Emergencia y catástrofe Heraldo de Aguascalientes

Por: Otto Granados Roldán

El pasado 23 de febrero se viralizó en redes sociales[1]el video donde un alumno de la secundaria técnica 67 de Ciudad de México intenta leer un texto en español en presencia de Claudia Sheinbaum. Era una de esas prácticasque, como osos de organillero, acostumbran los maestros con los estudiantes cuando va alguna personalidad a visitar la escuela. El número no resultó. El chico, de unos 13 años, se mira angustiado, alcanzó a decir apenas unas cuantas palabras entre risas de la ilustre invitada y la directora del centro, trastabilló y abandonó frustrado el podio. Salió mal. O, mejor dicho, fue unreflejo trágico de lo que está pasando en buena parte de la educación pública mexicana. Veamos.

Establecer los fines de la educación es una reflexión filosófica tan antigua como la humanidad misma. Pero proporcionar una educación de calidad puede representarse de manera muy gráfica y consiste en que los niños aprendan lo que deben aprender, lo aprendan bien y eso se exprese en los logros de aprendizaje. En el episodio relatado, la pregunta es sencilla: ¿el alumno sabía leer, pudo hacerlo o no? Hay muchas salidas: trivializar el hecho, decir que se puso nervioso, tuvo un mal día u ofrecer explicaciones pedagógicas, pero el resultado es el mismo: no pudo. Y es criminal con el niño, con sus padres y la sociedad que la escuela pública no pueda proporcionar lo más básico: enseñarlo a leer debidamente. Quizá cuando, en modo woke, domine el náhuatl, correrá con mejor suerte.

Ése es el centro del problema en que México está metido —y vaya que ya tiene demasiados— y cuya solución exige reconocer que estamos ante una emergencia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Comprender que si lo que todo país quiere es que mejoren los logros de aprendizaje y las trayectorias de los estudiantes, eso dependerá de armonizar un círculo virtuoso compuesto por la efectividad y excelencia del modelo, los planes y programas educativos; las habilidades, competencias y desempeño de maestros y alumnos; la dedicación de los padres de familia; el liderazgo escolar; la formación y selección de docentes; la inversión en infraestructura, y los recursos tecnológicos y didácticos al alcance del alumno.

Dicho con otras palabras: tales piezas no son variables independientes, sino que van encapsuladas dentro de un complejo ecosistema educativo, en cuya cúspide están y deben estar los aprendizajes, y el resto organizado en torno a ese objetivo, como lo muestra la experiencia internacional. Por ejemplo, un estudio realizado en los sistemas escolares de 73 países durante la década previa a la pandemia en el que además se entrevistó a más de doscientos actores y líderes educativos encontró que los “sistemas exitosos se enfocan en las intervenciones más cercanas a los estudiantes: primero en el aula (qué se enseña, cómo se enseña), luego la escuela (qué apoyos existen para estudiantes y maestros) y, finalmente, alineando los apoyos del sistema (gestión del desempeño, infraestructura, financiamiento) con lo que se necesita en el aula”.[2] Todo eso debe abordarse de manera integral para que arroje los resultados deseados.

En ese contexto, ¿es lo que tenemos en México? Vamos por partes, diría Jack el Destripador.

La herencia recibida

¿Dónde estamos? Los resultados de las evaluaciones conocidas son categóricos, aunque no inesperados. En el sexenio 2012-18, el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes fue un mecanismo útil para saber si los niños estaban aprendiendo o no en áreas esenciales de su formación. Gracias a los incentivos positivos que ese instrumento introdujo, sobre todo a escala subnacional y a su utilidad diagnóstica, entre 2015 y 2018 once estados del país mejoraron en lenguaje y comunicación y dieciocho en matemáticas en secundaria, con puntajes estadísticamente significativos.

Ahora, sin embargo, el desempeño de los niños ha empeorado de manera dramática. En septiembre de 2023, Mejoredu, una instancia inventada (y luego desaparecida) por López Obrador, presentó su Evaluación Diagnóstica: confirma que en lectura, matemáticas y formación cívica, los alumnos mexicanos de 2º de primaria a3º de secundaria sólo aciertan en las pruebas, en promedio, 44% de los reactivos.[3] Esta evaluación, al margen de diferencias metodológicas, parece coherente con los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo que levanta OREALC/Unesco:[4] 58.4% de los alumnos mexicanos de 6º grado estuvieron por debajo del “nivel mínimo de competencias” en lectura y 62% en matemáticas. Es decir, reprobados.

