Crece el conflicto interno del Cártel de Sinaloa El Sur de Acapulco
DE NORTE A SUR
Silber Meza
El 9 de enero pasado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, soltó una afirmación temeraria sobre Sinaloa: “Hoy se puede observar una contención en la escalada de homicidios”.
Ese día, en esa conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el también representante del gabinete de seguridad lanzó cifras halagüeñas que respaldaban su optimismo: aseguramiento de 1.1 toneladas de fentanilo, detención de 550 integrantes de células delictivas –43 de ellos objetivos prioritarios–, activación de filtros carreteros, 400 vehículos asegurados y más de 600 armas y un centenar de granadas decomisadas.
Los datos de entonces eran impresionantes comparados con la casi nula actuación en seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cifras que se han seguido abultando y, ahora, casi todo se cuenta por miles: miles de detenidos, miles de armas decomisadas, miles de labora-torios clandestinos; pero también, miles de desaparecidos y miles de autos robados.
A la distancia, la afirmación de García Harfuch parece una mala broma, un comentario inocente o un mal cálculo de la crisis de violencia. Lo he dicho: sí lo intentan, pero tras ocho meses de híper violencia el conflicto no cesa, no amaina; al contrario: se potencia.
Lo sucedido el miércoles 21 de mayo en el penal de Aguaruto, Culiacán, es la más reciente prueba de que la autoridad está rebasada. Los penales, como usted seguramente sabe, son el espejo de lo que pasa en las calles de una ciudad o de un estado. Entre criminales le llaman “la escuela”. Muy lejos del verdadero objetivo de un centro de reclusión adecuado, que es el de pagar una condena y, al mismo tiempo, lograr que el interno pueda mejorar el rumbo de su vida y reinsertarse legal y legítimamente en la sociedad.
Los primeros reportes sucedieron al mediodía. Videos de una balacera al interior de la penitenciaría circularon como llamarada entre los whatsapp de los sinaloenses. Después más videos, pero ahora de policías disparando sin objetivo reconocible. El enfrentamiento duró poco menos de una hora, y durante 10 horas el gobierno no dio información de lo que allí había sucedido. Lo único que informó, a través de redes sociales, es que en cuestión de minutos lograron contener el enfrentamiento entre reos y que no había ni muertos ni heridos. La declaración oficial levantó las sospechas de los periodistas que se hallaban apersonados a las afueras de la peni. Y es que a ellos les habían confirmado diversas fuentes que había entre 20 y 30 muertos; incluso hubo medios informativos que confirmaron el deceso de “al menos 10” reclusos.
Más tarde, la autoridad soltó una impactante lista de armamento decomisado en el penal que los reos tenían en su poder: cinco armas largas tipo AK-47, cinco armas tipo AR-15, una subametralladora P90, 11 pistolas calibre 9 mm, una granada de mano, tres artefactos explosivos improvisados, entre otros.
Además, un túnel de aproximadamente cinco metros de profundidad y 15 de longitud que nadie había visto. Lo más extraño de esto es que el gobierno había revisado este penal en al menos tres ocasiones y nunca había hallado ese nivel de armamento.
El jueves 22 de mayo empezó a circular un video de un presunto preso herido al interior, video que tomaron sus mismos compañeros y la autoridad, después de la negación sistemática durante dos días, tuvo que reconocer que sí había un herido.
El penal, insisto, es un reflejo de lo que sucede en las calles.
No es aventurado creer que adentro se vive una guerra similar a la que sucede en Culiacán y casi todo Sinaloa. Los penales del estado, y de buena parte de México, están controlados, en “autogobierno”, por los grupos delictivos del crimen organizado.
Los penales no sólo son una “escuela” donde los criminales hacen alianzas y contactos: son un gran negocio, un sitio con el que financian estructuras. Cobran cuotas por la entrada de celulares y armas, por depósitos bancarios, por protección, por internet, etcétera. De cada entrada de dinero hay un reparto económico a las autoridades. Es un negociazo para todas las partes de cientos de miles de pesos al mes, si no de millones.
Hoy en Culiacán se disputan el control del penal las mismas facciones que afuera no paran la batalla. El que gane habrá dado un paso más en la guerra fratricida que se vive dentro del Cártel de Sinaloa.
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