Icbf pasó a Honduras el caso de una menor que una funcionaria de la ONU intentó sacar de Colombia con documentos falsos Infobae
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) decidió trasladar a su entidad homóloga en Honduras el caso de un menor colombiano que la funcionaria de la ONU Isabel Albaladejo intentó sacar del país con documentos presuntamente falsificados, pese a que existen denuncias por posible maltrato y abuso sexual, confirmadas por instituciones médicas. El menor tiene nacionalidad colombiana.
Los detalles del caso fueron dados a conocer por Semana, y tiene que ver con un acontecimiento que sucedió el 25 de febrero de 2025, cuando Albaladejo, actual representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, intentó salir de Colombia con su hijo, pese a no contar con la autorización legal.
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Como informó el medio, la funcionaria presentó un documento con un agregado que autorizaba a Migración Colombia a permitir la salida del niño, aduciendo que regresaría a su país de residencia. Sin embargo, al parecer, el texto fue modificado, y aunque el funcionario migratorio no detectó la alteración, fue la familia paterna del menor la que alertó sobre la situación que impediría salida del menor.
De hecho, la intervención de la familia permitió anular el sello de salida estampado en el pasaporte del menor. No obstante, las autoridades judiciales no iniciaron acciones contra Albaladejo, a pesar de que fue sorprendida en flagrancia. Consultada por Semana, la funcionaria sostuvo que era víctima de acoso por parte de su expareja y alegó que el documento fue alterado por un supuesto hacker.
Sin embargo, el cambio en el documento solo beneficiaba a Albaladejo. Por lo tanto, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá ordenó entonces que se impidiera la salida del menor: “Le agradezco adelantar las gestiones relacionadas con el cumplimiento del auto complementario del día de ayer, mediante el cual se prohíbe la salida del país del niño”.
A pesar de ello, el Icbf tomó la decisión de ceder el caso a la Secretaría de Estado de los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), su par en Honduras. Así lo indica un documento de 16 páginas firmado por la defensora de familia Mónica del Pilar Bustos, del Centro Especializado Revivir, donde se dispone “ordenar el cambio de medida de restablecimiento de derechos la ubicación en medio institucional y/o hogar sustituto en la ciudad de Tegucigalpa-Honduras” y “el traslado de las diligencias administrativas al homólogo en Honduras (…) con el fin de que continúe con las respectivas investigaciones”.
Más allá del fundamento jurídico, la decisión genera preocupación por parte de la familia paterna, dado que el niño fue evaluado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se emitió un dictamen que concluyó abuso sexual. El menor, como informó el medio nacional, se habría referido a un vecino como responsable, situación que desencadenó la negativa del padre a enviarlo de regreso a Honduras, lo que derivó en una nueva denuncia en su contra.
La decisión firmada por el Icbf dice: “Ordenar a Migración Colombia con el fin de que levante el impedimento de salida del país del niño (…) autorizar la salida del niño”. Esta decisión ha sido objeto de una tutela aún pendiente de fallo.
Según la familia paterna, la restitución del menor implicaría un riesgo físico o psíquico. En su recurso afirman: “Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá, asimismo, negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones”.
El caso no solo compromete al niño de ocho años, hijo de Albaladejo y Juan Manuel Rojas, sino también a la hija mayor, de 15, quien decidió quedarse en Colombia con su familia paterna tras denunciar presuntos episodios de medicación indebida. Una psiquiatra validó su versión y la menor solicitó la custodia.
En diciembre de 2023, ambos menores llegaron a Colombia de vacaciones. Durante el viaje, el niño se quejó de molestias y, tras una consulta médica, expresó verbalmente haber sido víctima de abuso. El diagnóstico de la Fundación Santa Fe coincidió con esa denuncia.
Consultado por el mencionado medio, el Icbf justificó su decisión con base en normas internacionales: “En casos en los que se identifica que la residencia habitual de las niñas, niños y adolescentes no es Colombia (…) es necesario que el Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a la cooperación jurídica internacional, solicite la intervención de la autoridad que hace las veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país que se considera es la residencia habitual”.
Agregó además que “una vez realizadas las valoraciones profesionales y la identificación que Colombia no es el país de residencia, se deberá acudir a la autoridad homóloga, atendiendo a la reciprocidad entre Estados y a la cooperación jurídica internacional”.
No obstante, los abogados de la familia paterna argumentan que esa interpretación omite elementos claves como el principio de riesgo grave, contemplado en el Convenio de La Haya, así como el hecho de que el niño no cuenta con más red familiar en Honduras aparte de su madre. Además, citan el Código de Infancia y Adolescencia, que señala que “el Icbf es competente para conocer los casos de menores de nacionalidad colombiana que residen por fuera del territorio nacional”.
