Un informe pide priorizar la protección del océano y apostar por una moratoria a la minería submarina Infobae
Redacción Medioambiente, 23 abr (EFE).- Un nuevo informe prioriza la protección de los fondos marinos, los conocimientos científicos, la cooperación internacional y el beneficio global a largo plazo sobre la explotación industrial inmediata y analiza las grandes oportunidades que supone aprobar una moratoria o pausa cautelar a la minería en las profundidades del océano.
El informe elaborado por la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (DSCC, por sus siglas en inglés), formada por más de 130 entidades, enumera las "grandes oportunidades" que suponen para la humanidad y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (International Sea Authority, ISA) la aprobación de una moratoria a la minería.
El informe se ha publicado pocos días antes de la 10ª edición de la conferencia 'Nuestro Océano' que se celebrará del 28 al 30 de abril en Busan (Corea del Sur), de la Conferencia sobre el Océano de Naciones Unidas, del 9 al 13 de junio en Niza (Francia) y antes de la siguiente ronda de negociaciones de la ISA, en julio próximo, en Kingston (Jamaica).
La "creciente presión" de las empresas mineras para iniciar la minería en los fondos marinos, amenaza "el patrimonio común de la humanidad" que "corre el riesgo" de convertirse en un foco de explotación industrial, amenazando además con "erosionar la gobernanza mundial de los océanos", señalan desde DSCC, fundada en 2004 en respuesta a la preocupación internacional por la pesca de arrastre.
El estudio brinda una "poderosa alternativa" al ofrecer que se dé prioridad a la protección de los fondos marinos, la ciencia, la cooperación internacional y el beneficio global a largo plazo sobre la explotación industrial a corto plazo.
Presenta cuatro documentos en los que expertos en el océano examinan las oportunidades y beneficios de una moratoria en cuatro ámbitos clave: gobernanza mundial de los océanos, ciencia e investigación de los fondos marinos, creación de capacidad y transferencia de tecnología y desarrollo económico sostenible.
"Ha llegado el momento de salvaguardar los fondos marinos, patrimonio común de la humanidad", señala la directora de Campañas de la DSCC, Sofia Tsenikli, porque los estados miembros de la ISA tienen "el mandato, la autoridad y la oportunidad de liderar una pausa" a la minería de los fondos marinos y reposicionar a la entidad como "administradora global de la resiliencia, el conocimiento y la equidad del océano en una era de crisis medioambiental planetaria".
El documento pide la creación de equipos científicos diversos y de ámbito mundial para mejorar la investigación marina; avanzar en la aplicación de la moratoria a la minería, cumpliendo al mismo tiempo con los compromisos mundiales, incluido el Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).
También aboga por respetar las obligaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), reducir las lagunas de conocimientos sobre la biodiversidad marina, los procesos oceánicos vitales del cambio climático y el impacto humano y garantizar un reparto justo y equitativo de los recursos y beneficios oceánicos.
Además, promover una economía azul sostenible y la salud de los océanos para las generaciones futuras, avanzar en el descubrimiento de recursos genéricos marinos que pueden tener beneficios para usos sanitarios o empoderar a los pueblos indígenas y a otros poseedores de conocimientos en la toma de decisiones sobre los océanos.
El experto en gobernanza del océano, Pradeep Singh, de la Fundación Océno Azul, sostiene por su parte que la ISA "tiene la profunda responsabilidad de actuar como fideicomisaria del patrimonio común de la humanidad, protegiendo los fondos marinos no sólo para obtener beneficios económicos, sino por su capital natural que servirá a las generaciones presentes y futuras durante años".
En su opinión, una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos "es un paso necesario" para garantizar la existencia de suficientes salvaguardias y mecanismos de control antes de que pueda siquiera plantearse cualquier actividad minera".
