La SICT en Veracruz otorgó contrato a empresa fantasma que abandonó construcción de carretera | Especial Editorial Aristegui Noticias
Por Violeta Santiago y Flavia Morales / Quinto Elemento Lab y AVC Noticias
En menos de una década, el camino hacia la comunidad de Tomate Río Manso ha sido objeto de cuando menos cuatro contratos millonarios. Pero cuando se le pregunta a los pobladores de este lugar del sur de Veracruz sobre las condiciones de la vía, responden que la mitad del trayecto es de terracería, mientras que la otra mitad es un remedo de asfalto sumamente deteriorado.
Enclavado en la Cuenca del Papaloapan, conocida por sus cañaverales, el cultivo de piña y su producción ganadera, Tomate es una de las 236 localidades rurales del municipio de Playa Vicente.
En agosto de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT) otorgó a Infraestructura en Construcciones un contrato por 4 millones 585 mil 715 pesos para la reparación y el mantenimiento del camino que comunica a la comunidad con la carretera Tuxtepec-Palomares. La obra debía beneficiar a seis localidades, así como a ganaderos y comerciantes de maíz y sandía que toman esta ruta para llegar a Playa Vicente y vender sus productos.
“Es de los caminos más importantes porque es la carretera que nos comunica con los municipios aledaños de Veracruz y Oaxaca”, dice Ramiro Martínez Amezcua, presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.
Sin embargo, Infraestructura en Construcción no tapó un solo bache porque era una empresa fantasma. Fue calificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) definitiva desde 2018, tras no comprobar su capacidad para cumplir con las actividades que decía realizar. Pero eso no le impidió ganar el contrato para una obra que no realizó.
En esta entrega, Quinto Elemento Lab y AVC Noticias revelan cómo, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la SICT contrató indebidamente a una facturera inmovilizada por el SAT. Más allá de las irregularidades y la falta de consecuencias para la empresa, esta investigación también expone cómo su apoderado legal configuró una red de firmas en Veracruz para continuar haciendo tratos con dinero público.
Irregular desde el principio
Simulación de competencia, evaluación dudosa, contratación indebida y débil seguimiento de la obra son las inconsistencias halladas al revisar la licitación que la SICT de Veracruz otorgó a Infraestructura en Construcción.
La cronología documental deja en claro que la secretaría falló tanto al entregar el contrato a la EFOS a pesar de las irregularidades, como al no cancelarlo —incluso cuando la misma empresa lo solicitó—, a pesar del incumplimiento de los trabajos.
La obra consistía en retirar cuatro kilómetros de pavimento, reponer y compactar la base del camino, realizar bacheo profundo y colocar una carpeta asfáltica, además de trabajos de drenaje y señalización.
La reparación del camino permitiría conectar a comunidades de Oaxaca y Veracruz con el municipio de Playa Vicente. Imagen: SICT, respuesta de Transparencia
En el concurso de licitación, que recibió siete propuestas, también participó Construcciones B&M, una compañía que comparte con Infraestructura en Construcción tres integrantes y la misma dirección en Xalapa. El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas establece que las dependencias no pueden recibir proposiciones ni adjudicar contratos a “licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común”. Pero la SICT no descalificó a las empresas.
La secretaría evaluó a Infraestructura en Construcción como la mejor en calidad, capacidad, experiencia y cumplimiento de contratos, aunque la firma presentó la tercera oferta más cara. Incluso fue la única empresa de la que se tomaron en cuenta contratos previos; esto le dio una puntuación de diez en la evaluación de experiencia y especialidad.
La oficina veracruzana de la SICT dijo a Quinto Elemento Lab que tampoco revisó el listado 69-B del SAT para saber si la empresa podía facturar. De otro modo, habría descubierto que, cuando se firmó el contrato, la compañía tenía 11 meses y 13 días de haber sido declarada una EFOS definitiva.
La vigilancia del SAT sobre la constructora se remontaba a 2016. Infraestructura en Construcción permaneció dos años con el estatus de presunta EFOS, hasta que la autoridad fiscal resolvió que no logró desvirtuar el supuesto de operaciones inexistentes.
