La JEP recibió certificación de Estados Unidos por sus condenas a violadores de derechos humanos Infobae
Se emitió una certificación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos que reconoce el compromiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Este reconocimiento se produce en un contexto en el que Colombia se encuentra en una encrucijada histórica, tratando de consolidar la paz y la justicia en medio de un conflicto interno con varios grupos guerrilleros activos.
Según el documento oficial, altos oficiales militares están siendo responsabilizados por su participación en ordenar, cometer y encubrir casos de ‘falsos positivos’ y otras ejecuciones extrajudiciales, así como otras graves violaciones de los derechos humanos.
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La certificación subraya que la JEP, en colaboración con otras autoridades judiciales, está desempeñando un papel crucial en garantizar que los responsables de estos crímenes enfrenten una sentencia y rindan cuentas por sus acciones.
Además de reconocer los esfuerzos de la JEP, el Departamento de Estado también destacó los avances significativos que Colombia ha logrado en la reducción de amenazas y ataques dirigidos contra defensores de los derechos humanos y otros activistas. La protección de los líderes sociales y la promoción de un entorno seguro para aquellos que luchan por los derechos fundamentales son elementos que están en construcción de una paz sostenible en el país sudamericano, cómo lo destaca el mecanismo de justicia transicional.
También se subrayan los progresos consistentes en la protección de las comunidades afrocolombianas e indígenas. La inclusión de estas poblaciones en el proceso de paz, de acuerdo con el objetivo del certificado, es para abordar las históricas desigualdades y la discriminación que han enfrentado durante décadas.
Este es el segundo certificado que recibe el país por parte de Estados Unidos
Cabe destacar que este certificado se suma a otro que Colombia recibió previamente por sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas.
Es importante recordar que estos documentos son necesarios para cumplir con los criterios establecidos por el país norteamericano, cuando el Comité de Apropiaciones del Senado aprobó una asignación de 487 millones de dólares para Colombia en el año fiscal 2024, que comenzará en octubre de 2023.
A través de ese comunicado oficial, el presidente Joe Biden destacó la relevancia de Colombia como un aliado estratégico en América del Sur en la batalla contra el tráfico de drogas. En su declaración, enfatizó la necesidad de que el Gobierno nacional concentre sus recursos y esfuerzos en las zonas donde se cultiva coca, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible de las comunidades locales.
“Es una señal de que vamos por el camino correcto. Nos indica que así es como podemos contribuir local e internacionalmente a resolver esta problemática, de modo que deje de causarnos tanto sufrimiento. Esta decisión da fe de que hay un entendimiento pleno entre nuestra política de drogas, la comunidad internacional y el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Según lo estipulado por el Gobierno estadounidense, la entrega del 20% de los fondos destinados a combatir el narcotráfico dependía de la certificación del secretario de Estado, que ya se obtuvo; otro 20% está sujeto a esta certificación que confirmó que la JEP y otras autoridades judiciales están condenando a los autores de violaciones a los derechos humanos.
También se estipuló que el monto estaría condicionado a medida que se lograran avances en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este enfoque integral busca no solo abordar las causas fundamentales de la violencia y la inseguridad en Colombia, sino también fortalecer las instituciones encargadas de proteger la seguridad de la sociedad civil.
Y se acordó que un 5% de los fondos será desembolsado cuando el país esté efectivamente procesando ante la justicia a los miembros de la Policía que hayan dado órdenes, dirigido acciones con uso excesivo de la fuerza o participado en actividades ilegales durante las protestas de 2020 y 2021.
