Los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes, violados sistemáticamente debido al racismo y la desigualdad MPV

Los trabajadores domésticos migrantes son objeto de violencia física, acoso y violencia sexuales por parte de sus empleadores y de los familiares de éstos, asegura la experta de la ONU en la trata de personas.

La trata de personas en el sector del trabajo doméstico sigue siendo un fenómeno muy extendido, que afecta especialmente a las mujeres, explicó la relatora sobre el tráfico de personas, Shiobán Mullally*, en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos.

La prevalencia de la trata y de otras vulneraciones de los derechos humanos se explica por el hecho de que sigue sin regularse el sector del trabajo doméstico y no se garantizan condiciones de trabajo justas y equitativas.

El trabajo doméstico está sumamente racializado y a menudo es realizado por mujeres pertenecientes a minorías raciales, mujeres indígenas y mujeres migrantes, refugiadas y apátridas.

El 61% de las víctimas de la trata son mujeres y niñas

“El racismo y la desigualdad de género crean un clima de impunidad donde se violan sistemáticamente los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes”, afirmó Mullally. Estas mujeres suelen ser reclutadas con falsas promesas laborales por intermediarios sin escrúpulos. Al llegar al país de destino, las condiciones laborales no se corresponden con el contrato inicialmente ofrecido.

El Informe mundial sobre la trata de personas (2024) señala que, en 2022, el 61 % de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo eran mujeres y niñas, la mayoría de ellas con fines de explotación sexual. Sin embargo, también hay un gran número de mujeres y niñas víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso, principalmente trabajo doméstico.

Mullally señaló que los trabajadores domésticos migrantes son objeto de violencia física, acoso sexual y violencia sexual, incluida la violación, por parte de sus empleadores y de los familiares de éstos.

El informe identifica varios factores estructurales que aumentan el riesgo de trata: la aplicación deficiente de las leyes laborales, la falta de acceso a migración regular y segura, los visados ligados al empleador (que impiden cambiar de trabajo) y la ausencia de acceso a justicia, reparación efectiva y compensación.

“A pesar de reformas legislativas, la aplicación práctica de los derechos laborales es limitada o inexistente”, señaló la experta.

La tecnología facilita la trata

Al igual que en otros sectores, la trata facilitada por la tecnología va en aumento, y se utiliza principalmente para captar y reclutar a mujeres jóvenes y a niñas a través de medios sociales y de aplicaciones que difunden falsas oportunidades de empleo o becas.

“El creciente uso de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, en la contratación requiere una atención urgente”, afirmó Mullally.

Sin embargo, las tecnologías digitales también pueden utilizarse de manera positiva para actuar contra la trata de personas, en particular mediante el uso de la inteligencia artificial para detectar indicadores de la trata, y mejorar de la labor de prevención e investigación.

Acuerdos bilaterales pueden proteger los derechos de los trabajadores

La aplicación efectiva de los derechos laborales, los derechos de residencia y las vías de acceso a la ciudadanía son esenciales para prevenir la explotación.

Asimismo, los acuerdos bilaterales de migración laboral pueden reforzar y proteger los derechos de los trabajadores cuando se basan en las normas internacionales de derechos humanos y laborales. Se deben supervisar eficazmente los procesos de contratación y garantizar la rendición de cuentas cuando se violan los derechos humanos y las normas laborales.

La relatora subrayó que debe reforzarse la cooperación internacional para garantizar la rendición de cuentas por la trata de seres humanos en el contexto de la migración y el trabajo doméstico, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas.

*Shiobán Mullally es Relatora Especial sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños.

Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o la OACDH.

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