¿Corrupción dentro de las delegaciones de la FGR? Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
La ejecución del delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, conocido como “El Padrino”, ocurrida sobre el Boulevard Hidalgo en Reynosa, Tamaulipas, no solo es un episodio más de violencia en una de las regiones más convulsas del país: es un llamado urgente a las autoridades federales para emprender una limpieza profunda dentro de las filas de la institución encargada de procurar justicia.
Vásquez Reyna ostentaba el cargo desde 2006, un periodo inusualmente largo para una delegación federal en un estado marcado por la presencia histórica del Cártel del Golfo y, más recientemente, del Cártel del Noreste.
La constancia con la que conservó su puesto, así como su estilo de vida —incluyendo una camioneta de lujo que, según reportes, no fue proporcionada por la FGR—, ha levantado sospechas sobre su relación con actores del crimen organizado.
De acuerdo con reportes de inteligencia filtrados, varios ministerios públicos federales en Tamaulipas están en la mira de organizaciones criminales tras el incumplimiento de acuerdos pactados en la sombra, donde se presume que se garantizaba protección y modificación de carpetas de investigación en favor de integrantes del crimen organizado.
La ejecución de Vásquez Reyna no sería, entonces, un hecho aislado, sino la consecuencia de un ajuste de cuentas por traicionar esos pactos.
Estas revelaciones exponen un patrón preocupante: la captura de instituciones de justicia por parte del crimen organizado, situación que, lejos de ser exclusiva de Tamaulipas, también salpica a otras delegaciones del país.
Un caso que ha permanecido silenciado —pero que está bajo investigación— es el de la delegación de la FGR en Aguascalientes, donde se han documentado actos de corrupción, extorsión y tráfico de influencias entre los mismos funcionarios.
La Información Filtrada señala que, en los últimos años, algunas delegaciones de la FGR han operado como brazo ejecutor de organizaciones criminales y políticas, dictando a conveniencia sobre quién merece el peso de la ley y quién debe ser protegido. Esto vulnera de forma alarmante el principio de imparcialidad y justicia que debería regir a una institución federal.
Se espera que este tema salga a la luz en las próximas semanas durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente cuando se aborde el tema de seguridad y esté presente el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Sería el momento adecuado para que la administración federal rompa el silencio, reconozca la infiltración institucional y actúe con firmeza.
La ejecución de Vásquez Reyna no puede quedar como una estadística más. Es una oportunidad para que la Presidencia y la FGR rindan cuentas, depuren sus estructuras y demuestren que la justicia no está en venta ni secuestrada por el crimen ni por intereses políticos.
Si no se aprovecha este momento para emprender una reforma profunda y valiente, los tentáculos del crimen seguirán atrapando a quienes deberían combatirlo desde dentro. Y la sociedad mexicana, una vez más, será la principal víctima de esa complicidad.
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