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El último tren para evitar la derrota total de los accionistas de la empresa Perforadora Oro Negro parece demasiado lejano: la posibilidad de que un panel de solución de controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte resuelva a su favor un diferendo con Petróleos Mexicanos.
La exposición de motivos habla de un daño patrimonial a la firma por 700 millones de dólares al reducirle unilateralmente el monto de renta de sus plataformas y, finalmente, cancelarle los contratos.
Aunque la querella se elevó también a las cortes de Estados Unidos, ésta tendría que ser respaldada por ciudadanos de ese país que habrían resultado damnificados, con la novedad de que quienes adquirieron papeles de deuda para financiar la infraestructura mantienen a su vez litigios contra la empresa.
Ahora que si el panel se pronunciara a favor de la firma, tendría que ventilarse un proceso en México para hacer efectivos los reclamos, con la novedad de que al aprobar el Senado la negociación del Acuerdo Mercantil entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, el TLCAN dejó de existir jurídicamente.
Como usted sabe, Oro Negro fue declarada en quiebra el mes pasado, lo que obligó a designar un síndico para su liquidación ordenada.
Colocada en concurso mercantil voluntario, Oro Negro no pudo lograr mayoría entre sus acreedores para restructurar su colosal deuda calculada en 900 millones de dólares.
En el marco, un juez ordenó la congelación de sus cuentas, incluido el fideicomiso en el Deutsche Bank creado para garantizar el pago de sus bonos.
La denuncia de administración fraudulenta que motivó la resolución se planteó justo por no haber integrado a éste recursos obtenidos como remanente de los contratos que tenía con Pemex.
Este se canalizó a las arcas de la firma a título de gastos operativos y de administración, con destino a las firmas que tenían a resguardo las plataformas Fortus, Laurus, Primus, Impetus y Decus.
La intermediaria fue la empresa Soluciones Integrales, a quien el Servicio de Administración Tributaria había calificado de fantasma.
En el tinglado, a título de damnificados, están usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro, al canalizar las intermediarias Sura y Banamex 500 millones de pesos en la adquisición de Certificados de Capital de Desarrollo emitidos por la firma Axis Capital Management.
Los papeles, colocados con un valor nominal de 100 pesos, se cotizaban en los mercados secundarios hasta hace tres meses en 40 pesos.
Colocada en escena en el preámbulo de la reforma energética, Oro Negro pasó de contratista estelar de Pemex a destinaria de bola negra.
El principal accionista de la firma es Gonzalo Gil White, a quien los augurios colocaban como el gran prospecto para heredar el genio financiero de su padre, el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Callejón sin salida.
BALANCE GENERAL Al fragor del escándalo desatado por la denuncia de Banamex contra Oceanografía tras su suspensión por dos años como contratista de Petróleos Mexicanos se involucró a Libertad Servicios Financieros en posibles operaciones de lavado de dinero.
En el marco, durante 2014, aparecían en escena nexos entre la firma de mantenimiento de plataformas con ésta vía uno de los socios comunes, Martín Díaz Álvarez, entonces presidente de la financiera.
La simbiosis le había permitido al presidente de Oceanografía, Amado Yáñez, adquirir al equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro.
Sin embargo, involucrada por la Procuraduría General de la República en la investigación, la sociedad financiera popular fue absuelta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo entonces de Jaime González Aguadé.
Este, según investigaciones periodísticas, aparece en el directorio de consejeros de la instancia.
A su salida del cargo el exfuncionario fue responsable de buscar recursos privados para la campaña del aspirante priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.
albertobarrancochavarria0@gmail.
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