Corrupción “se castiga poco y se castiga menos”, advierte estudio del Senado Milenio

A pesar del enfoque punitivo y la aprobación de drásticas reformas durante los últimos años, la corrupción “se castiga poco” y tanto las sanciones administrativas como las de carácter penal se redujeron numéricamente a partir de 2021.
De acuerdo con una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado, en 2021 ingresaron a las cárceles 860 personas acusadas por delitos de corrupción, es decir, 55 por ciento menos que el año anterior, cuando fueron recluidas mil 942 personas.
En el ámbito administrativo, las sanciones por faltas graves también disminuyeron considerablemente, pues entre 2016 y 2020 las destituciones de servidores públicos federales cayeron 71 por ciento, mientras las inhabilitaciones decrecieron 68 por ciento en el mismo periodo.
“A pesar del auge que ha tenido el enfoque punitivo y la aprobación de reformas drásticas como la prisión preventiva oficiosa, la realidad es que, en México, la corrupción se castiga poco, tanto por la vía administrativa como por la vía penal”, concluye el análisis suscrito por el investigador César Alejandro Giles.
El estudio titulado “¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021”, detalla que aun cuando entre 2014 y 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación por el Ministerio Público Federal, para 2021 en los centros penitenciarios del país había sólo mil 465 personas presas por delitos de corrupción.
Dicho número es significativamente menor al de otros delitos como el robo, que en ese año sumaba más de 125 mil personas presas; el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
Según el Instituto Belisario Domínguez, la disminución de las sanciones contra la corrupción tendría múltiples causas, entre ellas la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen atribuciones de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos, así como el debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización.
“Más que nuevas reformas o castigos más severos, lo que se requiere es asignar una cantidad razonable de recursos a las instituciones del Estado, así como revisar, fiscalizar y mejorar la actuación de las autoridades que se encargan de hacer cumplir las normas: desde los órganos internos de control y los tribunales de justicia administrativa, hasta los ministerios públicos y jueces que intervienen en las diferentes etapas del proceso penal”, puntualiza el documento.
JLMR