La otra es la prueba PISA 2022. Numerosos especialistas la han desmenuzado yera previsible esperar malos resultados, así que recordemos sólo algunos para calibrar la crisis. En México, el 34% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior (de 6) de competencia en matemáticas, significativamente menor al promedio de la OCDE que es de 69%, y lejos del 85% de varios países asiáticos que lograron los mejores puntajes. En lectura, 53% de nuestros estudiantes alcanzaron el Nivel 2 frente al 74% en promedio OCDE, y en ciencias pasó lo mismo: 49% de los mexicanos versus el promedio del resto que fue de 76%. Peor, imposible.

La emergencia y sus orígenes

Atribuir los malos resultados a lo que pasó o dejó de pasar en un ciclo escolar no es el mejor camino para entender la complejidad educativa. Pongamos las cosas en perspectiva: una educación de calidad ha sido y es factor relevante para el progreso real, sostenido y equitativo de los países. Para que arroje resultados, las reformas necesitan tiempo y a veces largo; requieren continuidad y estabilidad, sobre todo si son buenas, como la que emprendió la administración Peña Nieto y ha sido ampliamente documentada.[5] Ese gobierno, reconoció Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación Básica entre 2018-2020, “tuvo el mérito de poner en práctica una Reforma Educativa de diseño sofisticado cuyo fin era elevar los aprendizajes (y ha sido), una de las más interesantes y serias jamás emprendidas” en México.[6] Sin embargo, el gobierno de Morena decidió, sin entenderla, eliminarla ni crear nada mejor en su reemplazo.

Con ese fin, el primer titular de la SEP, Esteban Moctezuma, hizo una supuesta “consulta” que, como señala Guevara Niebla, fueron “discusiones superficiales y abundancia de expresiones demagógicas e insultos”. Luego procedió —en un “gesto de prepotencia y de barbarie”, dijo su propio subsecretario —a cancelar la Reforma Educativa y con eso la posibilidad de reclutar mejores maestros, entre otras ventajas. Más tarde, recortó la mitad de los programas de la SEP, principalmente los dirigidos a las comunidades más pobres. Acto seguido, se inventó un engendro denominado “nueva escuela mexicana”, que jamás fue lo uno ni lo otro, aduciendo que era para contraponerse al “neoliberalismo consumista, utilitario”.

Ésa es la jerga que usó dicho funcionario hasta que fue removido del cargo, pero el daño ya estaba hecho. Y de tal conjunto de irresponsabilidades políticas, conceptuales y pedagógicas surgieron, entre otras cosas, la reconquista en la asignación de plazas por parte del SNTE, la destrucción del INEE y del Servicio Profesional Docente (SPD) y los nuevos libros de texto, acerca de los cuales muchos investigadores serios ya han concluido que serán un fracaso académico, técnico e histórico en toda regla.

Algunos de esos disparates han sido examinados previamente,[7] pero conviene detenerse en uno: la carrera docente. La obsesión —una “perturbación anímica”, según define la RAE— de López Obrador y Moctezuma contra la Reforma Educativa liquidó los procesos transparentes, competitivos, meritocráticos y rigurosos de selección, ingreso, contratación, promoción y permanencia de los docentes. En su lugar, recurrieron a la práctica de «basificar» maestros (es decir, regularizar, contratar o designar discrecionalmente, sin tamiz de calidad ni concursos de verdad) lo que permitió incorporar por ese atajo a 950,000 presuntos docentes en cinco años.[8] Peor aún: según Mejoredu, hay 156,000 personas que ejercen como docentes sin tener título profesional para eso.[9]

Y como gran final, ya con el nuevo gobierno, el SNTE logró la desaparición de USICAMM, la dependencia encargada del ingreso a la docencia, acusándola de“corrupción y conflicto de interés” —o sea, Drácula predicando la abstinencia sanguínea— y se ha convertido de facto en el traficante de plazas, promociones y nombramientos docentes. El saldo de esa práctica es evidente y explica, en buena parte, los malos resultados de los aprendizajes. Véase otro hallazgo de PISA 2022 que se ha subrayado poco: el 18% de los estudiantes mexicanos está en escuelas cuyo director admite que su personal docente es “inadecuado o mal calificado”, el doble que en 2018. Allí está la consecuencia de una selección opaca y viciada de maestros o de personas que dicen serlo.

Esa secuencia de hechos constituye, en síntesis, la herencia educativa del gobierno pasado. Al examinar el caso mexicano en un texto reciente, Fernando Reimers concluyó: “El fracaso en mantener la implementación de políticas sólidas a lo largo del tiempo, como la inconsistencia en los esfuerzos para seleccionar a los maestros sobre la base de los conocimientos y habilidades demostradas, ha llevado a un fracaso en la transformación de las oportunidades económicas y sociales en el país”.[10] En su descargo, hay que admitir que varios de los problemas del sistema educativo nacional vienen de antiguo pero, como dirían los escolásticos, si ese gobierno no quería el mal, lo consintió de manera deliberada, activa y sistemática.

