Un ejército de combate en la frontera El Sur de Acapulco

Saúl Escobar Toledo

Diez mil soldados del ejército de Estados Unidos, pertenecientes a la Brigada Stryker de la 4ª División de Infantería del Fort Carson en Colorado, han sido desplegados para vigilar la frontera desde Texas hasta California. Fueron comisionados para construir una “base militar satélite” con el propósito de frenar la migración indocumentada y el contrabando de drogas.
Además, se han dispuesto “vuelos de aviones no tripulados y una presencia marítima inusualmente robusta frente a México”, según un reportaje del Washington Post (WP) de Dan Lamothe publicado el pasado 11 de abril. Las tropas cuentan con equipo militar y logístico “reservado para misiones en el extranjero”.
Algunos legisladores de la oposición han manifestado que se trata de un despliegue excesivo de fuerza. También ha despertado sospechas en Washington y en la Ciudad de México, de que podría mostrar la intención de intervenir en territorio mexicano con “fuerza letal” contra los cárteles mexicanos declarados como “organizaciones terroristas extranjeras”.
El número exagerado de tropas en la frontera responde a la idea, manifestada por Trump desde su campaña, de que se trata de combatir una “invasión”, como si se tratara de hacer frente a un ejército enemigo. Según el reportaje del WP, la unidad Striker ha sido utilizada en Afganistán e Irak y recientemente en la guerra de Ucrania. Sus vehículos blindados de ocho ruedas están diseñados para llevar rápidamente a las tropas de infantería a la batalla y pueden atravesar terrenos difíciles. Aunque los vehículos no cargan ametralladoras pueden detectar personas a una distancia de dos millas y los soldados portan rifles y tienen “derecho a defenderse”. Un oficial, entrevistado por el reportero del WP afirmó que “no estamos entrenados” para este tipo de tareas, pero se trata de “una unidad muy bien calificada que puede hacer cualquier cosa”.
Este despliegue excesivo e inusitado de fuerzas militares en la frontera con México puede interpretarse de diversas maneras. Sin embargo, parece que el objetivo principal es atemorizar tanto a los migrantes que pretenden cruzar la frontera como, igualmente, al gobierno mexicano. Como en el caso de los aranceles, la política de la Casa Blanca consiste en amenazas, abusos y exhibir una crueldad despiadada e irracional con el objetivo de someter a las naciones a sus designios, en esta ocasión, a su vecino del sur.
Para frenar la migración, hay que recordar que Trump eliminó la aplicación de teléfono móvil CBP One introducida por la administración del expresidente demócrata Joe Biden, la cual fue diseñada para que los migrantes pudieran pedir cita en una estación de entrada e ingresar legalmente en el país. La usaron más de 900 mil personas, según datos oficiales.
Ahora, en cambio, se trata de usar la fuerza bruta. Una muestra más de esta política es la deportación de migrantes a la base militar de Guantánamo en Cuba. Según algunos senadores que visitaron el lugar, esa prisión que durante años albergó a detenidos vinculados a Al Qaeda, alberga a unas 85 personas, la mayoría venezolanos. Los legisladores, después de su visita, emitieron un comunicado instando a la administración de Trump a “terminar inmediatamente esta misión equivocada”; sin embargo, un avión de la Fuerza Aérea procedente de San Antonio llevó a 12 migrantes más a la base ubicada en Cuba después de que se conoció la queja.
Igualmente, la decisión de llevar a los detenidos en las redadas a las cárceles de El Salvador, con la alegre complacencia del presidente Bukele, demuestra el abuso de la fuerza y la violación de la legalidad. Ahí está el caso de Armando Ábrego deportado injustamente a la nación centroamericana por un “error administrativo” según las autoridades de Estado Unidos. La Corte ha ordenado su regreso a Estados Unidos, pero el gobierno no ha obedecido. También está el ejemplo de Arturo Suárez, ciudadano venezolano detenido el 14 de marzo y deportado a El Salvador, acusado con otras 237 personas de esa nación sudamericana de pertenecer a una banda criminal y declarados “enemigos extranjeros” sin la oportunidad de defenderse. Según el New York Times, la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales. Estas arbitrariedades se basan, alega el gobierno de Trump, en una ley que le permite detener personas en tiempos de guerra, lo que ha sido cuestionado por la Suprema Corte. Una ley excepcionalmente invocada en la historia estadunidense, la más reciente, durante la Segunda Guerra Mundial cuando sirvió para detener a ciudadanos de Japón, Italia y Alemania. La juez Millet criticó la falta del debido proceso de estas personas y afirmó que “los nazis recibieron un mejor trato bajo esa ley”.
