Hablemos de fideicomisos y autoritarismo Heraldo de Aguascalientes

A pesar de que la mayoría de la población ve el actuar del ejército como “imparcial” o “pulcra” y, partiendo de lo anterior, justifican su presencia en las calles para combatir la inseguridad, existen muchos casos que demuestran lo contrario. La desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya (donde 22 civiles fueron asesinados por integrantes del ejercito mexicano) y el más reciente que fue el caso de Heidi Mariana (una niña de cinco años que fue asesinada por integrantes del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas), son algunos ejemplos de cómo las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores de seguridad pública, exponiendo a la ciudadanía a ser víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de militares. Sin embargo, en esta ocasión vamos a abordar un caso en particular que, considero, debe conocerse en todo el país: el caso de Jorge y Javier.

Jorge Mercado y Javier Mercado eran dos estudiantes del Tec de Monterrey, becados por excelencia académica, que el 19 de marzo de 2010 fueron asesinados por elementos del ejército a pocos metros de dicha institución educativa, militares aseguraron en ese momento que se trataban de sicarios, que iban “armados hasta los dientes”. En 2019, la Secretaría de Gobernación emitió una “disculpa pública” de parte del ejército mexicano por los casos de violaciones a derechos humanos, sin embargo, no se emitió un pronunciamiento explícito sobre la negligencia por parte de los altos mandos del ejército y tampoco se retomo la importancia de contar con elementos profesionales de seguridad pública. La semana pasada, un juez penal del Estado de Nuevo León dictó sentencia definitiva en contra de 5 elementos del ejército que estuvieron involucrados en este caso, condenándolos a 90 años de prisión, tomando en cuenta la multiplicidad de delitos que involucran el asesinato y desaparición de ambos estudiantes.

Han pasado más de 12 años para que se resolviera este caso, mientras tanto, las últimas tres administraciones federales han fomentado la inmersión de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y, en particular el caso de la actual gestión de López Obrador, la institucionalización de la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que, entre 2019 y 2021, se presentaron 1,652 quejas por posibles violaciones a derechos humanos por parte del ejército y la guardia nacional, ejemplificando como casos similares a los que acabamos de describir pueden estar sucediendo a lo largo de la república y en vez de atender a dicha problemática, el gobierno federal está impulsando aun más la militarización en nuestro país.

Según cifras de la Auditoría Superior de la Federación, el monto total de fideicomisos que acumula la Defensa Nacional es de aproximadamente 99, 426 millones de pesos, ahora llevando a cabo labores de obra pública y transporte (como es el caso del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles). Mientras que Morena impulsa presupuestalmente a una institución que históricamente se ha caracterizado por violar derechos humanos, recientemente la cámara de diputados aprobó el apoderamiento de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (sin emitir algún criterio técnico claro que justifique la apropiación), así como en ocasiones anteriores, han retirado apoyos a la investigación y atención a desastres naturales (como sucedió en 2020 con la eliminación de 109 fideicomisos, afectando a todos los centros públicos de investigación), mientras que siguió el incremento del presupuesto al ejército. Ahora, es necesario recordar la información relacionada al actuar de las fuerzas armadas se encuentra catalogada como “información clasificada” por ser de seguridad nacional, por lo tanto, con estas acciones también se está ampliando el espectro de opacidad en la operación de los recursos públicos.

Muchos críticos aliados al gobierno federal han dicho que se deben discutir los fideicomisos y la asignación presupuestal para justificar el ataque presupuestal a instituciones públicas que no son afines a los intereses de Morena ¿por qué no cuestionan el apoyo desmesurado que López Obrador le da al ejército a pesar de las violaciones a derechos humanos que han cometido? ¿por qué justifican el castigo presupuestal hacia instituciones civiles que trabajan, día con día, por fomentar la democracia y el progreso efectivo del país? Y la pregunta que debemos hacernos actualmente ¿por qué decide atacar al único poder que puede ser un contrapeso a dichas violaciones a derechos humanos? Morena está imponiendo un régimen de opacidad y autoritarismo, auspiciado por un falso discurso de austeridad, en contra de la democracia constitucional y la transparencia.