Qué sigue

¿Qué hacer?, preguntaba el viejo Lenin. Por ahora, no se conoce a ciencia cierta el programa sectorial educativo del nuevo gobierno, salvo acciones sueltas y buenas intenciones: continuar con la llamada “nueva escuela”, reformar el nivel medio superior, aumentar lugares en universidades, lubricar el clientelismo electoral con reparto de más becas, suprimir exámenes de admisión para prepas en Ciudad de México, y poco más.

Como se menciona al principio de este texto, la educación de calidad es un ecosistema con distintos elementos, pero todos orientados a mejorar los logros de aprendizaje. Esto depende, a su vez, de los “qué” y de los “cómo”. Me explico: un rasgo extendido en el proceso de toma de decisiones es la abundancia de estudios, diagnósticos, investigaciones, opiniones (e incluso ocurrencias) que definen más o menos bien lo que se necesita, pero casi ninguno dice cómo. Es decir, cómo hacer para que las cosas ocurran, suponiendo que el gobierno actual buscara proveer una educación de alta calidad, algo que está por verse. Las siguientes reflexiones, no obstante, tratan de explorar ese camino.

Primero, la hoja de ruta. Cualquier país serio que se proponga mejorar los aprendizajes tiene que partir de un plan que sea obligatorio, vinculante y de mediano plazo, al menos para un horizonte de diez o quince años. Debe ser, con el tiempo, sometido a referéndum o algún tipo de consulta seria, con una elevada aprobación legislativa para articular un pacto político, sólido y plural, y con validación, acompañamiento y asistencia técnica tanto nacional como internacional.

Segundo, el liderazgo. Tendemos a pensar que del desempeño del titular de la SEP —bueno, regular o malo— deriva todo lo demás, pero la dura realidad no es así. El actual sistema educativo —un “elefante reumático”, según lo definió en 1983 don Jesús Reyes Heroles— es un enorme archipiélago disperso, burocratizado, ineficiente y esclerótico que funciona como silos inconexos entre sí, con áreas secuestradas por los sindicatos y las burocracias. Desde 1988 ha tenido dieciséis secretarios. Le es imposible ejercer una rectoría efectiva a nivel nacional y sus funciones normativas mínimas, lo que genera complicidades e incentivos perversos como la irresponsabilidad, ineficiencia y negligencia de algunos gobiernos estatales, que desde 1992 gestionan la educación básica, o bien limita e inhibe a otros que sí tienen capacidades y voluntad para hacer cambios y mejoras a nivel local.

Entonces, lo urgente es pensar y repensar cómo cambiar de manera radical la estructura, la arquitectura y la organización de la forma en que se gestiona y se hace la política educativa en el país y los estados. No quedarse en los “qué” sino ir hacia los “cómo”: cómo aprovechamos todo lo bueno de los “qué” y lo escalamos a las casi 232,000 escuelas públicas y privadas que hay en el país sólo en educación básica. Éste es un desafío mayúsculo: contar con un mapa de navegación técnicamente muy sólido, viable política y presupuestalmente, con respaldo social, estable, que tenga continuidad, y que alcance resultados concretos, tangibles y medibles.

Para eso, la decisión de arranque es política y consiste, dice un colega mío, en sacar a la política de las decisiones educativas o bien no lucrar con éstas para hacer política personal. ¿Qué significa esto? Blindar la conducción educativa del Estado ante las tres “C” que han sido muy dañinas: el cogobierno, la colonización y la captura por parte de intereses ajenos a la calidad y la mejora de los aprendizajes, sean sindicales o de cualquier otro tipo.

En tercer lugar, hay tal caos bajo los cielos que, si seguimos al Gran Timonel, es buen momento para intentar cambios disruptivos. Por ejemplo, para encontrar el mejor perfil profesional, académico, técnico y político de los secretarios de Educación a nivel nacional y en los estados, es indispensable modificar su forma de designación mediante un proceso donde sean propuestos de una terna por los titulares del Ejecutivo, pero aprobados por el Legislativo con mayoría calificada, tal y como se hace para otros secretarios y numerosos nombramientos en el sector público. Los precedentes ya existen. ¿No debiera la educación estar al mismo nivel para que sus titulares pasen por un filtro de capacidad y aptitud, y buscar las condiciones transparentes y adecuadas para que puedan permanecer, bajo reglas claras, más allá de los periodos de gobierno?

