Jorge Macri y Axel Kicillof, los dos casos paradigmáticos del ajuste fiscal que lleva adelante Javier Milei Infobae

Dos denuncias por incumplimiento del fallo y cinco pedidos de embargo de las cuentas del Nación realizados por la Procuración porteña, y por ahora nada. En la Jefatura de Gobierno, a cargo de Jorge Macri, empezaron a impacientarse. Hasta estas horas, a pesar de una serie de promesas, no había noticias por parte de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda por el incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema el 21 de diciembre pasado, en la que le ordenó al Gobierno la restitución del 2,95% de los fondos coparticipables tras el recorte propinado por Alberto Fernández en septiembre del 2020, en plena pandemia, que bajó ese porcentaje al 1,4% y que llevó a CABA a presentarse en el máximo tribunal.

“Hay compromiso de resolver el tema y empezar a pagar. Hay una reunión prevista con (Luis) Caputo en las próximas semanas”, aseguraron el fin de semana desde Uspallata, la sede del gobierno porteño, después de que se cumplieran casi tres meses del fallo de la Corte. “Los equipos técnicos de ambos funcionarios están en contacto permanente”, respondieron, por su parte, voceros del ministro de Economía. No confirmaron, sin embargo, si existe la decisión inminente de acatar el fallo.

Se trata, en rigor, de una ámbito de intercambio de información que involucra, entre otros funcionarios, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, y que no tuvo resultados significativos por la voluntad política, y económica, del gobierno libertario de no acatar la sentencia. Al menos por ahora. Bajo el pretexto de uno de los principales slogans libertario: “No hay plata”.

A Macri, ese limbo judicial y económico le resulta incómodo porque, en lo político, está comprometido, como la mayoría del PRO, en la sostenibilidad política del proyecto de Javier Milei, además de las afinidades ideológicas. Por la debilidad de origen del gobierno libertario, el jefe de Gobierno no puede protestar públicamente con la vehemencia que quisiera por la decisión del presidente de prolongar durante casi tres meses el no acatamiento del fallo del máximo tribunal.

Apenas asumió la Presidencia, Mauricio Macri firmó el decreto 194 del 2016 por el que aumentó los fondos coparticipables correspondientes a la Ciudad hasta llevarlos al 3,75%, por el traspaso de la Policía Federal a la administración porteña. El porcentaje después bajó al 2,95%, y volvió al 1,4% anterior con la poda de Fernández, que le cedió ese monto a la gestión de Axel Kicillof. Por esa movida, Horacio Rodríguez Larreta, a cargo entonces de la Jefatura de Gobierno, se presentó en la Corte con dos reclamos: para resolver la urgencia, es decir el goteo diario de fondos, y el fondo de la cuestión.

En la Ciudad están cada vez más impacientes porque a la decisión de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda de no acatar lo resuelto por el máximo tribunal -todavía debe expedirse por el reclamo que realizó la administración porteña, que pretende recuperar el 3,75% de la masa coparticipable y no el 2,95%, como resolvieron los jueces por unanimidad- se le suman las consecuencias de la crisis económica, que golpea a la administración de Macri como al resto del país.

El 70% de los ingresos porteños proviene de Ingresos Brutos, y el freno de la actividad económica y la caída en el consumo empezó a impactar de manera directa en ese impuesto, según fuentes oficiales. Además, la Ciudad había implementado un impuesto a las Leliqs para paliar la rebaja de los fondos coparticipables que, por el plan instrumentado por “Toto” Caputo para desarmar esos instrumentos financieros, ahora se vio afectado.

Actualmente, del goteo diario de fondos que la gestión macrista recibe del Banco Nación equivale a $1.600 millones, correspondientes al 1,4% de la coparticipación. Ese monto debería ascender a $3.500 millones, según el fallo. Por su parte, la deuda reclamada por el acumulado desde el recorte orquestado por el gobierno de Fernández gira en torno a los $500.000 millones. Es decir, unos 5.000 millones de dólares.

Más allá de la reunión que mantuvieron en su momento Caputo y el propio jefe de Gobierno en los primeros días de enero, en el despacho del ministro de Economía, no hubo después grandes novedades. En los últimos días, por caso, el ex ministro de Mauricio Macri evadió algunos mensajes de destacados funcionarios de la administración porteña. Las próximas semanas, dicen, serán cruciales en ese sentido. En la Ciudad creen que el cumplimiento judicial de nación por el fallo de la Corte no puede demorarse más allá de abril.

Lo cierto es que, más allá del incumplimiento, Macri mantiene abiertas conversaciones con la Casa Rosada: habla cada tanto con el Presidente y poco más de una semana atrás se vio a solas con Karina Milei, un encuentro de unos 90 minutos que el jefe de Gobierno buscó para empezar a tener un acercamiento con la cada vez más influyente secretaria General de la Presidencia. Días antes, la hermana del jefe de Estado había recibido en Olivos al ex presidente Macri en compañía del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Son relaciones que, según fuentes del gabinete porteño, todavía no redundaron en resoluciones concretas: en la Ciudad reina una creciente incertidumbre por el sistema de toma de decisiones implementado por Milei y por la falta de ejecución de las políticas públicas.

El caso del gobernador bonaerense, sin embargo, es mucho más acuciante. Favorecido durante la gestión de Fernández por una fabulosa transferencia de recursos, Kicillof está desde diciembre último frente a una coyuntura inédita: debe administrar la escasez presupuestaria y los constantes recortes del gobierno nacional.

Este lunes, el gobernador ofreció una respuesta durísima en conferencia de prensa a la “rebelión fiscal” impulsada por el jefe de Estado -el primero en promocionarla fue el diputado José Luis Espert-, por los elevadísimos aumentos de impuestos en territorio bonaerense a los que Milei calificó de “expropiatorios”. Kicillof dijo que el mandatario fomentaba el “narco capitalismo” y que llevaba adelante un “plan económico criminal”, y sentenció: “No soy psicólogo, pero hay que ponerle freno a este desquicio”.

La situación en la provincia de Buenos Aires, según la gobernación, es alarmante: dicen que la deuda de Nación asciende a los $120 millones. Desde el Fondo de Incentivo Docente hasta partidas para alimentos de comedores escolares, cajas de jubilaciones no transferidas y la poda del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Kicillof denunció también en conferencia hace algunas semanas y cuyos fondos provenían, en parte, de lo recortado a la Ciudad en el 2020.

Ese día, se hicieron además cinco presentaciones administrativas por la quita de fondos de cinco ministerios: Hacienda, Educación, Desarrollo social, Transporte y Justicia. Hay carteras paralizadas, que aún no saben con qué presupuesto cuentan para este año.

En ese contexto, hasta el discurso del 1 de marzo de apertura de sesiones ordinarias, Kicillof había mantenido una postura prudente frente al gobierno nacional. No querían, según abundaron entonces desde La Plata, tener la centralidad de la resistencia al proyecto libertario, frente a un sector importante de la opinión pública que avalaba, y aún lo hace, la gestión de gobierno.

Después del discurso de Milei en el Congreso, y tras la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, el gobernador bonaerense redobló sus críticas a la Casa Rosada. Y la disputa entre Kicillof y el presidente se agudizó al máximo. En medio de la discusión de la nueva Ley de Bases, mucho más acotada. Un proyecto con el que el jefe de Estado no cuenta con la adhesión del kirchnerismo. Sí con los diputados del PRO. Incluso con los de la Ciudad que esperan, como la administración macrista, un gesto urgente por parte de la Casa Rosada por la coparticipación.