Conflicto en la Corte Excelsior

La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf, rompió el silencio.
Tras la publicación de que es investigada por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos por presunto tráfico de influencias, salió a defenderse en redes sociales con una carta pública en la que aseguró que no ha habido pronunciamiento de fondo sobre el caso de las hermanas Garza contra Santander.
Y es cierto: el expediente 3011/2021, que involucra la disputa por un fideicomiso del que las demandantes fueron despojadas con documentos presuntamente falsificados, aún no ha sido admitido formalmente por la Corte.
Pero eso es lo de menos; lo realmente relevante —y lo que Ortiz Ahlf evita abordar— es el motivo por el que está en la mira de una autoridad estadunidense: la relación de su yerno, Abel Chávez Salinas, con actores clave en este litigio, como Santander, y su posible intervención para influir en un fallo judicial al más alto nivel.
En su misiva, la ministra defiende su trayectoria, habla de principios, imparcialidad y rigor jurídico.
Lo que no dice —ni menciona una sola vez— es si la investigación en su contra es real, si tiene conocimiento de la denuncia o si su familia ha intervenido en el manejo del caso.
Es decir, no niega el punto central de la información: la existencia de una denuncia formal ante la SEC por presunto tráfico de influencias en Estados Unidos.
El caso de las hermanas Garza parecía cerrado desde 2021, cuando el Primer Tribunal Colegiado falló a su favor.
Se acreditó que Santander no protegió adecuadamente el fideicomiso, el cual fue manipulado con documentos apócrifos por su propio hermano para despojarlas de los recursos.
Sin embargo, la defensa del banco no se detuvo ahí: ha empujado una estrategia informal para que el asunto escale a la Suprema Corte de Justicia y que, desde ahí, se revierta una resolución ya firme.
Y es aquí donde las piezas comienzan a encajar.
El interés inusitado de la ministra por atraer el expediente, la cercanía de su yerno con actores del caso y el involucramiento de figuras como Rafael Zaga Tawil —acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada— apuntan a un conflicto de interés que no puede ser ignorado.
Mucho menos cuando ya existe una denuncia internacional de por medio.
Más aún, hay indicios de que éste no sería un caso aislado.
Otro proceso, relacionado con Actinver, podría tener el mismo patrón: uso de influencias, omisión de las instituciones financieras y manipulación de recursos a través de firmas falsificadas.
Todo bajo la sombra del Poder Judicial mexicano.
La ministra podrá seguir hablando de guerra sucia, de ataques personales o de “campañas orquestadas” en su contra.
Pero mientras no aclare su relación con la investigación en Estados Unidos ni la de su familia con los actores del caso, su silencio será el mayor de los ruidos.
 NUEVOS PARADIGMASArgumentan los estudiosos de la ciencia política que los extremos ideológicos siempre terminan ahogándose en el populismo que pretende engañar a la sociedad, haciéndole creer que el pueblo “guía los pasos” del gobernante hacia movimientos y formas de gobierno supuestamente democráticos.
Lamentablemente estos “experimentos” políticos siempre terminan en una especie de dictadura, ya sea de derecha, ya sea de izquierda.
La mayoría de los países del mundo vive una especie de “recesión democrática” frente a los desplantes del huésped de la Casa Blanca.
Hoy, nos encontramos “literalmente atrapados” entre un líder extremista que busca imponer su ley a costa de lo que sea, incluso fuera de sus fronteras, y un movimiento que utiliza al pueblo para instaurar un totalitarismo de Estado que pensábamos ya superado.
A la afirmación absurda de que eliminar los aranceles provocó la Gran Depresión de los años 30 se suma un régimen que no tiene una estrategia eficaz para hacer frente al extremismo a ultranza que ha mostrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0