El cuarto problema es la relación con los sindicatos magisteriales en sus distintas vertientes, ramas y expresiones. Como es público, notorio y documentado, la estructura y la dinámica actuales sencillamente ya no dan para más. Es una relación viciada, corrupta, opaca y, lo peor de todo, que ha derivado, con sus apreciables excepciones desde luego, en un colectivo docente que, por omisión o por comisión, es corresponsable de los infames resultados en los aprendizajes que revelan las evaluaciones. ¿Cómo impulsar una transformación radical en las reglas del juego? ¿Cómo establecer una clara división de atribuciones y competencias entre lo estrictamente laboral y lo estrictamente educativo? ¿Cómo diseñar y formular un nuevo marco laboral con el SNTE, cuyo Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo data de 1946? ¿Cómo transitar hacia una federación de sindicatos? ¿Cómo consultar a los trabajadores de la educación si la cuota que aportan al SNTE (1% de su sueldo base, llamado C-07) debe seguir siendo obligatoria o ser voluntaria y cómo transparentar su uso y distribución a las 61 secciones sindicales? ¿Cómo evitar la descarada extorsión sindical que ofrece votos a cambio de plazas y prebendas como admitió sin pudor el líder del SNTE al afiliarse a Morena: “Esperamos un trato de privilegio para los trabajadores de la educación porque nos lo merecemos”?[11]

Y un quinto desafío es plantear una descentralización educativa 2.0 de la Federación hacia los estados que modernice el acuerdo de 1992. ¿Qué aspectos de la Ley General de Educación necesitan ser revisados, actualizados o modificados para dotar de mayor libertad y autonomía a los estados, en especial en su Título Séptimo? Veamos: tenemos ya muchos Méxicos. Los estados son cada vez más distintos, con necesidades muy heterogéneas. Unos funcionan y más o menos crecen, y otros son ya casi“estados fallidos”. Dicho con crudeza: no hay condiciones a corto ni a mediano plazo que cambie esa terca realidad así quea estas alturas hablar de un “sistema educativo nacional” es una ficción.

En la misma línea hay dos urgencias. Una es transferir la administración de la educación básica, hoy operada desde la SEP, al gobierno de la Ciudad de México. Durante más de treinta años todos los gobiernos capitalinos han sido renuentes a recibir y manejar el servicio lo cual crea condiciones de inequidad de todo tipo respecto del resto de los estados, entre otros problemas. Para la SEP tiene la ventaja de que quedaría, ahora sí, como una secretaría exclusivamente normativa a nivel nacional.

Y la otra es reformar el artículo 115 constitucional para que los municipios se involucren, de manera concurrente, en la provisión del servicio educativo en sus territorios. El razonamiento es el siguiente: la urbanización del país es imparable y la población escolar en las ciudades también. Hay 59 municipios con más de 300 mil habitantes que tienen ya densidad y músculo para contribuir al financiamiento de la educación con un cierto porcentaje de sus ingresos por concepto de impuesto predial, como ya sucede en otras partes del mundo. Podría empezar por ese grupo de municipios y formular las reglas de operación para definir a qué sí puede dirigirse (formación docente, recursos tecnológicos y didácticos, por ejemplo) y a qué no (gasto corriente o servicios públicos, que ya son obligaciones municipales). La gestión educativa saldría ganando en las tres esferas de gobierno.

En conclusión, la agenda incluye aspectos que necesitan ser abordados y discutidos sin miedo, con imaginación y decisión política, buscando ofrecer a los niños una educación que les sirva para la vida, el desarrollo y la equidad. En otras palabras: una educación decente. Si como vimos al principio, México no puede lograr que los niños de la secundaria técnica 67 (y todos) lean bien y comprendan lo que leen, jamás será capaz de convertirse, como dice querer el gobierno, en una potencia, y la emergencia educativa actual se convertirá en una catástrofe, sobre todo para los más pobres cuya única opción es la educación pública.

[1]https://x.com/trespm/status/1887342005077901492

[2]Cfr. McKinsey & Co., Spark and sustain. How All the World’s School Systems Can Improve Learning at Scale, febrero de 2024,https://www.mckinsey.com/featured-insights/themes/how-to-improve-the-worlds-school-systems

[3]https://sites.google.com/view/mejoredu-ibero/resultados-generales/diferencias-por-tipo-de-servicio?authuser=0

[4]Se puede consultar aquí: https://www.unesco.org/es/articles/estudio-regional-comparativo-y-explicativo-erce-2019

[5]Cfr., por ejemplo,Otto Granados Roldán, Reforma Educativa, FCE, México, 2018.

[6]Guevara Niebla, G. (coord.), La regresión educativa. La hostilidad de la 4T contra la Ilustración, Grijalbo, México, 2021, pp. 28-30 y ss.

[7]https://www.nexos.com.mx/?p=56562

[8]https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-12-en-cinco-anos-sep-basifico-mas-de-950-mil-maestras-y-maestros-en-el-pais-leticia-ramirez-amaya?idiom=es

[9]https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-mexico-maestros-dan-clases-sin-tener-licenciatura/

[10]https://www.americasquarterly.org/article/sheinbaum-has-a-crucial-decision-to-make-on-mexicos-education/

[11]Reforma, 19 de febrero de 2025