En su artículo 50, la Ley de Adquisiciones establece varias circunstancias en las que no se pueden otorgar contratos a determinados proveedores, entre ellas las de conflictos de interés o falta de cumplimiento en otras obras o que tengan algún impedimento para trabajar por alguna razón legal, pero en ninguna parte esa ley obliga a las dependencias a revisar si las empresas aparecen o no en el listado de EFOS del SAT.
La SICT, en respuesta a un cuestionario de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, confirmó que no necesitó indagar el estatus de Infraestructura en Construcción porque consideró que cumplía con los requisitos del proceso: “de ahí que sean licitaciones públicas, no existe impedimento alguno [para que participen], salvo los establecidos en las bases de la licitación”.
Así que el trato se cerró en agosto de 2019 con las firmas del arquitecto Ramón Montano Hernández, apoderado general de la empresa, y por parte de la SICT, de Blanca Estela Castillo Morales, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y de José Adalberto Vega Regalado, director del Centro SICT Veracruz.
La obra debió comenzar a finales de agosto, pero en el camino hacia Tomate no hubo movimiento alguno. La alerta tuvo que haberse encendido en la secretaría cuando la constructora no le entregó la factura por 917 mil pesos que le permitiría cobrar el anticipo necesario para arrancar los trabajos.
En octubre, Montano, el apoderado de la firma, envió una carta a la SICT en la que pedía la rescisión del contrato porque la empresa estaba imposibilitada por el SAT para emitir facturas desde un año atrás. Sin embargo, la dependencia esperó hasta la fecha en que debía terminarse la obra, el 18 de diciembre, para comunicarle al arquitecto que había empezado el procedimiento de cancelación.
La secretaría admitió, en documentos recibidos por Transparencia, que la EFOS “no dio inicio en ningún momento a los trabajos encomendados por la dependencia”. Personal de la SICT recorrió la obra en febrero de 2020, en una cita a la que no se presentó Montano, y tomó nota de que el avance era nulo. Solo entonces se hizo oficial el término del contrato.
Solo hasta que se venció el plazo de la obra, la dependencia acudió al sitio para comprobar los trabajos. Imagen: SICT, respuesta de Transparencia
Para Natalia Campos, experta en administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), casos como el de Infraestructura en Construcción exponen dos niveles de fallo en las dependencias: primero, en la planeación de los convenios y el establecimiento de controles “para no incurrir en incumplimientos de ley, en contratación indebida”, y segundo, en el “seguimiento de los contratos, sobre todo en obras”.
La SICT afirma que no se le pagó a la empresa el contrato de Playa Vicente debido a su imposibilidad para facturar. Pero el expediente —obtenido mediante solicitudes de información— señala que la EFOS debió abonar 1.3 millones de pesos en concepto de multas y penas por el incumplimiento de la obra, lo que no ha hecho.
El procedimiento para hacer eficaz la póliza que el contratista dejó en garantía es responsabilidad ahora de la Tesorería de la Federación, contestó la secretaría.
Las únicas consecuencias de la rescisión del contrato han sido para los habitantes de Tomate, pues no se planea licitar de nuevo la reparación del camino. Mientras tanto, los operadores de la compañía fantasma han seguido trabajando como contratistas gubernamentales.
¿Dónde están los socios?
Tras hierba crecida, escombros y otras tres viviendas se alza una casa de ladrillo con muros sin repellar en las afueras de Xalapa, por la carretera que va hacia Alto Lucero. De la puerta con mosquitero sale Lucía Cartagena, quien asiente cuando escucha el nombre de su esposo, Félix González, aunque pronto surge la sorpresa.
En el acta constitutiva de Infraestructura en Construcción, fundada en el 2000, González figura como un “constructor” dueño de 200 acciones que valen 1 millón de pesos. En la vida real es un albañil de 49 años que ha tenido que ganarse la vida desde joven. Su dirección como accionista, que aparece en la inscripción del Registro Público de Comercio, es la de una tienda de abarrotes de su familia ubicada a pocos metros de su vivienda.
—Trabajó en una empresa que trabaja con ayuntamientos, pero él es de las personas que trabajan; accionista no es —enfatiza la mujer, quien tras una breve pausa ríe mientras señala su modesta casa—. Si no, tuviéramos una residencia.
