Acusan a CNDH de minimizar registros de tortura en caso Ayotzinapa El Siglo de Torreón

El coordinador del Área Jurídica del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), Luis Tapia Olivares, acusó a la CNDH de haber minimizado los casos de tortura en las investigaciones que se siguieron en el sexenio pasado en torno a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pese a las pruebas documentadas.
Tras el video que muestra la tortura infligida a una persona detenida por el caso Ayotzinapa, instó a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explique sobre este caso y los demás que se registraron, toda vez que sólo determinó tortura en ocho en el proceso de investigación.
Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México dio a conocer que había 34 casos de tortura, “entonces si hay una discrepancia de 26 casos".
Advirtió que a partir de este caso, se debe vigilar el trabajo que haga la CNDH y reiteró que los padres de familia de los normalistas han exigido una respuesta y una explicación del ombudsman.
Opinó que el video pone en duda el trabajo serio, detallado y minucioso que se debe hacer en indagaciones de este tipo, pero no fue la única prueba, pues hubo evidencia documental, médica, testimonial y científica.
“Esos elementos deben tomarse en cuenta cuando se hacen este tipo de indagatorias y ciertamente pues hay un cuestionamiento a esta investigación que realizó la CNDH", subrayó en entrevista con Notimex.
Tapia Olivares opinó que el organismo autónomo encubrió los actos de tortura, porque si tenía la información por qué no se dio a conocer o por qué no se calificaron los actos de tortura, y cómo eso impactó en la verdad histórica.
Cuestionado a quién encubrió el ombudsman, el defensor de derechos humanos dijo que en lo específico sería a las autoridades responsables de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina, porque quienes firman el parte de la detención son dos personas pertenecientes a esas instituciones.
Ante las voces que han pedido la renuncia por ética moral del titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, llamó a poner el foco en el caso y no vincularlo con puestos o temas políticos.
No obstante, resaltó que desde su primer informe, el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio cuenta el uso de la tortura para realizar la investigación y en su segunda revisión con más detalle, habló de más casos.
En tanto, continuó, la Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México dio a conocer que había 34 casos de tortura en la investigación, en el que incluyó a la persona revelada en un video.
Tapia Olivares reprochó que la CNDH no lo hizo así y en su recomendación sólo determinó que esa persona había sufrido malos tratos, detención arbitraria, pero que no existía tortura.
Afirmó que desde 2014 había prueba documental de la tortura, por lo menos cinco certificados médicos que daban cuentas de lesiones muy graves, incluso un certificado de la Marina.
No obstante, resaltó que el video que muestra la tortura infligida a dicha persona detenida por el caso Ayotzinapa, da cuenta de las graves irregularidades que se han cometido en torno a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.
“Esta es una muestra más del desaseo de la falta de rigor del trabajo serio, pero además que se cometieron nuevos delitos en la investigación del caso que hizo que no se pudiera esclarecer, es un caso donde las familias no han accedido a la verdad y a la justicia", subrayó.
Advirtió que cuando se buscan explicaciones se encuentran los métodos ilegales y ese video es un golpe más a la verdad histórica que mantuvo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Tapia Olivares mencionó que ahora lo que sigue es determinar quién cometió la tortura, porque cuando se denunciaron los hechos desde enero de 2015, no hay ninguna persona investigada ni sancionada.
Añadió que incluso uno de los funcionarios que firmaron el parte informativo de la detención de esta persona fue ascendido en la Fiscalía General de la República (FGR), "la pregunta es entonces si se van a investigar a ellos, a sus superiores jerárquicos bajo otras formas de responsabilidad penal o administrativa".
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