Prisión contra 8 militares por caso Ayotzinapa, “asunto meramente político”, dicen abogados Milenio
Los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, señalaron que no existen pruebas directas hacia los ocho integrantes del ejército mexicano, luego de que se dictó formal prisión por su probable participación en el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
En entrevista con MILENIO Televisión con Carlos Zuñiga, los abogados de los efectivos acusaron que la jueza titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, no resolvió a través de imputación directa contra los elementos, por lo que buscarán impugnar mediante vía de amparo o apelación.
“No se les acreditaron circunstancias de modo, de tiempo, ni de lugar en las que ellos hayan participado o tenido alguna incidencia directa en la desaparición tan lamentable de los 43 estudiantes.
No hay ninguna prueba que los señale de manera directa y pues evidentemente nosotros impugnaremos ante los medios legales que tengamos a la mano, ya sea vía de amparo o vía de apelación, la resolución ilegítima y temeraria de la juez segundo”, acusaron.
A raíz de la declaración de un testigo protegido conocido como Juan, quien de acuerdo con los abogados afirmó que los normalistas no fueron entregados a la policía de Iguala, sino a los militares, sostuvieron que no estuvieron uniformados involucrados, argumentando que “participaron en otro evento en la finca Cristina atendiendo a otros muchachos que no están desaparecidos”.
“No hay ningún testimonio que diga que había estudiantes en la camioneta y oficiales de ejército (.
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) por el contrario hablan de elementos del ejército que acuden a la clínica Cristina a brindar auxilio en materia de seguridad a los estudiantes”; detallaron.
Consideraron que el auto de formal prisión contra 16 uniformados, se trata de “un asunto meramente político, donde están tratando de salvar lo que queda del sexenio y justificar la actuación del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas”.
Agregaron que la absolución de implicados, como lo fue a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, se debe a una “deficiente investigación de la fiscalía especial”, pues “lo único que tienen a la mano es vivir unas órdenes de aprehensión ya canceladas con anterioridad para buscar brincar el proceso electoral y que esto no sea un motivo del debate en los siguientes meses por parte de algún partido político”, concluyó.
SCZ
