Junta de Andalucía pedirá al Gobierno declarar "profesión de riesgo" a los agentes que luchan contra el narcotráfico Infobae
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que el Consejo de Gobierno andaluz abordará un acuerdo para reclamar al Ejecutivo nacional que se declare "profesión riesgo" la de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dedican a la lucha contra el narcotráfico en la comunidad autónoma.
Durante su participación en el foro #ElCorreoPregunta, organizado por "El Correo de Andalucía", en Sevilla, Sanz ha mostrado su preocupación por que, tras más de un año del terrible suceso de Barbate (Cádiz), en el que murieron dos guardias civiles embestidos por una narcolancha, "nada ha cambiado y el Gobierno de la nación esto no se lo ha tomado en serio".
"La sensación que tienen los cuerpos de seguridad es de abandono", ha indicado Sanz, para quien es fundamental apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Servicio de Vigilancia aduanera y a los funcionarios de prisiones. "No vale presumir de si hay más narcotráfico o menos narcotráfico, porque hoy el narcotráfico actúa como si fuera la guerrilla, y usa armamento de guerra y medios que están a años luz de los que tienen nuestros cuerpos de seguridad", ha indicado.
Para Sanz, "no podemos conformarnos con que el estado de derechos esté en cuestión permanentemente y a diario en nuestras costas y en el río Guadalquivir, y que el principio de autoridad esté en entredicho, lo que se basa principalmente en la falta de medios y en la inseguridad en la actuación de nuestros profesionales".
En este sentido, el Consejo de Gobierno adoptará un acuerdo para instar al Gobierno central al "reconocimiento de profesión de riesgo" la de los agentes que se dedican a combatir a diario el narcotráfico que azota a varias zonas de la comunidad.
Ha indicado que también se solicitará "mayor protección en su actuación de los cuerpos de seguridad", porque "hoy, para un guardia civil, sacar su arma reglamentaria es un factor de riesgo absoluto".
"La inseguridad que un policía o un guardia civil tiene para reaccionar ante un kalashnikov, que es lo que usan los narcotraficantes, es que si sacas tu pistola o si sacas tu arma reglamentaria, te has jugado la vida para siempre", ha expuesto, añadiendo que "si se te ocurre disparar, entonces, peor, porque si encima tiene resultado, estás en procesos judiciales durante años y años y años y tu vida se te acabó profesional y personalmente".
Ante esto, ha insistido en que hay que "modificar las normas para otorgar seguridad jurídica a nuestros profesionales" para que se puedan defender ante los narcotraficantes.
Esto tiene que conllevar, según Sanz, modificaciones normativas para otorgar seguridad jurídica a los agentes y que, entre otras cosas, las agresiones a los cuerpos de seguridad sean consideradas como "delito europeo", esto es, "eurodelito".
Ha señalado además que los tribunales de instancia y la Audiencia Nacional deberían hacerse cargo de los grandes asuntos de narcotráfico "para proteger blindar a las autoridades judiciales de la zona que sienten la amenaza".
Según Sanz, los niños de los narcotraficantes "van a las mismas escuelas y a los mismos cumpleaños que los niños de los guardias civiles o de los jueces". Ha agregado que los niños de los guardias civiles, cuando van a determinados cumpleaños, se encuentran "una tarta en la que los guardias civiles están en el agua y los narcotraficantes están en las lanchas".
Ha señalado que la apuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es muy clara, o el Gobierno central "actúa" o el Ejecutivo andaluz "va a por todas", porque "tenemos que recuperar el principio de autoridad, tenemos que garantizar el Estado de derecho, y tenemos que otorgar seguridad jurídica a nuestros profesionales de la seguridad".
Antonio Sanz ha agregado que el debate "no son tres lanchas, sino que el debate es la desprotección y la inseguridad que tienen hoy nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", y eso requiere la declaración de "profesión de riesgo" y la declaración de zona de especial singularidad de la provincia de Cádiz.
