Montevideo, 10 mar (EFE).- El diputado Conrado Rodríguez, integrante del Partido Colorado (centro-derecha) que pertenece a la coalición del Gobierno, lanzó una iniciativa para ofrecer la ciudadanía uruguaya a algunos de los más de 300 opositores nicaragüenses al Gobierno de Daniel Ortega mediante una "gracia especial" de la Asamblea General. El régimen de Ortega viene de expulsar a 222 presos políticos hacia los Estados Unidos y le ha quitado la ciudadanía a otros 94 opositores que se encontraban en el exilio, además de confiscarles sus bienes y tipificar que eran "traidores de la patria" y, por ende, "apátridas". Esta propuesta recibió el apoyo del Partido Colorado (centro derecha) el lunes pasado a través de un comunicado en el que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación mostraba su "apoyo" a su diputado y señalaba que este era un "gesto de solidaridad" que reconoce una "larga y rica tradición" de Uruguay. "Es una situación muy grave que viene de una escalada de arbitrariedad y autoritarismo por parte del régimen de Ortega y que ha llevado a retirarle la nacionalidad a más de 300 personas, algunas desde el extranjero para evitar la cárcel o la muerte", dijo en una entrevista a Efe Rodríguez. El legislador apuntó que apelará a un mecanismo del literal C del artículo 75 de la Constitución uruguaya en el que se especifica que tienen derecho a la ciudadanía legal "los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial por servicios notables o méritos relevantes" y que prosperó en ocho casos en toda la historia uruguaya. UN MECANISMO INUSUAL Aunque la última vez que se activó este mecanismo legal fue en 1985, el diputado aseguró que, en la medida que haya voluntad política, se daría la mayoría necesaria para darles la nacionalidad a estos expatriados. En ese caso se le dio la ciudadanía por parte de la Asamblea General al exsenador chileno Anselmo Sule, que había amparado y cobijado a uruguayos que huían de la dictadura cívico-militar en el país (1973-1985) y a quien durante la dictadura militar de Augusto Pinochet -entre 1973 y 1990- le retiró la ciudadanía. "En el caso de la Constitución, que habla de méritos relevantes, entiendo que hay muchos de esos 94 opositores exiliados que se encuentran en esta condición", destacó Rodríguez. Puso de ejemplo al escritor Sergio Ramírez Mercado, quien fuera vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 durante la primera presidencia de Ortega; a la escritora Gioconda Belli y a la defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos, Vilma Núñez. Para los casos en los que no existe esa calificación, el legislador señaló que Uruguay tiene la ley de refugiados políticos y la ley de apátridas, que ofrece determinadas protecciones y facilidades para poder viajar a distintos lugares. CASO POR CASO La abogada y catedrática en Derechos Humanos por la Universidad de la República (UdelaR) Mariana Blengio, se refirió a este caso como un "problema" vinculado al derecho a la nacionalidad, reconocido en 1948 mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos y recogido por la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto a la propuesta de Rodríguez, Blengio dijo: "No he visto aún ningún proyecto de ley que eventualmente buscara una solución, solo una expresión de voluntad por parte de un representante del Partido Colorado, así que no puedo analizar la viabilidad de esa iniciativa". Analizando cada situación, la experta en Derechos Humanos indicó que, en este caso, confluye el hecho de que si los expatriados vinieran a Uruguay y manifestaran su interés en quedarse, "podrían acogerse como refugiados mediante la protección del Estatuto del Refugiado". Vecinos latinoamericanos como Chile y Argentina ya han anunciado que están en condiciones de otorgar, respectivamente, la ciudadanía argentina y la residencia y la nacionalidad chilena a los más de 300 opositores expatriados en Nicaragua. (c) Agencia EFE
