Aseguran que privilegia Estado deuda pública sobre magisterio El Siglo de Torreón

La Coalición de Trabajadores de la Educación aseguró que el Gobierno del Estado privilegia pagar la deuda pública, que dejó el gobierno de Humberto Moreira, antes que los adeudos que tiene con el magisterio que son para la Dirección de Pensiones y la atención médica de los trabajadores de la educación, servicio que actualmente aseguran tiene múltiples deficiencias tanto en instalaciones, mobiliario, equipo, medicamento y recurso humano en las clínicas del magisterio correspondientes.
Mostraron que sólo en el año 2018 la deuda de patrones (Gobierno del Estado, ITS, UAdeC, UAAAN y Seguro del Maestro) a la Dirección de Pensiones aumentó en 723 millones mientras que al 31 de marzo 2019 (el dato más reciente disponible) la deuda ascendía a más de tres mil millones de pesos, según la información proporcionada por la Coalición y que es de carácter público.
En cuanto al servicio médico aseguran que empeora la atención y crece el desabasto de medicamento por la falta de recursos.
Se quejaron de que en lugar de saldar sus deudas con el magisterio el Gobierno del Estado privilegia el pago de intereses a los bancos acreedores de la deuda pública que dejó Moreira, pues en 2019 se paga únicamente de intereses más de 3 mil 431 millones de pesos.
Recientemente un juez federal fue el que sentenció el gobernador del estado, Miguel Riquelme, a dar contestación a la Coalición de Trabajadores de la Educación relativa a los adeudos que tiene el Gobierno del Estado con la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), razón por la cual hay deficiencias en el servicio médico que reciben los pensionados y los que están en activo en las clínicas del magisterio, denunciaron: Román Duarte Salazar, secretario delegacional del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAAAN (SUTAUUUAN), Óscar Ojeda Contreras, secretario de organización y el profesor José Luis Anzures García representante de jubilados del SNTE, la profesora Carolina Alcalá Jiménez jubilada de la sección 38 y el profesor Ramón Hernández Medina secretario de administración así como Héctor Huerta Ríos.
Fue el pasado 10 de julio cuando el Juzgado Primero de Distrito con sede en Saltillo, Coahuila publicó la sentencia correspondiente al juicio de amparo 593/2019 promovido por la coalición contra actos del gobernador del estado, autoridad que omitió informar en tiempo y forma sobre lo solicitado por la Coalición desde el pasado 28 de marzo de 2019 petición presentada como señala la ley en tiempo y forma y donde respetuosamente se le pide al gobernador que pague a la Dirección de Pensiones miles de millones de pesos que se adeuda desde hace años (desde hace dos sexenios) y que no retrase las aportaciones sucesivas a las que por ley está obligado y que como garante de la seguridad social de los beneficiados.
Se refirió a que el gobernador del Estado asuma responsabilidad para asegurar la entrega oportuna permanente y completas los medicamentos, el equipo y material profesional de calidad en quirófanos, laboratorio, rayos X y dental así como una atención profesional y oportuna.
Los quejosos aseguraron que el Gobernador ignoró dicha solicitud y no dio respuesta en tiempo y forma por lo que la coalición acudió al recurso legal para hacer valer mediante juicio de amparo el derecho a recibir respuesta consagrado en el artículo 8 de la Constitución.
Posteriormente el juez federal consideró que "es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por los quejosos y suficiente para concederles el amparo y protección de la justicia Federal toda vez que efectivamente no se le ha dado respuesta a la solicitud que elevaron ante la autoridad responsable".
Posteriormente y obligado reforma judicial a contestar dicha petición el Gobierno lo hizo, no obstante fue mediante afirmaciones en las que aparenta haber dado atención a los requerimientos expuestos por la Coalición evadiendo, mostraron los quejosos, una respuesta precisa respecto al pago de la deuda a Dipetre y la solución a las deficiencias del servicio médico, lo que es del conocimiento público e incluso ha sido objeto de observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
Así fue que a petición del juez, el Gobierno del Estado contestó con un oficio que, no obstante, no responde la parte medular de la solicitud, consideran: El oficio -del que tiene copia El Siglo de Torreón- fue contestado por el licenciado Alberto Aguirre Villarreal, subsecretario de Gobierno y Aatención Ciudadana, con fecha del 12 de julio de este año pero lo único que dice es que en referencia al escrito de fecha de febrero del 2019 dirigido al gobernador por parte de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila y trabajadores activos y pensionados del sistema educativo estatal, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se indica que "se ha dado cumplimiento en tiempo y en forma a cada uno de los compromisos que se tienen respecto al servicio médico de los trabajadores de la educación así como aquellos que garanticen el cumplimiento de las aportaciones al sistema pensionario y se asegura que el servicio médico se puede entregar de forma oportuna".
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