Por qué Harvard decidió luchar contra Trump Milenio

DOMINGA.
– El gobierno de Estados Unidos congelará más de 2 mil millones de dólares en fondos federales porque Harvard se negó a cumplir una lista de exigencias.
Las autoridades de la universidad consideraron que valía la pena el riesgo.
A finales de la semana pasada, los dirigentes de la Universidad de Harvard intentaban descifrar qué quería el gobierno de Donald Trump que la institución hiciera para combatir el antisemitismo.
El gobierno había planteado algunas órdenes directas, como exigir a la universidad que prohibiera las máscaras, que suelen ser muy utilizadas por los manifestantes.
Pero otras demandas parecían vagas.
Entonces, a última hora de la noche del viernes, el gobierno federal envió a Harvard un bombardeo de cinco páginas con nuevas exigencias que remodelarían el funcionamiento de la escuela, las admisiones, la contratación, el profesorado y la vida estudiantil.
Harvard tardó menos de 72 horas en decir que no.
Esta decisión es el desafío más manifiesto de una universidad desde que el presidente Trump empezó a presionar a la enseñanza superior para que se ajuste a sus prioridades políticas.
Se produjo después de que los dirigentes de Harvard, durante intensos debates el fin de semana, determinaran que las propuestas del gobierno representaban una profunda amenaza para la independencia y la misión de esta universidad de 388 años de antigüedad.
Harvard dispone de una extraordinaria capacidad financiera y política para enfrentarse a Washington.
Y los dirigentes de la universidad vieron cómo la Universidad de Columbia se tambaleaba, a medida que el gobierno de Trump planteaba más exigencias, incluso después de que la institución cediera.
Harvard lucharía.
La alternativa parecía mucho peor.
“Ningún gobierno —independientemente del partido que esté en el poder— debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, escribió el lunes el rector de Harvard, Alan M.
Garber, en una carta abierta.
Este relato se basa en correspondencia entre Harvard y el gobierno, declaraciones públicas y entrevistas con funcionarios del gobierno de Trump, gente de Harvard y observadores cercanos de la universidad.
Harvard se negó a que Garber conceda una entrevista.
En respuesta a su anuncio, el gobierno rápidamente tomó represalias y congeló más de 2200 millones de dólares de fondos federales.
Casi 7 mil millones de dólares más siguen en peligro, incluido el dinero destinado a los hospitales afiliados a Harvard.
Y el martes, Trump —quien ha elegido como blanco especial a las universidades de élite, acusadas desde hace tiempo por los conservadores de inclinarse hacia la izquierda— amenazó la exención fiscal de Harvard.
Incluso para la universidad más rica del mundo, que tiene un fondo de dotación de unos 53 mil millones de dólares, una congelación prolongada supondría un profundo recorte en laboratorios, departamentos e incluso aulas.
Pero las autoridades de Harvard optaron por valorar su reputación, independencia y legado, apostando a que la institución podría sobrevivir a la cruzada de Trump.
“Esto es lo que Joe McCarthy intentaba hacer multiplicado por diez o por cien”, dijo Lawrence H.
Summers, exrector de Harvard, y añadió que “va directamente en contra del papel de la universidad en una sociedad libre”.
‘La universidad no se rendirá’Las primeras frases de la carta del gobierno de Trump del viernes eran civilizadas pero frustradas.
Tres funcionarios federales escribieron que Harvard “no había cumplido las condiciones intelectuales y de derechos civiles que justifican la inversión federal”.
Los funcionarios —uno del Departamento de Educación, otro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y otro de la Administración General de Servicios— dijeron a Garber que “agradecerían” su “colaboración para que la universidad vuelva a cumplir sus promesas”.
Si Harvard aceptaba sus condiciones, escribieron los funcionarios, podrían empezar a trabajar en un “acuerdo de resolución más exhaustivo y vinculante”.
La carta llegó después de que Harvard pidiera aclaraciones sobre la, en comparación, anodina lista de propuestas que el gobierno había compartido ocho días antes.
Lo que llegó a Cambridge el viernes por la noche fue mucho más que una explicación.
Los amables párrafos iniciales dieron paso a una serie de exigencias tan amplias e intrusivas que dejaron atónitos a los dirigentes de Harvard, quienes hasta hacía poco se habían mostrado dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno.
El gobierno dijo que quería reducir el poder del profesorado de Harvard y exigió que la universidad adoptara políticas de admisión y contratación “basadas en el mérito”.
El gobierno de Trump quería auditar los datos de la universidad y pretendía cambios en la “contratación, selección y admisión de estudiantes internacionales”.
