Gustavo Petro respondió a investigación y formulación de cargos del CNE: “Una abierta ruptura constitucional” Infobae
El presidente Gustavo Petro se declaró en “emergencia democrática”, luego de que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrieran una investigación y le formularan cargos tanto a él como al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el hallazgo de evidencia sobre la violación de los topes de financiamiento en la campaña presidencial de 2022.
Petro, quien no tardó en reaccionar ante las acusaciones, calificó las acciones del CNE como una “arbitrariedad” y una “abierta ruptura constitucional”, instando a las fuerzas sociales del país a movilizarse en defensa del voto popular y de la democracia colombiana.
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A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su descontento e invitó a las instancias del Pacto Histórico a reunirse de manera inmediata y a los ciudadanos y fuerzas progresistas, tanto en Colombia como en el exterior, a prepararse para lo que describió como un “intento de irrespetar el voto popular”.
Además, hizo un llamado a los colombianos en el extranjero a iniciar campañas internacionales contra lo que sugirió podría interpretarse como un “golpe de estado” en Colombia. “La Democracia entra en emergencia”, puntualizó Petro en su mensaje.
Este episodio agrega una nueva dimensión a los debates sobre la transparencia y la legalidad en el financiamiento de las campañas políticas en Colombia, un tema que ha estado en el centro de la polémica en diversos momentos de la historia reciente del país.
El proceso de investigación por parte del CNE busca esclarecer si efectivamente hubo una superación de los límites establecidos para el financiamiento de la campaña de 2022, lo que podría tener serias implicaciones para los involucrados.
Las declaraciones de Gustavo Petro resuenan no solo entre sus seguidores y detractores en Colombia sino también a nivel internacional, evidenciando la fractura política y el polarizado ambiente que respira el país suramericano. La mención de una “ruptura constitucional” y de un “golpe de estado” eleva el tono del debate y sugiere posibles escenarios de tensión y movilización ciudadana ante lo que el presidente percibe como amenazas a la estabilidad democrática.
La situación sigue en desarrollo, y los próximos pasos del CNE, así como la respuesta de las diferentes instancias del gobierno y la sociedad civil, serán cruciales para determinar el curso de los eventos relacionados con esta investigación.
Este caso, sin duda, se inscribe en una línea de momentos críticos para la democracia colombiana, donde la legitimidad de las instituciones y el respeto por los procesos electorales se convierten en el centro de la discusión pública. La manera como el país maneje esta crisis será determinante no solo para el futuro inmediato del gobierno de Petro sino para la consolidación de la democracia en Colombia.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigaciones en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de los límites de financiamiento. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz identificaron irregularidades tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, evidenciando un presunto exceso en los gastos permitidos por varios miles de millones de pesos.
Las averiguaciones detallan que, en la inicial etapa electoral, la campaña sobrepasó el límite de financiamiento estipulado de 28.536.520 millones de pesos en $3.700 millones. Así mismo, en la segunda vuelta, el tope fijado en 13.347.457 millones de pesos también fue excedido, esta vez por $1.600 millones.
Estos hallazgos apuntan hacia un método consistente en la omisión del reporte de ingresos y gastos, incluyendo aportaciones no declaradas de organizaciones como Fecode, Polo Democrático y la USO, además de ciertos pagos en especie y monetarios no informados debidamente.
Dentro de las evidencias presentadas por Prada y Ortiz, resaltan varias donaciones procedentes de fuentes prohibidas por la normativa, implicando a entidades jurídicas como Fecode, USO e Ingenial Media. Tales aportes violarían las regulaciones sobre financiamiento de campañas, sugiriendo un patrón de ocultamiento financiero que se repitió en ambas vueltas electorales.
Entre los gastos no reportados se incluyen costos de transporte aéreo y pagos por concepto de testigos electorales, que suman considerables montos.
Una irregularidad particularmente notable se relaciona con el evento de celebración del triunfo de Petro en el Movistar Arena, cuyo costo se fraccionó irregularmente para, presumiblemente, evitar el sobrepaso del límite de gastos. La intervención del gerente de campaña, Ricardo Roa, quien cubrió parte del gasto con su tarjeta de crédito personal, representa un ejemplo del esfuerzo por esquivar las restricciones legales sobre financiación.
El proceso sancionador que podría desencadenar estas investigaciones abarca multas significativas tanto para los responsables directos de la campaña como para los entes donantes, además de posibles repercusiones más amplias para los partidos políticos involucrados. El seguimiento al caso incluirá etapas de presentación de descargos, práctica de pruebas y, eventualmente, formulación de sanciones, las cuales podrían impactar la carrera política del presidente Petro y las organizaciones que contribuyeron a su campaña.