Para Trump, los resultados han sido exitosos: en marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 7 mil 180 cruces de personas frente a los 28 mil 654 de febrero y un máximo de 370 mil 883 en diciembre de 2023, durante la administración Biden. El terror contra los migrantes, en efecto, ha disminuido los intentos para cruzar la frontera. No obstante, al mismo tiempo, ha provocado una crisis de escasez de mano de obra.
Un bufete de abogados de Estados Unidos ha publicado un estudio (disponible en www.inmigracionokabogados.com) que señala:
“Las medidas migratorias de la Administración Trump han generado serias preocupaciones en el mercado laboral de Estados Unidos. Empresarios y congresistas republicanos y demócratas han alertado acerca de la escasez de trabajadores, especialmente en sectores clave como la agricultura, la construcción, la hostelería y las labores de limpieza”. A finales de marzo, enviaron una carta a la Casa Blanca para que se otorguen permisos de trabajo para los migrantes sin antecedentes penales. Argumentaron que, sin esa mano de obra, Estados Unidos dejará de ser la primera economía mundial.
Según datos oficiales del Departamento de Trabajo, de los 2.4 millones de jornaleros agrícolas que laboran en su territorio, el 44 por ciento son migrantes que han entrado sin visa ni autorización legal. En el caso de la hostelería y el servicio de restaurantes, la cifra se eleva al 64 por ciento.
Otro reportaje, del periodista Thomas Kennedy, afirma que “los inmigrantes en (el estado de ) Florida representan el 47 por ciento de la fuerza laboral en la agricultura, la silvicultura, la pesca, la caza y la minería; el 38 por ciento en la construcción; y el 25 por ciento en el sector servicios”.
Sin embargo, la respuesta a esta crisis laboral en Florida ha consistido en “desmantelar las leyes del trabajo infantil con la intención de permitir que los menores trabajen a tiempo completo, durante la noche, en días escolares y sin descansos, para suplantar a los mismos trabajadores migrantes que expulsaron del estado”.
El informe de los abogados señala asimismo que el ambiente persecutorio desatado por las autoridades está alejando también “a profesionales altamente calificados”. Y “dificulta la contratación de especialistas extranjeros en tecnología, ingeniería, medicina y derecho”.
Ante esta evidente crisis, Trump y su equipo han respondido que los trabajadores migrantes “si salen de buena manera (por su propia voluntad) y regresan a su país, trabajemos con ellos para intentar que regresen legalmente”.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, mencionó que “20 o 21 millones de personas tienen que volver a casa”, cifra evidentemente falsa y exagerada. Y añadió que tendrán la oportunidad de volver a Estados Unidos “algún día”.
Este regreso, mientras persistan las políticas de amedrentamiento, difícilmente sucederá. Además, no hay en el horizonte político y legislativo de Estados Unidos ninguna intención de modificar las leyes de inmigración.
Así pues, como en otros casos, Trump utiliza la fuerza desmedida y la violación a las leyes para detener la migración. Frente al caos y disrupción económica y laboral que está causando confía en que las cosas se arreglarán “algún día”.
Los efectos de esas políticas de crueldad desmedida difícilmente serán reparados. Millones de personas, en este caso migrantes que ya viven en Estados Unidos o pretendían llegar allá, tendrán que pagar un enorme costo humano por las decisiones de un gobierno encabezado por un tirano que, como define la RAE, se distingue por “el abuso de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente impone ese poder y superioridad en grado extraordinario”.

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