El gobierno también insistió en que Harvard llevara a cabo una revisión de la “diversidad de puntos de vista”.
El gobierno quería que Harvard “cerrara inmediatamente” cualquier programa relacionado con la diversidad, la equidad y la inclusión, y que contratara a una entidad externa para examinar “los programas y departamentos que más alimentan el acoso antisemita o reflejan la captura ideológica”.
Y el gobierno quería informes “al menos hasta finales de 2028” —más o menos cuando Trump abandone la Casa Blanca— sobre el cumplimiento de estas exigencias por parte de Harvard.
Los ultimátums parecían solo tangencialmente relacionados con la ambición declarada del gobierno de Trump de eliminar el antisemitismo en los campus.
Kenneth Marcus, jefe de derechos civiles del Departamento de Educación durante el primer mandato de Trump, dijo que las propuestas del gobierno iban “mucho más allá del antisemitismo y reflejan una preocupación cultural bastante más amplia dentro del movimiento conservador sobre lo que está podrido en la educación superior”.
Marcus, quien es presidente y director ejecutivo del Centro Louis D.
Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley, dijo que las exigencias eran un ataque a “la inclinación izquierdista que se cree que Harvard ejemplifica”.
Garber no enmarcó la respuesta de Harvard en una cuestión de izquierda o derecha.
En su carta de rechazo al gobierno, utilizó 12 palabras para resumir la postura de Harvard: “La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”.
Su anuncio sumió a Harvard en uno de los enfrentamientos más serios de su historia.
Steven Pinker, profesor de psicología y copresidente del Consejo de Libertad Académica de Harvard, dijo que era “casi inconcebible que el rector de una universidad hubiera accedido a esa lista de exigencias, porque en realidad estipulan el contenido de las creencias del profesorado y de los estudiantes admitidos”.
Pero aun así, se maravilló de la rapidez de la respuesta de Harvard.
Summers, exsecretario del Tesoro, más veterano en el combate político que la mayoría de los académicos, dijo que pensaba que “el extremismo de la carta de exigencias hizo que esta decisión fuera más fácil de lo que podría haber sido de otro modo”.
Si los funcionarios del gobierno buscaban una pelea, su táctica parece haber funcionado.
Pero como el propio gobierno de Trump no hizo pública la explosiva carta, Harvard tuvo tiempo de afinar un contraataque, que incluía un pulido sitio web en el que se describían sus contribuciones a la sociedad.
Fue un raro ejemplo de una universidad que eclipsó la campaña del gobierno de Trump, que a menudo se ha basado en la imprevisibilidad.
El estallido de resistencia de Harvard desató la sorpresa en toda la enseñanza superior, en parte porque no se preveía que se mostrara audaz frente a los ataques de Trump.
Cuando decenas de dirigentes universitarios participaron en una conferencia telefónica el domingo, según dos personas familiarizadas con el debate privado, no se mencionaron las nuevas exigencias del gobierno a Harvard, ni la próxima respuesta de la escuela.
La preparación para un enfrentamiento con la Casa BlancaEn los últimos meses, Harvard había adoptado un perfil notoriamente bajo y complaciente, hasta el punto de que muchos en el campus habían temido abiertamente que la universidad siguiera una senda de apaciguamiento al estilo de Columbia.
En marzo, Columbia accedió a una lista de exigencias del gobierno de Trump para recuperar 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales.
Pero el dinero no había empezado a fluir de nuevo.
En su lugar, ahora el gobierno sopesa la posibilidad de un decreto de consentimiento con la escuela, el cual facultaría a un juez federal para supervisar un acuerdo con la universidad y daría a la Casa Blanca influencia, potencialmente, durante años.
En el periodo previo a la toma de posesión de Trump, Harvard contrató a una poderosa empresa de cabildeo con estrechos vínculos con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
La universidad también adoptó una definición más estricta de antisemitismo que molestó a muchos defensores de la libertad de expresión.
Mientras el gobierno federal aumentaba la presión sobre Columbia y sus homólogos de élite, Harvard destituyó a dos dirigentes de su Centro de Estudios sobre Medio Oriente, interrumpió una asociación con una universidad palestina y acordó iniciar otra con una escuela israelí.
Harvard tampoco se encontraba entre las principales universidades que figuraban como demandantes en los recursos judiciales contra los cambios propuestos por el gobierno de Trump en las fórmulas de financiación para la investigación.
Aun así, la universidad había estado haciendo preparativos sutiles para un enfrentamiento con la Casa Blanca, algunos de ellos mucho antes del anuncio del gobierno, el 31 de marzo, de que revisaría unos 9,000 millones de dólares de la financiación de Harvard.
