Un Toro de época Mundo Ejecutivo

Pasaron tres décadas para que el ciclismo mexicano contara con un corredor de primera línea que destacara en una prueba tan importante como el Giro de Italia.

Desde aquellos años en que el regiomontano Raúl “El Duende” Alcalá ganó dos etapas del Tour de Francia, una de ellas una contrarreloj venciendo al legendario español Miguel Indurain, México no contaba con un ciclista de alto nivel.

Pese a que el sueño de todo México veía a Isaac del Toro como ganador del Giro de Italia, una remontada inesperada del británico Simon Yates en la penúltima etapa echó por tierra todas las ilusiones.

No obstante, aunque el oriundo de Ensenada, Baja California, perdió la Maglia Rosa, ya es considerado como uno de los mejores ciclistas del mundo, al obtener un histórico Subcampeonato y la Maglia Blanca, que lo distingue como el mejor joven de toda la competencia.

Sin duda, este es el inicio de una prometedora carrera para Del Toro, quien estableció un récord al portar durante diez días seguidos la Maglia Rosa, además de que se convirtió en el segundo connacional en ganar una etapa, al levantar los brazos en la jornada 17 y ser el primer juvenil en 85 años en subirse al podio. Enhorabuena para Isaac del Toro. El gran reto vendrá en julio con el Tour de Francia.

Elección judicial: el abstencionismo como rendición

La noticia fue la baja afluencia en las casillas, la apatía evidente, de sobra las manifestaciones “anti-elección judicial”. De la poca participación, no se vieron, o no se denunciaron, acarreos descarados del voto clientelar; bastaron todas las variantes de acordeones -papelitos, mantas, por mensaje de Whatsapp, hasta en obleas-, para cumplir con la primera elección judicial donde se eligieron mediante voto popular a nueve ministros, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), 15 magistraturas de salas regionales del TEPJF, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 446 cargos para magistraturas de Circuito, 386 jueces de distrito en diferentes materias, además de 1,800 cargos a nivel local en 19 entidades.

Si acaso lo más relevante de la jornada fue la primera aparición pública de López Obrador a nueve meses de haber dejado la Presidencia, y las presuntas irregularidades que se registraron en las otras elecciones, las de Durango y Veracruz, esas sí, más disputadas, sobre todo en el primer estado, mientras en el segundo sigue arrasando Morena. El mérito del Instituto Nacional Electoral de sacar adelante, hasta ahora, una elección inédita, con premura de tiempo y un presupuesto limitado, instalando el 99.9 % de las casillas y, se espera, logre cumplir el conteo final sin problemas.

Será este lunes cuando se tenga un avance de los resultados de la elección de ministras y ministros para caer en la cuenta de que, se haya votado o no, aunque hubiera un abstencionismo mayor al 90 por ciento, habrá un nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta quién se perfila para presidirlo, donde vendrá otra oleada de críticas e inconformidades. Luego, cuando se conozca si llegaron a los cargos judiciales aquellos con antecedentes cuestionables o con evidentes grupos de interés detrás de ellos y difícilmente habrá forma de impedir que asuman su nuevo puesto de elección popular.

La deuda, de la oposición -entendiendo a todos los actores e intereses contrarios a la reforma judicial, no sólo los partidos-, que dejó el campo libre para que Morena operara a sus anchas para hacer un poder judicial a su medida, que al verse incapaz de impedir la reforma judicial lo mejor que se le ocurrió fue no hacer nada, no colocar perfiles, no ser opción. Cuando se dé a conocer el nivel de abstencionismo de la primera elección judicial no será una derrota para quienes apoyaron la reforma, que con el porcentaje de votación mínimo habrán logrado el cambio que querían y colocado a los que quisieron; significará el nivel de la rendición de quienes tomaron la peor decisión: no participar y dejar el campo libre.

La elección más costosa de los últimos tiempos

Ya no hay vuelta atrás. Habrán de pasar 90 días para que los nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación ocupen sus cargos. Todavía habrán de transcurrir algunos meses más, quizá años, para saber si la reforma satisfizo los objetivos con los que se promovió, o terminó convirtiéndose en una reconfiguración institucional más, dictada por intereses políticos y no por las necesidades de justicia de la ciudadanía.

En lo inmediato se anticipan momentos difíciles en un proceso que fue ampliamente cuestionado por su desaseo, tanto en su diseño como en su aprobación. La premura legislativa, la falta de consensos y la escasa participación de actores clave del sistema judicial han sembrado dudas sobre su viabilidad pero, sobre todo, su legitimidad.

Hay elementos para anticipar una crisis de confianza en el nuevo Poder Judicial, toda vez que una buena parte de los candidatos que habrán de obtener alguna plaza carecen de la experiencia requerida para ocupar puestos altamente especializados y, para colmo, mantienen cierto grado de cercanía con alguna fuerza política.

El impacto más fuerte provendrá del mundo de las empresas y las finanzas. Ya desde antes de la aprobación de la Reforma, la calificadora Moody’s había adelantado que los cambios podrían afectar la calificación crediticia de México dados los riesgos asociados a la incertidumbre jurídica, y… la posible politización del poder judicial. Fitch se había pronunciado en el mismo sentido, resaltando la falta de un ambiente propicio para las inversiones. Empresas multinacionales como Walmart también se han sumado a esta inquietud.

Pese a los espectaculares anuncios de inversión extranjera, desde Palacio Nacional, el futuro pudiera resultar no tan prometedor. A falta de claridad muchas empresas foráneas mantienen en pausa sus inversiones en sectores estratégicos. La falta de confianza en el sistema judicial podría elevar los costos legales y operativos de las empresas lo que no tardaría en golpear el bolsillo de los consumidores.

Se abre una etapa incierta y de alto riesgo para el Estado de derecho. Un claro ejemplo de que la democracia, pese a sus múltiples bondades, no es necesariamente un sistema de organización social que se pueda aplicar a todos los renglones de la vida pública. Con la elección de ayer podría haber quedado comprometida la autonomía judicial y sometida a los designios de los otros poderes algo que más temprano que tarde va a terminar por exacerbar la polarización social y política.

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