CDMX marca diferencias contra desapariciones Excelsior

La estrategia de la CDMX contra la actitud elusiva de “desaparecer a los desaparecidos” es de las acciones más alentadoras en el páramo del compromiso de las autoridades con las víctimas.
Sus planes podrían abrir brecha en un camino de desolación que genera el fracaso de la justicia para atajar una crisis de la que nadie tiene una agenda mínima para salir.
Los esfuerzos del gobierno de Clara Brugada tienen el doble mérito de no abdicar de la responsabilidad de buscar y localizar a los desaparecidos, y de escuchar a las víctimas.
La atención de este crimen de lesa humanidad es obligatoria para cualquier Estado, aunque los últimos gobiernos nacionales y estatales relegaron la tarea en los colectivos de buscadores, sin mínimas condiciones ni recursos para suplir su inacción.
Aun así, se les debe el hallazgo de las mayores fosas clandestinas y la identificación de esas zonas grises entre el Estado y el crimen donde se pierde el rastro de sus familiares y las desapariciones se convierten en forzadas.
Por el silenciamiento de la crisis, las víctimas rechazan informes como el del fiscal Gertz sobre Teuchitlán de una investigación plagada de irregularidades, que deja a los desaparecidos en el limbo y a ellas desautorizadas con una velada acusación de mentir.
Por el contrario, uno de los valores de la estrategia de la CDMX es que podría sentar un precedente respecto a la negligencia de otros estados desinteresados o interesados en no saber a dónde han ido a parar más de 120,000 personas desaparecidas en el país.
En ese terreno yermo, raso y desabrigado no es poca cosa ser de los primeros en proponerse una agenda de acciones concretas de justicia y seguridad, que los colectivos exigen desde hace años, comenzando por ser reconocidos y tomados en cuenta.
Si bien su demanda comienza a tener eco también en el gobierno de Sheinbaum con la apertura al diálogo para analizar su reforma a la ley de desapariciones, el reconocimiento no basta.
Pero el cambio de actitud respecto a la negación de sus antecesores choca con la persistencia de estrategias que aíslan y reducen la problemática a una acción del crimen, cuando hasta el fiscal Gertz sabe que casos como Teuchitlán no pueden explicarse sin complicidades de autoridades.
Por ello, cumplir su compromiso con las víctimas será imposible con investigaciones fallidas y políticas sin contenido, reactivas y desarticuladas, que exhiben la impotencia de la justicia.
En contraste, la estrategia de la CDMX trata de diferenciarse con ejes de acción concretos para la búsqueda de las más de 4,000 personas desparecidas en la capital desde 2019.
La primera, y quizá más importante, es el trabajo coordinado de los responsables de seguridad y justicia en una “ventanilla única” para recibir los reportes.
Es un añejo reclamo de las víctimas para evitar la dispersión de esfuerzos y laberintos burocráticos que paralizan la búsqueda; junto con la concentración de las instancias que intervienen en la indagatoria en un mismo edificio para gestionar las denuncias.
Y la segunda, derivada de la anterior, diferenciar estrategias para desapariciones de larga data y las inmediatas; esto es clave para poder desatar acciones antes de las 72 horas del reporte por ser momentos vitales para la oportunidad de localización.
Además de crear un centro para resguardar cuerpos sin identificar antes de enviar a fosas comunes, como sucede en estados sumidos en crisis forenses.
Y algo vital para cualquier política pública, presupuesto.
El trabajo conjunto es un primer paso en la dirección correcta, pero insuficiente para transitar el piso de indignación y resentimiento por desapariciones de larga data sin que nada haya pasado para cambiar esa historia en las últimas décadas.
El constante fracaso de investigaciones en Ayotzinapa o la molestia de informes actuales sin aportaciones importantes para esclarecer sucesos terroríficos como Teuchitlán abonan a la decepción.
Tanto como al temor de los colectivos de búsqueda de ser blanco de ataques y crímenes atroces de madres buscadoras y defensores de derechos humanos, como los que hoy enlutan a los colectivos tras el hallazgo del rancho del horror.
Sin la hipótesis de su trabajo no se puede explicar el asesinato de María de Carmen Morales y uno de sus cuatro hijos tras más de un año de buscar a otro con Guerreros Buscadores de Jalisco o, tres semanas antes, el de Teresa González Murillo, que se suman a una treintena de madres asesinadas desde 2010.
  Columnista: José Buendía HegewischImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0