Al Gobierno de San Felipe se le juntan las cuentas por pagar y los conflictos Periódico Correo
1.- Al Gobierno de San Felipe se le juntan las cuentas por pagar y los conflictos
Con apenas siete meses de gobierno, la administración de la panista Saraí Lepe Monjaras en San Felipe ya carga con un catálogo de polémicas: pleitos entre funcionarios, el hackeo a una cuenta del sistema operador del agua, un secretario del Ayuntamiento más interesado en su carrera como influencer que en la gestión pública… y ahora, un nuevo escándalo, esta vez por el manejo de los recursos.
Dentro del Ayuntamiento empieza a cundir el malestar por las cuentas sin saldar a diversos proveedores. Hay rezagos heredados del trienio anterior, sí, pero también facturas recientes que simplemente no se han pagado. Uno de los casos más preocupantes es el de la Dirección de Protección Civil, que opera con graves deficiencias por la falta de insumos y pagos pendientes.
El primero en alzar la voz fue el síndico priista Arturo Luna Ramírez, quien ya en abril presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). En el documento señala al titular de la Oficialía Mayor, José Miguel Rivera Flores, por presuntas irregularidades en el uso y custodia de recursos públicos. Según el síndico, no solo hay adeudos por más de 200 mil pesos con proveedores de Protección Civil, sino también facturas infladas en varias áreas.
Por supuesto, el contexto tiene su historia. Luna Ramírez fue denunciado públicamente por presunto acoso laboral y sexual en contra de la ex titular de Asuntos Jurídicos, Alma Guerra Vallejo, lo que derivó en la renuncia de la funcionaria. En los pasillos de presidencia cuentan que el síndico ha mostrado cierta incomodidad con la presidenta municipal, quien no salió en su defensa. Ahora, muchos ven en su cruzada contra Rivera Flores —parte del círculo cercano de Lepe Monjaras— un intento por cobrarse la factura política.
Según otras voces dentro del Ayuntamiento, los señalamientos del síndico tampoco están del todo fuera de lugar: los adeudos existen. Y si no se atienden pronto, el gobierno municipal podría enfrentar consecuencias legales.
La incógnita es si la denuncia del síndico abrirá la puerta a una investigación seria de lo que parece ser una cloaca presupuestal o si solo servirá para castigar y perseguir a sus adversarios dentro del gobierno para hacerse de espacios.
Una raya más al tigre para la administración de Saraí Lepe Monjaras, que va perfilándose como una de las más escandalosas del trienio. Y no precisamente por sus logros.
2.- Renovación de notariado con avance, aunque a paso lento
El gobierno estatal anunció que mantendrá de forma anual los procesos para el otorgamiento de fiats notariales en Guanajuato, como parte de una estrategia para reducir el rezago de más de 200 vacantes en el estado.
Como documentó Periódico Correo, durante más de dos décadas no se otorgaron nuevos fiats, lo que ha provocado un envejecimiento crítico en el gremio: la edad promedio de los notarios activos supera los 70 años. Solo en los últimos 15 años han fallecido 110 notarios, y a otros 14 se les retiró la patente por incurrir en actos de corrupción.
El rezago acumulado es tal que el ritmo actual de reposición parece insuficiente. En los últimos dos años se han entregado apenas 24 nuevas patentes, frente a las 7 muertes y un retiro de fiat solo en lo que va de 2025. Aun así, el hecho de que el proceso se haya institucionalizado y que se mantengan los requisitos y evaluaciones rigurosas ya representa un avance en comparación con la parálisis del pasado.
La renovación generacional del notariado no solo responde a una necesidad operativa, sino también a un problema estructural de legalidad. Se han denunciado prácticas irregulares en diversas notarías: desde casos en los que los fedatarios son manipulados o engañados, hasta situaciones en que su personal actúa como si tuviera la función notarial, con o sin autorización expresa. Ambas prácticas son ilegales, pero comunes en un sistema debilitado por la omisión y la falta de supervisión.
A esta problemática se suma un fenómeno detectado en San Miguel de Allende. Según el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, la alta demanda de trámites inmobiliarios ha sido aprovechada por notarios de Querétaro, quienes realizan operaciones en este municipio atraídos por la rentabilidad de las transacciones en dólares. Ante ello, el funcionario advirtió que ya se revisa el marco jurídico para establecer restricciones que favorezcan al notariado guanajuatense.
3.- San José Iturbide y las respuestas tardías
Ciudadanos de varias colonias en San José Iturbide pasaron más de 15 días sin servicio de agua potable. Pese a los reportes y reclamos, el gobierno municipal del morenista Edgar Manuel Montes de la Vega —como ya es su costumbre— no atendió hasta que la presión social comenzó a escalar.
Finalmente, este martes el servicio empezó a restablecerse, aunque no del todo. La causa fue una falla en el pozo 6, cuya reparación, según se informó de madrugada, concluyó apenas ayer. Sin embargo, el agua llegó a cuentagotas y con intermitencias, atribuibles al alto consumo por la temporada de calor y al acaparamiento.
Sin información clara ni oportuna, vecinos protestaron afuera de las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA). Además de exigir el servicio, denunciaron que las pipas enviadas por el municipio hicieron su “agosto” en pleno mayo: les cobraron por llenar los tinacos, cuando se suponía que era un apoyo emergente. Negocio redondo, cortesía de la crisis.
Afuera de SMAPA, el director Eduardo Morales atendió a los quejosos para explicar que la falla se debía al deterioro del pozo, provocado, según él, por la corrupción de la administración anterior. El clásico. Eso sí, sin una sola prueba. Al final, tras varios cuestionamientos de los ciudadanos, el funcionario abandonó el lugar custodiado por elementos de la Policía Municipal. Una retirada al estilo del alcalde Montes de la Vega, quien ante los temas incómodos aplica su mejor estrategia: el mutis y la huida. En este caso, tampoco dijo ni pío.
El director prometió que en un plazo de 48 horas el servicio quedará completamente restablecido. Pero los ciudadanos ya no compran promesas: les habían dicho lo mismo hace días.
Contra Retrato
Erandi Bermúdez Méndez
El diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones en el Congreso de Guanajuato insistió en que los policías deben portar armas de fuego incluso fuera de turno, como una supuesta medida para garantizar su seguridad.
El planteamiento no es nuevo. Desde el sexenio anterior fue una demanda reiterada, incluso por parte del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante los constantes ataques contra policías —sobre todo municipales— que llevaron a Guanajuato a convertirse en el estado más letal del país para los cuerpos de seguridad.
Lo que sorprende es que, pese a sus varios periodos como diputado federal y su paso por el Senado, Bermúdez Méndez no promovió ni una sola iniciativa concreta para hacer posible esta medida. Las reformas necesarias no están en manos de los congresos locales, sino del Congreso de la Unión. Paradójicamente, fue su ahora compañero de bancada en el Congreso local, Jorge Espadas Galván, quien presentó una propuesta de reforma en ese sentido, misma que no prosperó por la oposición de Morena. Pero de Bermúdez, ni el intento.
Cuestionado sobre su omisión, el panista se excusa afirmando que ya había varias iniciativas similares en análisis y que presentar una más no habría tenido sentido porque no se llegaría a dictaminar. Ahora, desde la limitada trinchera del Congreso local, asegura que lo único que queda es exhortar al Congreso de la Unión para que dictamine las reformas pendientes que permitirían armar a los policías fuera de servicio.
Una oportunidad que parece perdida y que, con un exhorto, difícilmente avanzará. Como es sabido, los exhortos suelen ser llamados a misa que pocos atienden
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