ha advertido al PP de que "no han engañado a nadie" y ha quedado claro que el objetivo único es "derribar al Gobierno de España" y no la universidad privada. "Hoy, después de un año, casi que empezó este despropósito de comparecencias, interrogatorios, de intentar criminalizar a una mujer, ¿qué hemos visto? Absolutamente nada", ha zanjado, para apostillar que el PP habría ignorado la "autonomía universitaria", un "derecho fundamental protegido por la Constitución".

Por su parte, desde Más Madrid ha tomado la palabra Antonio Sánchez y ha exigido al PP que pidan perdón a la Universidad Complutense y a su rector, Joaquín Goyache, --llamado a comparecer en la primera sesión-- por el "daño infinito" causado "por mor de hacer política estatal utilizando los impuestos de los madrileños"

A renglón seguido ha cargado, como ha hecho durante toda la comisión, contra la falta de financiación de las universidades públicas de la región.