Iratxe Sorzábal, la exjefa de ETA torturada por la Guardia Civil con electroshocks para que admitiera su participación en la bomba de Irún de 1995 Infobae
A las 12:30 del 8 de octubre de 1995 explotaba en el paso fronterizo del Puente Internacional de Santiago de la localidad de Irún, Guipúzcoa, un artefacto explosivo colocado por ETA. Dos kilos de masa explosiva compuesta por amonio, nitrato y dinitrotolueno que fue accionado por retardo basándose en una temporización por medio de un reloj digital marca Lekon manipulado para actuar como interruptor electrónico de un circuito exterior.
La explosión causó daños en el edificio de la aduana española fracturando casi todos los cristales de la fachada principal y lateral izquierda y provocando desprendimientos del corcho del techo del interior. También sufrieron daños una tienda cercana y varios vehículos, entre camiones y autobuses.
El 30 de marzo de 2001, la Guardia Civil detuvo en Hernani, Guipúzcoa, a Iratxe Sorzábal Díaz por su implicación en actividades relacionadas con ETA y se decretó su incomunicación preventiva, siendo trasladada a las 19:30 a las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid.
Cinco días de torturas
Durante el trayecto fue trasladada con los ojos vendados y sin saber dónde se encontraba. En estas dependencias estuvo cinco días, incomunicada al exterior, ni siquiera con su abogado, y custodiada por agentes de la Guardia Civil.
Durante ese tiempo los captores, todos hombres, la estuvieron insultando con expresiones como “puta zorra”, la pusieron bolsas en la cabeza, le aplicaron descargas con electrodos y la desnudaron completamente. Al final optó por declarar lo que querían los agentes, que le dictaron todo lo que tenía que decir sobre su implicación en el atentado.
Mientras sufría estas torturas, fue sometida a diferentes reconocimientos médicos. El primero de ellos, el mismo día de la detención, no se pudo llevar a cabo porque ella misma se negó a que el médico la tocara y este pudo constatar una “notable carga emocional”.
Los siguientes informes recogieron contracturas cervicales, parestesias en las manos y un cuadro de cefalea persistente, atribuible, según refirió la propia Sorzabal, a haber mantenido la cabeza forzada en posición flexionada durante horas. Además, se identificaron lesiones cutáneas de aspecto reticulado y coloración anómala en ambos costados del cuerpo, algunas con pequeñas vesículas. Estas alteraciones dermatológicas no se correspondían con patologías comunes, lo que motivó la toma de biopsias y fotografías clínicas.
El descubrimiento de la “kantada”
Tras este primer paso en el proceso, se decidió la entrada en prisión provisional de Sorzábal. Tras cinco meses recluida, fue puesta en libertad por la falta de pruebas en su contra. Su declaración bajo custodia no fue ratificada ante el juez y no existía ningún documento o elemento independiente que corroborara su implicación.
El caso quedó cerrado hasta 2009, cuando se encontró en un zulo de Francia una “kantada”, nombre que recibían en la jerga interna de la organización terrorista los informes redactados por un militante tras su detención para informar a los responsables de la banda lo que sabían y lo que no los agentes y que medidas tenían que tomar para evitar ser detenidos.
Este en concreto fue el que escribió la propia Sorzábal mientras se encontraba en la cárcel y según los agentes era el más detallado que habían visto nunca. En este la detenida reflejó lo que le habían obligado a memorizar y repetir bajo amenazas.
En relación con el atentado de 1995 en Irún, la “kantada” afirmaba que fue ella quien colocó el artefacto explosivo en la aduana del Puente Internacional de Santiago. También describía otras acciones en distintos puntos fronterizos —en Bera y en Dantzarinea—, atribuyendo la colocación de explosivos a otros miembros del comando con los que supuestamente operaba. Detallaba el modo de actuación, la elaboración de los artefactos en un local de Oiartzun y las rutas de huida tras los atentados.
Esto llevó a la reapertura del caso, porque incluía más información que lo que había declarado durante su encierro. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo su detención en ese momento, porque residía en Francia.
Pasaron los años y en 2015 fue detenida por causas propias en ese país, pero no fue hasta 2018 que se acordó su extradición a España, pero se aplazó hasta que cumpliera sus condenas en Francia. Ya fue en 2024 cuando llegó a España y se celebró el juicio en su contra por el atentado de Irún en febrero de este mismo año.
“Vulneración de sus derechos fundamentales”
30 años desde el mencionado ataque terrorista, la Audiencia Nacional ha emitido su sentencia en la que ha absuelto a Iratxe Sorzábal, al haber quedado acreditado que durante su encierro fue sometida a torturas, como han determinado los informes forenses aportados durante el juicio.
En el fallo, el tribunal ha determinado que “en el caso que nos ocupa, la prueba practicada en el acto del juicio, singularmente la pericial del Dr. D. Benito Morentin Campillo lleva a este Tribunal a la conclusión de que la acusada, Iratxe Sorzábal, en el transcurso de su detención, fue sometida a tratos inhumanos, con vulneración de sus derechos fundamentales”.
“En el caso de autos no se ha acreditado, a través de prueba lícita alguna, la comisión delictiva que el Ministerio Fiscal atribuye a la acusada, puesto que la única prueba de cargo existente frente a la acusada, consistente en el manuscrito que escribió después de su detención es nula de pleno derecho, al haberse obtenido, mediante violación de los derechos fundamentales de la acusada (art. 11.1 LOPJ), pues es consecuencia de los malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que le se le indicaban, sin que exista ningún otra prueba de cargo destructora de la presunción de inocencia que le favorece. Todo lo cual conlleva el pronunciamiento absolutorio de la acusada”, concluyen.