Así luce la vivienda de uno de los socios principales de Infraestructura en Construcción, un hombre que se dedica a la albañilería. Fotografía: AVC Noticias
El domicilio del accionista registrado en el acta constitutiva corresponde a una tienda de abarrotes. Fotografía: AVC Noticias
Dar con la constructora es como ir tras un fantasma. En un domicilio reportado por Infraestructura en Construcción en Xalapa, el interior 8 del número 449 de la calle 20 de Noviembre, el arrendatario explicó que durante muchos años la empresa alquiló cuatro locales, pero se fueron desde hace tiempo.
En el número 6-A de la calle Benito Coquet, en la colonia Villa Ánimas de la capital veracruzana, la contratista registró otro domicilio fiscal. Ahí, en 2020, un notificador de la SICT localizó a Montano, a quien le entregó la rescisión del contrato para el camino de Playa Vicente.
Pero hoy no queda nada que permita comprobar que ahí opera una empresa: los vecinos no ubican el nombre de la compañía fundada supuestamente por un albañil, un jardinero y una accionista desconocida.
Miguel Ángel Alarcón González, otro de los supuestos accionistas, reconoció que formó parte de Infraestructura en Construcción y refirió que “el representante legal era el arquitecto Ramón [Montano]”. Actualmente, Alarcón dice trabajar como jardinero; durante una visita a su casa, no quiso hablar más sobre su participación en la empresa ni de los contratos que le otorgaron.
A la tercera accionista, Hilzi Ávila Domínguez, no fue posible localizarla. La dirección que reportó en el acta constitutiva es un edificio de locales en el centro de Xalapa.
El bajo perfil de los socios contrasta con el del apoderado legal de Infraestructura en Construcción, Montano, quien fue parte del equipo que presidió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Veracruz.
Su rol en la empresa solía incluir la firma de los contratos públicos y la comunicación con las dependencias.
Montano, además, trabajaba en familia. En la firma aparece, como comisaria de la facturera, su esposa Olga Leticia Varela Pelayo, y como representante legal, su hija Mayra Lizet Montano Varela, . Ambas también son accionistas de Construcciones B&M, donde el arquitecto repite como representante legal.
Montano también es representante de H.M. Pavimentaciones junto con otra de sus hijas, Brenda Jazmín, quien a su vez forma parte de Construcciones B&M.
Fuente: Revisión documental hecha por Quinto Elemento Lab a partir de datos del Registro Público de Comercio, Sayari y SAT. Visualización: Omar Bobadilla
Según el padrón de proveedores de Veracruz, H.M. Pavimentaciones y Construcciones B&M —creadas en 2006— reportaron el mismo domicilio que la empresa fantasma: calle Benito Coquet 6-A. Y la información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestra que Infraestructura en Construcción y B&M compitieron en la obtención de varios contratos estatales, pese a estar vinculadas.
En una larga entrevista en Xalapa para conocer su postura ante esta investigación, Montano confirmó que Infraestructura en Construcción está suspendida por el SAT y que dejó de operar en el domicilio de la calle Benito Coquet 6-A, pero negó su condición de empresa fantasma: “Se les puede demostrar con 40 contratos. Nosotros no facturamos, hacemos obras (…) vaya a la SIOP y pregunte cuántas obras hizo Infraestructura (en Construcción) antes de que la declararan una empresa facturera”.
El entrevistado corroboró la relación del trío de empresas y que sus familiares tienen roles en ellas. A Nancy Casas, representante legal de Infraestructura en Construcción y comisaria en las otras dos firmas, la reconoció como su sobrina. Juan Manuel Soto, accionista y administrador de H.M. Pavimentaciones y Construcciones, es su excuñado. “Mi esposa, ella es mi esposa, ella es Olga Leticia, y ni siquiera mete la mano a la empresa”, dijo Montano.
También explicó que usó extrabajadores o conocidos para constituir las empresas, aunque era él quien las manejaba.
–Normalmente se buscan cuatro gentes para hacer una empresa. Se invita a uno u a otro no hay ninguna cosa mala en eso –refirió Montano.
