Empresa de jardinería es involucrada en robo de agua, mientras se agudiza crisis hídrica en Bogotá Infobae
Las autoridades de Cazucá, en el municipio de Soacha, llevaron a cabo un operativo que desembocó en la detención de un individuo mientras sustraía agua de un hidrante público, destinada presuntamente a una empresa de jardinería.
Este hecho, que evidencia un supuesto delito de defraudación de fluidos, se produce durante la severa sequía en Bogotá y la Sabana, exacerbada por el fenómeno de El Niño, que ha llevado a medidas de racionamiento del agua.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El operativo se desarrolló tras alertas de la comunidad sobre el uso ilegal de un hidrante supuestamente por parte de la empresa Jardinería Pulido SAS, una firma con 21 años de operación y un capital reportado de trescientos millones de pesos.
Al parecer, el agua sustraída se utilizaba para actividades industriales dentro de la empresa. Gerardo de Jesús Valencia Parra, capturado durante el acto, ahora enfrenta acusaciones junto con la empresa involucrada por su papel en la extracción ilegal del líquido.
Esta acción no solo representa una violación a las normativas de servicios públicos sino que también ha causado daños al hidrante, comprometiendo potencialmente la seguridad de los habitantes del área en caso de incendio. De acuerdo con la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab), el daño ocasionado y el agua no facturada representan una pérdida económica significativa, estimada en 663 millones de pesos. El Código Penal contempla sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas considerables para quienes cometan este tipo de delitos.
Este incidente subraya la importancia de la vigilancia y el cumplimiento de las leyes de servicios públicos, especialmente en momentos de crisis hídrica como la que actualmente enfrentan Bogotá y sus alrededores. La defraudación de fluidos no solo perjudica económicamente a las entidades que la proporcionan, sino que también socava los esfuerzos por conservar un recurso tan valioso y escaso como el agua.
Defraudación de fluidos afecta a más de 6 mil familias, investigación en curso
Una investigación realizada por El Tiempo reveló que un hombre implicado en irregularidades estaría vinculado con Jardinería Pulido SAS, una firma con una prolongada trayectoria desde el año 2002 y un capital reportado de 300 millones de pesos. La empresa, con oficinas en Cartagena y una subsidiaria, Canecas Pulido, en Bogotá, fue mencionada en un contexto de presunta corrupción, aunque su representante legal, José Ricardo Pulido Salcedo, niega cualquier conexión laboral del detenido con su negocio.
José Ricardo Pulido expresó que los señalamientos podrían provenir de una disputa con un competidor en el mercado de envases, sugerido como intento de daño reputacional hacia su empresa. Además, mencionó que actualmente se lleva a cabo una revisión de material de video vigilancia que podría aclarar la situación, insinuando la posibilidad de que el conflicto tenga raíces en rencillas comerciales previas. La investigación en curso por parte del CTI en las instalaciones de Jardinería Pulido SAS busca esclarecer los hechos en detalle.
“Yo tengo un inconveniente con un vecino hace como un año. El señor me sentenció que me iba a hacer la guerra como fuera. Él trabaja con envases también. Lo más posible es que sea alguien de mala fe”, dijo Pulido al medio citado.
Así mismo, el individuo arrestado enfrenta cargos por defraudación de fluidos, un delito que supuestamente ha perjudicado a más de 6.178 familias en la zona de Cazucá. De ser encontrado culpable, las consecuencias podrían incluir una sentencia de uno a seis años de prisión, además de una sanción económica considerable que podría ascender hasta 150 salarios mínimos. Esta medida se impondría por la manipulación ilegal de los sistemas de medición de servicios públicos, según se deriva de la investigación.
La historia se desenvuelve en un complejo entramado de acusaciones y defensas, donde un empresario enfrenta acusaciones indirectas en medio de una investigación gubernamental. La comunidad espera que la revisión de las pruebas y las cámaras de seguridad ofrezcan claridad sobre el asunto, mientras la justicia avanza en sus procedimientos contra el acusado por afectar gravemente a una vasta cantidad de hogares con sus acciones.
