¿Elección de narcojueces? El Financiero
El jueves pasado, en seguimiento al anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó un breve listado de jueces que han favorecido al crimen organizado. Entre los señalados destaca un juez adscrito al penal de Almoloya, quien ha dictado liberaciones, absoluciones y la no vinculación a proceso de varios integrantes del Cártel del Golfo.
No es la primera vez que se denuncian estas prácticas desde el ‘segundo piso’ de la ‘4T’. Ya se había adelantado algo desde el pasado 28 de febrero, al justificar la entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, con el argumento de que de no hacerlo se correría el riesgo de que fueran liberados por jueces que, según se dijo, actúan en colusión con redes criminales. En esa ocasión, la presidenta calificó la corrupción del Poder Judicial como ‘aberrante y ofensiva’.
Con la elección de jueces que se avecina me surge la pregunta de si en el gobierno se están ‘curando en salud’. Es claro que el dinero y las amenazas del crimen organizado han permeado al Poder Judicial de la Federación (igual, por cierto, a como han permeado prácticamente todas las instituciones del país, desde los ayuntamientos y las policías locales, hasta las grandes empresas y las Fuerzas Armadas).
Es una maniobra hábil del gobierno subrayar la corrupción actual del Poder Judicial. Sin embargo, la pregunta clave no es si hay o no jueces corruptos actualmente. Lo importante es evaluar si la elección de jueces y magistrados contribuirá a aumentar o disminuir la corrupción y, en la materia que nos ocupa en este texto, si va a propiciar una mayor penetración criminal del Poder Judicial. Me inclino a pensar que, desafortunadamente, después de las elecciones tendremos un Poder Judicial más coludido con el crimen organizado. Las siguientes son tres razones:
Primera. Mucho se ha dicho que toda la reforma judicial y la elección de junio próximo son una mera estrategia de Morena para controlar al Poder Judicial. No hace falta ser muy maquiavélico para darle crédito a esta hipótesis. El problema es que las elecciones se deciden en territorio y, en el ámbito local –sobre todo en ciertas regiones del país–, hay señalamientos serios de cercanía entre los cuadros de Morena y las mafias locales.
Segunda. Las campañas y la elección van a transcurrir, en lo esencial, por debajo del radar. La cobertura periodística ha sido mínima en comparación con las elecciones para cargos del Ejecutivo. En un escenario optimista saldrá a votar 15 por ciento del padrón. A esto hay que sumar que los pocos mexicanos que acudirán a las urnas por iniciativa propia elegirán a cientos de jueces con base en nombres desconocidos. Son condiciones ideales para que cualquier poder fáctico, incluido el crimen organizado, meta la cuchara para imponer a sus candidatos.
Tercera. Los capos, chicos y grandes, ya son stakeholders centrales en la profesión legal, particularmente en el ámbito penal; son clientazos, para decirlo de forma lisa y llana. Aquí y allá han salido notas que nos hablan de la cercanía entre los cárteles y el gremio de los abogados: ‘Elección judicial: candidatos señalados por defender al narco’ o ‘Exabogada de El Chapo Guzmán busca convertirse en jueza’. Por supuesto, ejercer como abogado defensor de un criminal, por poderoso que sea, no implica per se falta alguna. No se trata de criminalizar una trayectoria profesional legítima, pero sí de reconocer el riesgo de que estos perfiles puedan convertirse en vehículos de penetración institucional por parte de las organizaciones criminales.
Lo anterior no quiere decir que en Palacio Nacional estén a favor, o que sean complacientes, con la cooptación criminal de jueces y magistrados. Por el contrario, tengo la impresión de que lo perciben como un riesgo. Por eso mismo, en efecto, es que se están curando en salud. Ya tienen preparado el guión para alegar, en un futuro, que los narcojueces no nacieron con la reforma judicial, sino que son un mal que ya venía de antes. Por otro lado, es probable que la presidenta también quiera mandar a las huestes de Morena el mensaje de que no van a solapar que los nuevos juzgadores tengan vínculos demasiado descarados con el mundo criminal.
¿Qué sigue? Ni el 1, ni el 2, ni el 10 de junio vamos a saber quiénes ganaron realmente las elecciones, más allá de la integración de la SCJN. Lo importante vendrá más adelante, una vez que se integre el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal en funciones clave, especialmente la de determinar adscripciones, traslados y rotaciones del personal jurisdiccional, incluyendo jueces y magistrados. Habrá que poner mucha atención a los perfiles que queden adscritos a los penales de Almoloya, de Puente Grande y a los otros distritos prioritarios para el crimen organizado.