–Aunque alguno era un jardinero, un albañil… –añadió la reportera.
–A lo mejor, exactamente. Es alguien que uno conoce. Gente que trabaja con nosotros, a veces se pone y listo, para formar las cuatro gentes que nos piden para hacer una empresa por ley.
–Como para cumplir una formalidad.
–Nada más. Nunca se da dinero. Porque la empresa dice que se suscriben y se pagan tantas acciones. Pues eso no es cierto. Se hacen de papel las empresas.
–Entonces esas personas no aportan nada…
–No aportan nada ni tienen nada los pobres, a veces. Ellos trabajaron con nosotros, varios de esos trabajaron con uno y, okay, recibían un salario nada más y eso, pero nunca fueron parte de la empresa en sí financieramente.
En conjunto, las tres compañías, dedicadas al ramo de la construcción, han recibido más de 300 millones de pesos en contratos públicos.
Tan solo Infraestructura en Construcción obtuvo más de 134 millones de pesos, según una base de datos de empresas fantasma contratadas con recursos federales, creada por investigadores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México y por Quinto Elemento Lab, en la que se identificaron 29 contratos de la facturera, el más antiguo de 2005, y el último de agosto de 2019, en el arranque del sexenio de AMLO.
Arte: Omar Bobadilla
La sombra de Javier Duarte
De acuerdo con esta información, obtenida mediante el cruce del listado de EFOS identificadas por el SAT con los contratos de CompraNet de 2002 a 2022, en la mayoría de los convenios fue la Secretaría estatal de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en el periodo del gobernador Javier Duarte, la que asignó los recursos federales.
Infraestructura en Construcción fue empleada para levantar la barda perimetral del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xalapa, hacer obras carreteras en el estado y remodelar el parque Reino Mágico, en el puerto de Veracruz.
Quinto Elemento Lab revisó, vía Transparencia, los 29 contratos de la empresa fantasma. El IMSS de Veracruz dijo que no cuenta con información de 2016, cuando debió construirse la barda. En cinco casos, la SIOP contestó que no encontraron registros documentales ni comprobantes de la realización de los trabajos, y en el resto de los convenios no se remitió la información en formato electrónico, solo se puso a disposición de manera presencial.
Aunque Infraestructura en Construcción fue enlistada como empresa fachada y, por tanto, no podía facturar, la red de Montano continuó buscando contrataciones públicas por medio de las otras dos firmas, principalmente Construcciones B&M.
El Gobierno de Xalapa, en la administración de Ricardo Ahued, siguió contratando a las empresas hermanas de Infraestructura en Construcción. Imagen: Gobierno municipal de Xalapa
La constructora consiguió contratos por medio de la SIOP en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y en el ayuntamiento de Xalapa con Ricardo Ahued Bardahuil, exdirector de Aduanas y exsenador, y actualmente secretario de Gobierno de Veracruz.
En respuesta a esta investigación, mediante un oficio de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Ahued declinó hablar sobre el tema porque dijo que le competía al municipio; este equipo también proporcionó un cuestionario por teléfono y correo a comunicación social de la capital veracruzana y a la SIOP, pero no hubo respuestas.
Sobre estas redes de diferentes empresas constituidas con los mismos socios, administradores, comisarios o representantes legales, el experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, Luis Pérez de Acha, opina que “hay una presunción fundada de que las demás son también factureras”.
Que las autoridades únicamente inmovilicen una firma de la red se debe a que “el SAT no está operando sus bases de datos”, porque si lo hiciera, podría “llegar a la conclusión de que las otras empresas fantasma forman parte de una misma red delictiva”, considera el abogado.
La red de la que forma parte Infraestructura en Construcción abarca más de una treintena de empresas, según registros de comercio. Aunque no todas tienen contratos públicos ni los mismos accionistas. Por ejemplo, además de las tres compañías ya mencionadas, Montano formó parte del consejo de administración de una cuarta firma cuyos socios, a su vez, han creado otras empresas.
