La difícil batalla judicial de un pequeño pueblo de la sierra de Madrid para intentar cobrar 1,2 millones en impuestos a Defensa y la NASA Infobae
Marzo de 2022. El rey Felipe VI inauguraba una nueva antena, bautizada DSS53, en el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo (MDSCC) que la NASA norteamericana y el ministerio de Defensa español gestionan en la pequeña localidad madrileña de Robledo de Chavela, en la sierra oeste. La antena es todo un gigante de 400 toneladas, un diámetro de 34 metros y un disco cuya estructura está formada por 348 paneles. Instalarla llevó casi cinco años de obras.
La antena, la sexta con la que cuenta este complejo, sirve desde entonces para dar soporte a las comunicaciones de las naves interplanetarias que la NASA lanza al espacio, como por ejemplo a Marte. También es necesaria para dar apoyo al resto de la red de antenas, ya de por sí sobrecargadas por el imparable aumento de tráfico en el espacio. No hay que olvidar que las instalaciones de Robledo de Chavela formaron parte del sistema que ayudó a monitorizar la llegada del hombre a la luna en 1969. Todo un hito.
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Pero la ciencia ha chocado con la burocracia. Porque el Ayuntamiento de Robledo de Chavela (4.700 vecinos) reclama desde entonces un tributo municipal, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). “Tuvimos que conceder tres licencias para realizar los trabajos, una para el montaje del pedestal de la antena, otra para el montaje de la misma y otra para la urbanización de la zona”, explica Fernando Casado a Infobae España, el actual alcalde de Robledo, de UPPR, un partido local. En total, las cantidades adeudadas suman 1,26 millones de euros. ¿Quién los tiene que pagar? “La verdad es que no lo sé”, se sincera el regidor. Porque el demandado en los tribunales es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terrada (INTA), dependiente del ministerio de Defensa, aunque las antenas las gestiona la NASA. “Nos da igual quién pague, mientras alguien pague”, señala.
Porque el tema terminó en los tribunales. Robledo giró los recibos de los tributos y el INTA recurrió ante juzgados de lo contencioso-administrativo. Esta entidad estatal argumentó que estaba exenta de cualquier liquidación tributaria porque así lo regulaba un acuerdo de Cooperación Científica firmado en marzo de 2003 entre España y EEUU para que la NASA pudiese trabajar en estas instalaciones. Por contra, el Ayuntamiento de Robledo alegó que, según ese acuerdo internacional, “la exoneración de impuestos solo se aplica sobre los contratos de suministro y servicios, pero no sobre los contratos de obras”, señala el regidor Casado.
¿Qué dice ese acuerdo? Textualmente que “el Gobierno de España, previa petición, adoptará las medidas necesarias para facilitar la entrada de material, equipo, suministros, mercancías u otros bienes proporcionados por el Gobierno de los Estados Unidos para los fines específicos del presente acuerdo (....) La importación de bienes para su uso exclusivo en los fines específicos del presente acuerdo estará exenta de todo impuesto, derecho o cualquier otro gravamen de conformidad con la legislación vigente”. También señala que “el Gobierno de España adoptará las medidas oportunas para exonerar a la NASA de todo impuesto, derecho o gravamen relativo a la propiedad o el comercio de bienes o relativo a cualquier participación en bienes utilizados para cualquier actividad relacionada con el presente acuerdo”.
Robledo insiste en que esta exención tributaria se refiere a contratos de suministros y servicios, no de obras. “Esta instalación ya está exenta de otro tributo municipal, como el IBI. Todo esto es injusto. El Estado español nos debería compensar. ¿Cómo es posible que un acuerdo internacional perjudique los intereses de una corporación municipal. Nuestro presupuesto anual no llega a siete millones. Que nos deban 1,2 millones es mucho dinero”, sentencia Casado. En primera instancia, un juzgado de Madrid desestimó parcialmente el recurso del INTA al considerar la exención de impuestos no se aplica para los contratos de obras. Pero el INTA recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que terminó fallando en febrero de 2024 contra el Consistorio. Pero en Robledo no se rinden y han presentado tres recursos de casación (uno por cada liquidación tributaria que se debe) ante el Tribunal Supremo, recursos que han sido admitidos. La última palabra, por tanto, la tiene el Alto Tribunal. “Somos optimistas”, explican desde Robledo. De momento, la antena sigue vigilando el espacio.
