Colima, Morelos, Nuevo Len y Oaxaca, los estados ms letales para las mujeres Milenio

Queta fue degollada en Coatzacoalcos, Veracruz, en la madrugada del 1 de enero de este ao.
Ese mismo da asesinaron a otra mujer, presuntamente con arma de fuego, en Tototln, Jalisco.
En febrero, encontraron estrangulada a la argentina Agostina Jalabert, de 31 aos, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
El 4 de marzo fue hallada muerta y con signos de violencia Mara de Ftima Pech, de la misma edad, en Motul, Yucatn.
Ya se hizo costumbre que los medios reporten cada da feminicidios en todas las entidades del pas.
Esta una tendencia sostenida desde hace aos, pese a los esfuerzos que durante ms de dos dcadas realizan las organizaciones civiles por denunciar y visibilizar la violencia contra las mujeres.
Ana Yeli Prez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona y asesora jurdica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sostiene que los feminicidios tienen ese nivel de frecuencia por la carencia de acciones del Estado mexicano en materia de prevencin.
La tendencia a nivel nacional contina al alza en los ltimos aos, pero se ha intensificado en esta administracin.
En las cifras de delitos y vctimas por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2022, el aumento ha sido, respectivamente, de 113.
45 y 111.
59 por ciento, de acuerdo con las estadsticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica.
En un delito puede haber ms de una vctima.
De acuerdo con los datos oficiales, los feminicidios se duplicaron en los ltimos ocho aos: pasaron de 412 en 2015 a 984 en 2022.
El ao rcord fue 2021, cuando 980 mujeres fueron asesinadas por su condicin de gnero.
Familiares y parejas feminicidasLas razones y los contextos en que se registran los feminicidios son diversos, explica Ana Yeli Prez.
Ocurren en los mbitos pblico y privado.
Pero si bien en el 70 por ciento de los casos se ignora quines son los feminicidas, en el resto de casos las autoridades s saben que los agresores fueron la pareja u otro familiar.
Ese 30 por ciento de los crmenes sucede en el espacio familiar, en el mismo domicilio de las vctimas, segn las mismas cifras oficiales.
Y justo ah es donde el Estado podra efectuar polticas de prevencin, advierte la abogada, sobre todo en un contexto en el que las mujeres han denunciado que padecen violencia en casa.
A pesar de ello, enfatiza la asesora jurdica, ?las autoridades no estn haciendo nada para evitar que esa violencia se incremente y termine en feminicidio.
En el caso de las rdenes de aprehensin, no se implementan de manera efectiva, se quedan en oficios?.
La triste conclusin es que si el Estado no tiene la capacidad de prevenir el feminicidio ntimo, en los propios hogares, menos la tiene para detener aquellos que ocurren en contextos complejos, ?donde se requieren esfuerzos ms sofisticados, de inteligencia, que tienen que ver con el crimen organizado, con desmantelar estructuras que impactan la vida de las mujeres?.
Los ms letales; Colima, a la cabezaEn 2022, la media nacional de los delitos y las vctimas de feminicidio fue de, respectivamente, 1.
43 y 1.
46 por ciento.
Son 10 las entidades que rebasan esos nmeros y cada una de ellas estn ubicadas en diversas zonas del pas, desde el sur al norte: Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.
Colima encabeza la lista de fatalidades, con ms de cuatro feminicidios por cada 100 mil habitantes.
En Morelos y Nuevo Len ocurren tres asesinatos de mujeres por cada 100 mil ciudadanos, mientras que la incidencia en Oaxaca, Chihuahua y Campeche es dos por cada 100 mil.
Durango, Michoacn, Sonora y Zacatecas estn por encima del 1.
5 por ciento.
Para Mara Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora del Comit de Amrica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), un factor del aumento de los feminicidios en esas 10 entidades y en las restantes es la impunidad.
Los niveles de violencia de gnero, particularmente los feminicidios y las desapariciones de nias y mujeres, se incentivan dado que el mensaje ha sido que pueden cometerse esos delitos, indica Ramos Ponce, quien tambin es docente e investigadora en la Universidad de Guadalajara.
?Muy pocos casos estn vinculados a proceso.
Si haces un anlisis de delitos de feminicidio, detenidos y sentencias, el nmero (de gente procesada) va bajando?, expone y confirma que no existen polticas pblicas de prevencin a nivel nacional, estatal y municipal.
Acaso, seala Ramos Ponce, hay pequeas acciones y campaas, pero desvinculadas de las polticas necesarias: ?Por eso no hay impacto en la erradicacin de las violencias contra nias y mujeres?.
