Otro masivo acto de María Corina Machado, ahora en la cuna de Diosdado Cabello Infobae
La precandidata opositora venezolana María Corina Machado encabezó un masivo acto de campaña en el estado Monagas, la cuna de Diosdado Cabello. A un mes de las elecciones primarias, la líder de Vente Venezuela denunció hostigamientos y persecución del régimen de Nicolás Maduro.
“El régimen arrecia y en estas últimas horas aquí en Monagas hemos sufrido nuevamente hostigamiento y persecución. Utilizan distintos órganos, se presentó el Sebin, Dgcim, Seniat, la Alcaldía. No sé a quién más pretenden traer para intimidar pero lo que logran es precisamente lo contrario”, manifestó Machado.
Y siguió: “Esto es una política sistemática de persecución a la disidencia. Esto es persecución política”.
Luego se refirió al poco tiempo que falta para la celebración de las primarias: “Estamos a 31 días de un evento histórico que nos hemos dado los ciudadanos porque hemos escogido esta vía con el fin de lograr el cambio. Estamos en la recta final de organización. El 22 de octubre de lo regalamos a Venezuela. Un día de vigilia, desde que amanezca hasta que contemos el último voto”, señaló.
“Lo que se ha despertado es más que esperanza, es una certeza, es confianza. Dimos el paso y decidimos volver a creer, y esto vale la pena porque se trata de salvar el país y que ningún joven venezolano piense en irse”, subrayó.
Machado también hizo mención a la presentación del último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país. “Específicamente se hizo mención a lo que está haciendo el hostigamiento contra nuestras actividades, y contra venezolanos honestos y humildes que trabajan prestando sus servicios. Lo que está ocurriendo aquí en Monagas incrementa esta documentación”, aseguró.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una evaluación que abarca el período entre enero de 2020 y agosto de 2023. Durante este período, la misión encontró pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Esto incluye “al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 58 detenciones arbitrarias”.
Además, se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraban violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
“En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”, denunció Valiñas.
El informe de la misión señaló que a pesar de las protestas a fines de 2020 y principios de 2021, las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado. Además, se han intensificado los esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático en el país, con restricciones a las libertades individuales y colectivas. Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”, añadió.
Como ejemplo, la Misión destaca el caso de un grupo de seis sindicalistas que fueron condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión “por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año”.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, denunció Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión. “La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”.
La Misión ya había reportado en marzo que la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES), protagonistas de la represión, solo marca una continuidad para la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), ya que tiene el mismo accionar y cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos.
