Tribunal venezolano quita inmunidad a tres parlamentarios opositores El Siglo de Torreón

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano decidió este lunes pedir a la Asamblea Nacional Constituyente el levantamiento del fuero parlamentario de tres diputados opositores del Parlamento, a quienes acusa de traición a la patria, conspiración y otros delitos.
Los diputados son José Guerra y Tomás Guanipa, militantes del partido Primero Justicia, y Juan Pablo García Canales, de Vente Venezuela, quienes son acusados además de rebelión civil y concierto para delinquir.
La solicitud, publicada en la sentencia número 55 de la Sala Plena explica que ahora "la Asamblea Nacional Constituyente" será la encargada de su su aprobación, informó el periódico El Nacional.
La Constituyente encabezada por Diosdado Cabello cumplirá con el pedido.
La maniobra, según analistas, es una práctica ya sistemática del régimen para vaciar el Parlamento La medida llega luego de que el gobernante Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países, advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo ordenado por Estados Unidos.
La orden sobre José Guerra sería por los hechos del 30 de abril, mientras Guanipa sería acusado por los hechos del pasado 4 de agosto de 2018, cuando un dron estalló cerca de la tarima desde la cual Maduro encabezaba un acto militar.
La escalada de la Justicia chavista ya dejó seis escaños vacíos y una veintena en peligro.
La Asamblea Nacional presentó días atrás un informe en el que se recopilan caso por caso el "acoso o agresión" que han sufrido más 100 legisladores por parte del régimen de Nicolás Maduro.
"A nuestros miembros y a los venezolanos tras el ilegal allanamiento a la inmunidad de nuestro diputado Juan Pablo García, el régimen pretende cobrarle su coraje y constante lucha por el rescate de las libertades, pero no nos detendrán, publicó el partido Vente Venezuela en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con el reporte enviado a la Unión Interparlamentaria, los casos están relacionados con "tortura, malos tratos, amenazas, intimidación, arresto arbitrario, detención, incumplimiento de las garantías procesales, violación de la libertad de opinión y expresión, violación a la inmunidad parlamentaria y acoso por parte de colectivos paramilitares", entre otros.
En tanto, el opositor Juan Guaidó, quien en enero se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, advirtió el domingo que la Constituyente se reuniría este lunes para anunciar la disolución del Parlamento opositor y convocar nuevas elecciones, lo que calificó de una "locura".
Guaidó ha asegurado que incluso hay sectores dentro del chavismo que no están conformes con esta medida excepcional y ha alertado de "una fase de conflictividad superior" en caso de que finalmente la Constituyente dé el paso.
La Asamblea Nacional cuenta desde 2015 con mayoría opositora, pero el cerco chavista a su actividad -el Tribunal Supremo de Justicia asegura que es un órgano "en desacato"- la ha dejado sin poder real.
Sin embargo, Guaidó sostiene que, hoy por hoy, es la única institución válida en una Venezuela sumida en constante crisis política y social.
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