ANA: DOBLE VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA Y LA DESINFORMACIÓN Sol Yucatán
La mujer maya de Tekax fue obligada a abortar sin su consentimiento y criminalizada; grupos “provida” difunden desinformación y presionan con tácticas fraudulentas para impedir que iniciativas proaborto avancen en el Congreso de Yucatán.
MÉRIDA.- En Yucatán, la ignorancia y la desinformación han convertido el acceso a la salud reproductiva en un laberinto de injusticia. Ana, una mujer maya originaria de Tekax, es prueba de ello. En 2016, su esposo aprovechó su vulnerabilidad para obligarla a abortar sin su consentimiento. Le dio misoprostol engañándola, asegurándole que aliviaría su malestar estomacal. Horas después, el dolor se volvió insoportable y comenzó a sangrar. Buscó ayuda en hospitales de Tekax y Oxkutzcab, pero en ninguno quisieron atenderla al ver la caja del medicamento que había ingerido.
Desesperada y al borde de la muerte por la hemorragia, su familia logró trasladarla al Hospital Agustín O’Horán en Mérida. Ahí, en lugar de recibir atención y comprensión, el primer médico que la atendió la denunció. Cuando recobró la conciencia, estaba custodiada por policías que le dijeron que “iría al infierno”. Así funciona el sistema que criminaliza a las mujeres en lugar de protegerlas.
Ana fue doblemente víctima: primero de la violencia de su pareja y después de un sistema que la trató como delincuente en vez de ayudarla. Pasó 72 horas en la cárcel, mientras su esposo quedó impune. Si hubiera tenido información sobre sus derechos y si los hospitales no criminalizaran el derecho a decidir, no habría atravesado un proceso tan traumático.
La urgencia de legislar y la farsa de los “provida”
Casos como el de Ana evidencian la necesidad de que el Congreso de Yucatán deje de postergar lo inaplazable: la despenalización del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que ninguna mujer puede ser sentenciada por interrumpir su embarazo, lo que significa que no se puede seguir criminalizando a quienes toman decisiones sobre su propio cuerpo.
Las iniciativas presentadas en febrero de 2025 por las diputadas Clara Rosales (Morena) y Larissa Acosta (Movimiento Ciudadano) buscan armonizar la legislación con el criterio de la Corte. La propuesta elimina sanciones a las mujeres y personas gestantes que decidan abortar, regulando el procedimiento dentro de la Ley de Salud.
Además, tipifica el “aborto forzado” como delito, para castigar a quienes obligan a alguien a interrumpir un embarazo sin su consentimiento, tal como le sucedió a Ana.
Los grupos autodenominados “provida” han reaccionado con una campaña de desinformación. Alegan falsamente que la iniciativa permitirá abortos hasta los nueve meses y han difundido ataques en redes sociales contra las legisladoras que impulsan la reforma.
“Generalmente estoy en territorio y público en dónde estaré para que se acerque la ciudadanía, pero empezaron a tomar la información para publicarme en grupos de redes sociales y presentarme como que soy la diputada que está apoyando el asesinato de bebés. Esto pudiera generar una confrontación con la gente, porque podría presentarse un escenario violento”, advirtió la diputada Rosales.
Han llegado al extremo de comparar a defensoras de derechos humanos con el crimen organizado, llamándolas integrantes del “Cártel del Aborto” y exponiendo sus rostros y propuestas en sitios web.
“Lo que vemos es que equiparan el movimiento abortista en México con los cárteles de drogas, usando el nombre de ‘cártel del aborto’, en el que tocan temas dolorosos para el país y no tiene nada que ver, porque en realidad están desinformando el alcance que se busca”, lamentó la directora de Abortistas MX, Ninde Molre.
Esta manipulación se evidenció apenas el 14 de marzo, cuando los “provida” entregaron seis mil firmas supuestamente en contra de la despenalización. Sin embargo, ninguna de las identificaciones o números telefónicos de los firmantes era real. Se trató de una farsa para presionar al Congreso con datos falsificados.
Aun así, la bancada del PAN exigió la realización de foros para escuchar a estos grupos, a pesar de que la resolución de la Corte deja claro que no hay nada que debatir: el derecho al aborto no está en discusión.
El Estado debe actuar contra la desinformación.
El Estado tiene la obligación de intervenir ante estos discursos de odio y campañas de desinformación. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en sus artículos 38 y 41 que debe garantizarse el derecho a la información y prevenir la violencia mediática. Sin embargo, en Yucatán, la desinformación se ha convertido en arma de los sectores ultraconservadores.
El caso de Ana deja en claro que el actual sistema solo revictimiza a las mujeres, en lugar de protegerlas. La despenalización del aborto no es un capricho ni una agenda política: es una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes que han sido criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos.
La Ley dicta que el acceso al aborto seguro es un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, y la LXIII Legislatura del Congreso de Yucatán tiene la responsabilidad histórica de garantizar que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que Ana sufrió.
Por lo anterior, activistas y defensores de derechos humanos sostienen que no hay margen para la indiferencia ni para el oportunismo político, que es hora de legislar con base en la realidad y la evidencia científica, y no en prejuicios e imposiciones religiosas.
Apenas este miércoles 2 de abril, dos meses después de que se entregaron las iniciativas para despenalizar el aborto, los proyectos de ley fueron turnados a comisiones del Congreso de Yucatán para su análisis.
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