La nueva defensa de Trump para violar las órdenes migratorias: ‘otra agencia lo hizo’ Forbes

Forbes México.
La nueva defensa de Trump para violar las órdenes migratorias: ‘otra agencia lo hizo’

El gobierno de Trump ofreció el miércoles la última de una serie de excusas sobre por qué ha deportado inmigrantes a pesar de las órdenes judiciales que le dicen al gobierno que no lo haga, alegando que no violó un fallo reciente que le prohíbe deportar a algunos migrantes porque una agencia diferente, no nombrada en la demanda, realizó los vuelos de deportación.

Datos clave

El gobierno de Trump presentó el miércoles un expediente judicial admitiendo que varios migrantes fueron deportados a El Salvador a pesar de una orden judicial que prohibía al Departamento de Seguridad Nacional y a cualquier persona asociada con él deportar a los migrantes a “terceros países”, es decir, lugares distintos de Estados Unidos o de donde emigraron inicialmente, sin notificar primero a los inmigrantes y darles la oportunidad de impugnar su deportación en los tribunales.

Pero la Casa Blanca argumenta que “no violó” la orden porque fueron deportados por el Departamento de Defensa, que no es acusado en el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional “no ordenó” al Departamento de Defensa que expulsara a los migrantes, y estos fueron expulsados en vuelos que no tenían personal de Seguridad Nacional a bordo, alegó la administración Trump, señalando que el Departamento de Defensa no es parte en la demanda.

La orden judicial se aplica al Departamento de Seguridad Nacional “y a todos sus funcionarios, agentes, servidores, empleados, abogados, sucesores, cesionarios y personas que actúen en concierto o participación con ellos”.

Trina Realmuto, una de las abogadas que representa a los demandantes en el caso, dijo a Forbes que la presentación “demuestra que el Departamento de Seguridad Nacional ha violado claramente la orden del tribunal de distrito” y calificó la participación del Departamento de Defensa en las deportaciones de “profundamente preocupante”

Crítico principal

“Esperamos que el tribunal pida cuentas al gobierno por violar claramente una orden judicial”, dijo Realmuto a Forbes en un correo electrónico el jueves.

A qué prestar atención

Queda por ver si el juez Brian Murphy, quien preside el caso, aceptará el argumento de la administración Trump de que no violó su orden porque una agencia diferente fue responsable de llevar a cabo las deportaciones. Si no lo hace, el caso podría convertirse en uno de varios en los que la administración ahora enfrenta la posibilidad de consecuencias por desafiar las órdenes judiciales , después de que el juez James Boasberg dictaminara en abril que es probable que la administración Trump cometiera desacato criminal al violar una orden de no deportar personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. (La administración Trump niega cualquier irregularidad). Los abogados de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland deportado a El Salvador, lo que la administración Trump admitió que fue por error, también han pedido que los funcionarios del gobierno sean declarados en desacato por no facilitar su regreso a los EE. UU., aunque la jueza Paula Xinis aún no se ha pronunciado sobre el tema.

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¿Podrían ser castigados los funcionarios de Trump por violar órdenes judiciales?

Si Murphy, o cualquier otro juez, encuentra que hay evidencia de que la administración Trump violó deliberadamente una orden judicial, podrían optar por declarar a los funcionarios en desacato civil o penal . El desacato civil significaría que el juez podría emitir castigos para obligar a los funcionarios a cumplir con la orden, como encarcelarlos o imponer multas hasta que un migrante sea devuelto a los EE. UU. El desacato penal significaría que el tribunal presenta cargos penales contra los funcionarios y los procesa por violar una orden judicial. Eso también sería castigado con multas y/o prisión, aunque los expertos legales dijeron a Forbes que el presidente Donald Trump probablemente podría indultar a cualquier persona condenada por desacato.

Antecedentes clave

Los demócratas y los expertos legales han advertido durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que la administración Trump pueda desafiar las órdenes judiciales en su contra, ya que Trump y altos funcionarios han criticado a los jueces que bloquean las políticas de la administración y argumentado que no pueden limitar la agenda del presidente. El vicepresidente J.D. Vance sugirió en febrero que los jueces “no pueden controlar el poder del ejecutivo”, por ejemplo, mientras que el asesor Stephen Miller se quejó a Fox News el miércoles por “permitir que un poder judicial de izquierda radical y rebelde cierre la maquinaria de nuestro aparato de seguridad nacional” y dijo que Trump llevaría a cabo su agenda de inmigración “a pesar de la lucha y la oposición de los jueces comunistas de izquierda”. Las deportaciones de migrantes por parte de la administración Trump a una prisión en El Salvador han aumentado esos temores, ya que la administración deportó a más de 200 personas a El Salvador después de la orden de Boasberg que les ordenaba no hacerlo, y ha mantenido a García en El Salvador a pesar de que la Corte Suprema ordenó al gobierno que “facilite” su deportación. El gobierno de Trump, por su parte, ha negado haber violado intencionalmente una sentencia judicial, alegando que los vuelos a El Salvador en el caso de Boasberg salieron del espacio aéreo estadounidense antes de la emisión del fallo del juez. El gobierno también ha alegado que no puede devolver a García porque ahora está bajo la autoridad de El Salvador. El uso del Departamento de Defensa por parte del gobierno de Trump para evadir la orden judicial también se produce en un momento en que Trump ha recurrido cada vez más al ejército para impulsar su ambicioso plan de deportaciones masivas, incluyendo el uso del Departamento de Defensa para realizar vuelos de deportación y el envío de tropas a la frontera sur.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

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Alison Durkee