“Funcionan en redes, en esquemas complejos en distintos ámbitos gubernamentales, no solo desde lo federal, sino también desde lo local a través de prestanombres” explica Sarahí Salvatierra, integrante del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
El fin, dice, es ocultar a los verdaderos beneficiarios finales usando capas y capas de empresas integradas, muchas veces, por “personas de bajos recursos, porque les roban la identidad, porque hay una gratificación económica y ellos no lo saben, porque el fin es ocultar al beneficiario real”.
Hasta ahora, el SAT únicamente ha inmovilizado a Infraestructura en Construcción.
No obstante, Construcciones B&M no ha escapado de reportes y reclamos: en 2021, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) hizo observaciones a la SIOP por pagarle a la firma 2 millones de pesos de anticipos que no se recuperaron; en 2022, en Xalapa, vecinos de la avenida Chedraui Caram protestaron porque la empresa había parado la rehabilitación de la calle, lo que ocasionó que se concluyera con retrasos; y también hubo quejas por las demoras de la compañía para terminar la rehabilitación de la avenida 20 de Noviembre.
De acuerdo con información disponible en la PNT, en 2024 Construcciones B&M recibió contratos por adjudicación directa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, y volvió a trabajar para el ayuntamiento de la capital veracruzana.
Sin carretera, sin dinero, sin consecuencias
José Adalberto Vega Regalado fue nombrado director del Centro SICT Veracruz por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el primer día del gobierno de López Obrador. Mientras duró en el cargo, por sus manos pasaron 252 contratos, entre ellos el de la carretera a Tomate, en Playa Vicente.
Hasta entonces, Vega había trabajado como director de una empresa privada y en la administración de un periódico en Monterrey, además de ser inversionista de una compañía que se dedicaba a crear talleres de robótica para niños.
AVC Noticias documentó en 2020 la inconformidad con Vega de empresarios y constructores de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC). Su presidente, Marco Salas, lo acusó de favorecer a empresas “creadas al vapor” o provenientes de la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, así como de obras pagadas y no realizadas, y de proyectos cancelados.
El Órgano Interno de Control de la SICT también advirtió irregularidades en tres contratos de la delegación estatal de esta secretaría por pagos en exceso de casi medio millón de pesos.
Sin embargo, la dependencia en Veracruz respondió a un cuestionario entregado al área de comunicación social que contratar a una empresa fantasma no ameritó ninguna sanción administrativa para Vega como director del Centro SICT, ni para otros funcionarios que autorizaron el contrato con Infraestructura en Construcción. La dependencia no contestó a una segunda petición de posicionamiento para este reportaje.
La SICT Veracruz confirmó que no se sancionó a los funcionarios que contrataron a una facturera. Fotografía: AVC Noticias
Tras casi dos años en el puesto, en enero de 2021, Vega fue cambiado a la SICT Nuevo León, pero dejó el cargo a los pocos meses tras ser señalado por cancelar una decena de fallos de licitaciones para asignar los contratos a tres constructoras.
De acuerdo con el diario Reforma, cuando todavía estaba al frente de esa oficina, el funcionario compartió vuelos privados con Sergio Carmona Angulo, “el Rey del Huachicol”, un empresario tamaulipeco beneficiado por la SICT con la reasignación de los contratos. El constructor, asesinado en noviembre de 2021, era hermano de Julio Carmona, quien en el sexenio de AMLO operó como director de la aduana de Reynosa.
Actualmente, Vega es diputado federal suplente de Nuevo León por el Partido Verde Ecologista de México y es integrante de la comisión de Infraestructura. Previo a esta publicación se agendó una entrevista con el legislador, pero canceló una hora antes del encuentro. Tampoco respondió por escrito a preguntas sobre esta investigación.
Hasta la fecha, de acuerdo con la SICT Veracruz, no hay planes para volver a licitar un camino digno que conecte a los habitantes de Tomate con Playa Vicente. A la espera se ha sumado la resignación.
Al enterarse de la obra que nunca se hizo porque se asignó a una empresa fantasma, un vecino de esta comunidad rural dijo: “Estamos en el olvido. Seguridad, infraestructura y caminos… continuamos igual que desde hace décadas”.
Cuestionario enviado al Centro SICT Veracruz y sus respuestas
