Policía desestabiliza a Ministerio Público, acusa fiscal general de Panamá El Siglo de Torreón

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, denunció este viernes que la Policía está desmantelando las fiscalías anticorrupción al ordenar el traslado de investigadores encargados de casos emblemáticos, entre ellos el de los sobornos de Odebrecht, algo que desestabiliza al Ministerio Público.
"Técnicamente la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)" de la Policía Nacional, "está desmantelando las fiscalías anticorrupción" con el traslado, decidido sin previa consulta, de más de 20 investigadores judiciales que tenían que ver con los análisis financieros y los operativos, declaró Porcell a los periodistas.
Esa medida "no es un buen mensaje en la lucha anticorrupción (.
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) en vez de reforzar los estás cambiando para poner a alguien desconocido que no sabe" de estos casos, argumentó la fiscal general de Panamá.
Destacó en ese sentido que estos agentes de la DIJ llevaban investigaciones insignes para Panamá, como la de los sobornos de Odebrecht, entre otros casos de corrupción.
La jefa del MP indicó que este hecho le fue comunicado por las fiscalías anticorrupción, que durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) lograron que decenas de ex altos cargos fueran imputados en los últimos años por supuesta malversación de fondos públicos, incluido el propio expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Martinelli se encuentra en detención preventiva domiciliaria mientras es juzgado por espionaje político y peculado, un caso que tilda de persecución política orquestada por el expresidente Varela, quien siempre negó esa versión.
La remoción de los agentes policiales le llaman la atención a Porcell pues, manifestó, la Ley establece que los miembros de la DIJ "no pueden ser separados o apartados de la investigación específica que se les haya sido encomendada".
El equipo de la DIJ que estaba en el Ministerio Público realizó un trabajo fundamental en la lucha anticorrupción, investigaciones en las que se logró recuperar más de 420 millones de dólares, lo cual, afirmó Porcell, "es parte del trabajo de esos héroes anónimos que están allá arriba" en sus despachos.
"Lamentablemente, en vez de hacerles un reconocimiento lo que está ocurriendo es que están saliendo de las fiscalías", y está poniendo funcionarios desconocidos para el Ministerio Público, agregó Porcell.
Dijo no entender por qué procede de esta manera el comisionado Manuel Castillo, jefe de la DIJ, quien, recordó, ya fue director de esta fuerza policial de 2012 a 2014 en el Gobierno de Ricardo Martinelli, y conoce perfectamente como trabaja la DIJ con el Ministerio Público.
Tampoco dijo entender el comportamiento del director general de la Policía Nacional, Jorge Miranda, al permitir y autorizar estos cambios.
La fiscal fue más allá y reveló que ha recibido llamadas de fiscales del crimen organizado y de atención primaria "preocupados porque especialistas investigadores en temas delicados como extorsión, secuestros, también los están moviendo".
"No estoy entendiendo lo que está ocurriendo, y tengo que ponerme a analizar qué es lo está pasando y por qué en vez de fortalecer el Ministerio Público lo que está ocurriendo con la DIJ es desestabilizando la institución", afirmó.
Porcell agregó que ha recomendado a las fiscalías anticorrupción que le hagan llegar una carta al ministro panameño de Seguridad, Rolando Mirones, "porque estoy segura que no sabe lo que está ocurriendo".
Recordó que "hay un compromiso del país con la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de la investigación del delito, y si llegan a cambiar unidades investigativas con conocimiento, con competencia, experiencia y confianza entre fiscal e investigador judicial, que es la clave en la justicia penal, entonces ¿hacia dónde vamos?".
El presidente, Laurentino Cortizo, que asumió el 1 de julio pasado, sucediendo a Juan Carlos Varela, prometió una lucha frontal contra la corrupción, esté donde esté anidada y sea quien sea.
Varela, por su parte, un mes antes de dejar el mandato, expresó que dejaría un país sin corrupción y con instituciones fortalecidas.
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