En ese sentido la investigadora menciona acciones mediticas que surgen en el contexto del 8 de marzo, Da Internacional de las Mujeres, o el 25 de noviembre, Da Internacional de la Eliminacin de la Violencia contra la Mujer.
Pero incluso aquellos feminicidios que se vuelven mediticos son atendidos de manera momentnea, mientras existe presin social.
?A las semanas, el asunto se olvida?, se lamenta Ramos Ponce.
Recuerda el caso de Luz Raquel Padilla, en Jalisco.
La fiscala estatal dijo que ella misma se haba quemado y que se trataba de un suicidio.
?Gener indignacin social, pero fue solo un momento?.
Otro ejemplo es el del primer caso reconocido como feminicidio en Jalisco, despus de la tipificacin jurdica en el 2012.
Sigue sin una sentencia definitiva pese a su difusin en medios.
La falta de justicia, opina Ramos Ponce, es resultado de la incapacidad gubernamental para atender los casos, pero tambin inciden la falta de voluntad poltica y la ignorancia.
En ese sentido, percibe que ?hay un comn denominador entre el presidente Andrs Manuel Lpez Obrador y, por ejemplo, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro en el tema de la violencia contra las mujeres?.
A nivel federal, expone, no se ha dado el mismo ahnco a la violencia de gnero como al pregonado combate a la corrupcin.
A nivel estatal, recuerda que Alfaro dijo recientemente que el tema de los feminicidios ?va mucho ms all de lo que puede hacer un gobierno?.
?Es ignorancia?, indica la especialista.
?Son discursos y narrativas de hace dos o tres dcadas.
Mandatos internacionales ordenan a los Estados generar polticas pblicas de proteccin y establecen con claridad que la violencia domstica no es asunto ntimo, sinoresponsabilidad del Estado, pero en Mxico hay un discurso aejo que se recicla.
Es una regresin total?.
Distorsin estadstica de feminicidios Prez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona, denuncia que Guanajuato no figura entre los estados con ms feminicidios porque la fiscala estatal determin que de 434 asesinatos contra mujeres, solo el 4.
48 por ciento ?es decir, 21 casos?, los investiga bajo esa tipificacin de delito.
En estados como Guanajuato, ?hay contextos que agravan la discriminacin generalizada, por la disputa por el territorio entre grupos de la delincuencia organizada.
Eso impacta la vida de las personas y, por supuesto, la vida de las mujeres?, manifiesta.
En todo el pas, alerta, buena parte de los feminicidios se catalogan como homicidios dolosos, o incluso como culposos y suicidios.
?Eso es ocultar la realidad de la violencia?, denuncia la abogada.
Menciona los casos de violencia familiar.
?Se traducen en miles por cada entidad.
A cuntas de esas miles de mujeres estn realmente protegiendo, ms all de un oficio con una orden de aprehensin? Un rondn no le sirve para nada a una mujer.
No se atienden esos potenciales feminicidios?.
Para tratar de paliar esas deficiencias, las organizaciones civiles se han especializado en acceso a la justicia, buscan una respuesta efectiva de las autoridades para atender las muertes violentas de mujeres por razones de gnero, y luchan para que se incorpore la perspectiva de gnero en las investigaciones y los procesos judiciales, explica Ana Yeli Prez.
Esto rinde algunos frutos y ha conllevado la tipificacin del delito, la creacin de protocolos y la capacitacin de servidores pblicos en el mbito de procuracin y administracin de justicia.
Estas medidas, indica, sin ser fallidas estn concentradas en uno de los derechos que el Estado debe garantizar: el acceso a la justicia.
Pero donde los esfuerzos hasta ahora son insuficientes es en la prevencin de la violencia en general, ocasionada por la discriminacin estructural en la sociedad, adems de la presencia del crimen organizado y el acceso a las armas.
?Lo palpamos de manera clara, no se implementan los mecanismos de proteccin para las mujeres de manera efectiva en ninguno de los estados?, considera la asesora jurdica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Lo que se requiere, concluye la vicecoordinadora del Cladem, Ramos Ponce, son polticas pblicas efectivas.
?Hemos avanzado en la creacin de todo un andamiaje jurdico e institucional, pero no se ha logrado que esas polticas de verdad incidan en los tres niveles de gobierno y que puedan ser transexenales, ms all de partidos y de colores?.
En su diagnstico, se deben involucrar instituciones como la Secretara de Educacin Pblica, ?para generar en las escuelas otras formas de relacionamiento entre nios y nias, y romper con los roles.
Solo si se involucra de verdad a todo el Estado se puede generar un compromiso poltico de erradicar las violencias?.
JLMR