Jurista se niega a reemplazar a magistrados suspendidos en órgano de la judicatura de Perú Infobae
Lima, 30 abr (EFE).- El jurista Abraham Siles declinó asumir una plaza vacante en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura peruana, tras la suspensión de dos de sus miembros, al asegurar que se trata de una plaza generada de manera arbitraria e inconstitucional, según la carta dirigida este martes al titular de la entidad.
Siles rechazó el llamado hecho por el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, para que asuma una de las dos plazas vacantes en el órgano de la judicatura porque, en su opinión, no puede estar disponible para ocupar una vacante "generada de manera tan arbitraria e inconstitucional", en un contexto de "grave deterioro democrático".
Añadió que parece estar en curso "un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia".
El jurista señaló que la "extrema gravedad" de los hechos viene configurada por la intervención del Tribunal Constitucional (TC) que "viola de modo flagrante" la Constitución Política de la cual es el "guardián último".
La carta de Siles a De la Haza se conoció el mismo día que la magistrada suspendida de la JNJ, Inés Tello, presentó un recurso de reposición ante el TC, después de que este tribunal suspendió la medida cautelar que la restituyó en su cargo, junto a Aldo Vásquez, el segundo miembro titular de la JNJ apartado por el Congreso de su cargo.
El pasado jueves, el magistrado del TC César Ochoa informó que el organismo que integra suspendió la restitución de Tello y Vásquez en la JNJ, que había ordenado un tribunal luego de que el pleno del Congreso los inhabilitara por una presunta infracción constitucional.
Ochoa dijo que la decisión del TC estará vigente hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema "resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar" que también ha presentado el Parlamento.
Tello y Vásquez fueron inhabilitados de sus cargos por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, al permitir que la magistrada continúe sus funciones en la JNJ tras cumplir el límite de 75 años de edad.
Días después, la Primera Sala Superior Constitucional de Lima declaró fundada una medida cautelar de los magistrados y resolvió que el Congreso había afectado la "independencia y autonomía" de la JNJ, por lo que ordenó su "inmediata reposición".
El Legislativo respondió que el Poder Judicial no podía tomar decisiones que son de su competencia "exclusiva y excluyente" y presentó una demanda competencial ante el TC, así como un recurso ante la Corte Suprema. EFE
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