La universidad impuso una congelación de la contratación en marzo y ha intentado recaudar 1,200 millones de dólares en el mercado de bonos.
Harvard también sopesó ajustes en los pagos del fondo de dotación de 53,000 millones de dólares, al igual que había hecho durante la pandemia.
El desenlaceLos riesgos financieros para Harvard son enormes.
También tienen implicaciones para el resto del país, ya que el gobierno de Trump parece decidido a retirarse de la relación gobierno-universidad que ha florecido en Estados Unidos desde aproximadamente la Segunda Guerra Mundial.
Los detalles reales también siguen siendo confusos.
El gobierno de Trump no ha explicado a Harvard cómo ha llegado a los 2,200 millones de dólares que pretendía congelar.
Pero los funcionarios creen que la cifra podría ser la totalidad de los aproximadamente 650 millones de dólares que el gobierno federal proporciona anualmente a los investigadores de la universidad y la duración de cualquier contrato plurianual.
Harvard ya sentía las consecuencias el martes por la mañana.
La Escuela de Salud Pública TH Chan de la universidad confirmó que Sarah Fortune, especialista en enfermedades infecciosas, había recibido una orden de suspensión de trabajo.
La investigación de Fortune sobre la tuberculosis se financiaba mediante un contrato de 60 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud, en el que participaban Harvard y otras universidades de todo el país.
Los funcionarios federales no respondieron inmediatamente a los mensajes en los que se les preguntaba sobre sus comunicaciones con la universidad y los investigadores.
La dotación de Harvard puede ayudarle a evitar algunas de las consecuencias financieras.
Pero los dirigentes universitarios suelen mostrarse muy reacios a recurrir a estos fondos, preocupados por la posibilidad de detraer fondos que necesitarán en el futuro.
En Harvard, aproximadamente el 80 por ciento de sus fondos de dotación están limitados a fines específicos.
Aun así, en su informe financiero más reciente, Harvard dijo que había miles de millones de dólares a los que podía recurrir “en caso de una interrupción inesperada”.
La experiencia de Columbia en las últimas semanas dejó claro que cualquier camino que la universidad eligiera parecía tener la misma probabilidad de conducir a una continua agitación, y el trato actual del gobierno de Trump hacia la universidad de la Ivy League inquietó a las autoridades de Harvard, quienes temían que la Casa Blanca incumpliera cualquier acuerdo.
Lee Bollinger, quien fue rector de Columbia durante 21 años, dijo el martes que una estrategia de “negociación y conciliación no parece tener un punto final aceptable”.
Pinker tenía un sentimiento similar.
Dijo que creía que Harvard podría haber intentado negociar igual que Columbia, “si hubiera tenido la seguridad de que el gobierno negociaba de buena fe”.
El gobierno de Trump y algunos de sus aliados en el Capitolio han arremetido contra Harvard por su actitud desafiante.
El grupo de trabajo del gobierno que se ocupa de la disputa con Harvard, por ejemplo, dijo en un comunicado el lunes por la noche que la respuesta de la universidad reflejaba “la preocupante mentalidad de privilegio que es endémica en las universidades y facultades más prestigiosas de nuestro país: que la inversión federal no conlleva la responsabilidad de respetar las leyes de derechos civiles”.
Pero en muchos sectores, especialmente en los campus, la nueva firmeza de Harvard ha traído alivio.
Muchos temen que la pérdida de miles de millones en financiación de la investigación pueda poner en peligro puestos de trabajo, laboratorios y proyectos de larga duración.
Argumentan, sin embargo, que era imperativo que una universidad tan poderosa como Harvard defendiera sus principios.
Steven Levitsky, politólogo de Harvard que había estado instando a la universidad a adoptar una postura más dura contra Trump, leyó la carta de Garber ante una clase sobre autoritarismo y democracia.
“Parece que Harvard ha decidido que es hora de luchar”, dijo al empezar.
La sala, de unos 100 estudiantes, dijo, irrumpió en aplausos.
Lulu Garcia-Navarro y Miles J.
Herszenhorn colaboraron con reportería.
*Alan Blinder es corresponsal nacional del Times y cubre la educación.
*Anemona Hartocollis es corresponsal de la sección Nacional del Times y se enfoca en la educación superior.
*Vimal Patel escribe sobre educación superior, y se enfoca en la expresión y la cultura universitarias.
*Stephanie Saul es una reportera que cubre la educación superior, centrándose recientemente en los drásticos cambios en las admisiones a las universidades y el debate en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión en la enseñanza superior.