Congresista denunció ‘jugada’ del Gobierno Petro para implementar reforma a la salud por decreto: “Medidas improvisadas” Infobae
En medio del prolongado estancamiento legislativo en torno a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad y Compromiso, denunció públicamente que el Ejecutivo pretende poner en marcha dicha iniciativa sin aprobación del Congreso. Según la congresista, esto se estaría intentando mediante un decreto aun sin numeración oficial, cuyo contenido fue revelado a través de sus redes sociales.
La legisladora expuso su preocupación en un hilo publicado en su cuenta de X, en el que señaló que “el decreto por el cual el Gobierno quiere implementar la Reforma a la Saludlejos de resolver la crisis, la profundiza para millones de pacientes. Y para rematar, ignora a quienes participaron en las ‘mesas técnicas’, burlándose de su tiempo, su voz y propuestas".
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Pedraza aseguró que el documento, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece la sustitución de una parte del Decreto 780 de 2016, dando paso a un nuevo “Modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”. Este enfoque, según lo enunciado en el mismo texto normativo, tiene fundamento en el artículo 189 de la Constitución, así como en leyes estatutarias y ordinarias del sistema de salud colombiano.
No obstante, para la congresista, este procedimiento representa un intento de imponer por la vía administrativa una reforma estructural que aún no fue debatida ni aprobada en el Senado de la República.
En su argumentación, Pedraza presentó una serie de observaciones críticas. Una de ellas está relacionada con las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud. En sus palabras, “No hay formalización laboral. Los/las trabajadores de la salud siguen precarizados. El Gobierno no cumple su promesa de formalizarlos y, en lugar de asignar recursos adicionales para lograrlo, advierte que solo será posible si alcanza con el presupuesto actual. Una promesa de papel”.
Otro de los puntos señalados por la representante hace referencia a la transformación de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de baja complejidad en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Aunque esta iniciativa ha sido promovida por el Ministerio como una manera de fortalecer la atención básica, Pedraza cuestionó la viabilidad de su implementación.
La congresista también expresó su inquietud sobre la indefinición de responsabilidades dentro del nuevo modelo preventivo. En otro de sus mensajes, escribió: “No se sabe quién deberá prevenir que la gente se enferme. La prevención de enfermedades estaría en manos del Ente Territorial, EPS, hospitales y clínicas, pero el Decreto no aclara cuál es el rol específico de cada uno para garantizar la salud de la población”.
Además, Pedraza cuestionó el tiempo que otorga el decreto para la implementación de los cambios en el sistema de salud, argumentando que este es insuficiente y podría derivar en improvisaciones: “Ya vimos cuando se intenta hacer todo de afán: la crisis del Fomag, la salud de las y los maestros”.
También hizo referencia a la falta de claridad sobre las fuentes de financiación para cumplir con los objetivos propuestos por el nuevo modelo: “Más promesas y poco dinero. Se propone fortalecer entidades clave como el Iets o el Invima, pero no se sabe de dónde saldrá el dinero. La Adres, con solo 200 empleados, ni se menciona. También se habla de ‘descentralizar’ el sistema creando las llamadas regiones y subregiones, pero sin un peso para lograrlo”.
El decreto en cuestión sustenta su legalidad en normas constitucionales y leyes como la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015). Entre sus objetivos está sustituir parte del Decreto 780 de 2016 para implementar un enfoque basado en la promoción de la salud, con medidas orientadas a la predicción y resolución de enfermedades, en lugar de centrarse únicamente en la atención de estas.
El texto normativo destaca que, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, “la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado que tiene que garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
El mismo decreto establece que el nuevo modelo deberá ser equitativo y garantizar el acceso universal, con participación activa de la comunidad. De igual forma, reconoce la necesidad de atender a poblaciones históricamente marginadas, tales como pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueros y el pueblo ROM.
A pesar de estas intenciones, Jennifer Pedraza reiteró que el método escogido para impulsar la reforma es, en sus palabras, “autoritario, improvisado y peligroso”.
“La salud no se puede reformar a las carreras ni ignorando a quienes la sostienen día a día. Imponer esta reforma por decreto es autoritario, improvisado y peligroso. Lo que está en juego es la vida de millones ¡El Gobierno no puede improvisar más con la salud de Colombia!”, señaló la legisladora en X.
El anuncio provocó divididas en distintos sectores políticos y gremiales, aunque aún no se ha emitido una declaración oficial desde el Ministerio de Salud respecto a las afirmaciones hechas por la representante.
