Un Senado que no ve ni oye Excelsior

El parlamento abierto tuvo una vida muy corta en México y no porque los sectores de la sociedad estén desinteresados en participar, sino porque el Senado y la Cámara de Diputados se convirtieron en un espacio donde no se ve ni se escucha ni siquiera a los legisladores y muchas veces tampoco se leen las leyes y reformas que aprueban.
La historia del Congreso de la Unión nos muestra que fue en 1977 cuando el Poder Legislativo federal procesó un tema que interesó a muchos sectores políticos: la reforma política propuesta por José López Portillo, con Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación.
Fue uno de los temas que sumó opiniones diversas; sin embargo, el dominio de la mayoría priista dejaba las decisiones en manos de la voluntad del gobierno y sus legisladores federales y el formato utilizado no fue propiamente el de un diálogo público dentro del Legislativo, sino en mesas de diálogo privadas.
En el gobierno de Ernesto Zedillo, los senadores abrieron la nueva etapa de escuchar a los ciudadanos, durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial de hace 31 años.
En el dictamen aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 1994, las comisiones informan que abrieron una consulta con especialistas en Durango, realizado el 14 de diciembre, pero, además, tomaron en cuenta las propuestas enviadas por los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lograron a partir de un foro que congregó a los principales constitucionalistas del país.
Así, esa reforma es la primera que deja constancia en un dictamen que se tomó en cuenta opiniones fuera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Luego, entre mayo y julio de 2008, el Senado se abrió a diversos foros en materia de hidrocarburos y de ahí surgió la reforma en materia petrolera que modificó sustancialmente la iniciativa propuesta por el entonces presidente Felipe Calderón.
En 2012, el Senado se abrió a la consulta de los entonces nacientes grupos de familiares de víctimas para crear la Ley General de Atención a Víctimas.
Pero el concepto de parlamento abierto se instauró hace sólo 12 años.
El 14 de julio de 2013, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a todos los Congresos estatales, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a instaurar la dinámica del Congreso Abierto, para transparentar toda su información e instaurar un mecanismo eficiente de rendición de cuentas.
Fue un exhorto promovido por la entonces senadora panista Laura Rojas, que consistió en solicitar a todas las instancias del Poder Legislativo federal y estatal que “en el ámbito de sus facultades y competencias, impulsen mecanismos internos y definan una agenda de parlamento abierto, así como para que refuercen los canales oficiales de comunicación y colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones académicas que impulsen el modelo del parlamento abierto”.
 Y producto de ese exhorto, 90% de las leyes y reformas que se procesaron en el Congreso de la Unión entre 2013 y 2018 tuvieron un parlamento abierto.
Esa dinámica de trabajo se terminó con el dominio de Morena en el Congreso de la Unión.
El último parlamento abierto lo organizó el Senado, en febrero de 2019, para discutir la minuta de la Guardia Nacional.
Hasta los militares participaron.
Poco a poco, primero la mayoría absoluta y después la mayoría calificada de Morena, mató el parlamento abierto y en medio del dolor de las madres buscadores, los legisladores se aferraron a no escucharlas para aprobar la reforma al sistema de búsqueda de personas.
Es irónico.
El PRI al que se consideró obcecado durante décadas entendió que el país había cambiado y se abrió a escuchar a los ciudadanos.
Hoy, Morena apuesta a que es infalible, aunque a diario evidencie sus equivocaciones legislativas.
Columnista: Leticia Robles de la RosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0