Redes sociales solo a partir de los 15 o 16 años: La Unión Europea debate nuevas reglas para proteger a los menores en internet Infobae
Una creciente preocupación por la exposición de niños y adolescentes a contenidos nocivos en redes sociales ha llevado a varios países europeos a exigir restricciones más estrictas para proteger a los menores de edad.
La iniciativa, impulsada principalmente por España, Francia y Grecia, propone establecer una edad mínima común en toda la Unión Europea para acceder a plataformas digitales, así como crear herramientas de verificación de edad y control parental obligatorias en todos los dispositivos conectados.
Durante el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE, celebrado en Luxemburgo, representantes de al menos doce Estados miembro respaldaron formalmente la propuesta de reforzar las barreras digitales frente a los riesgos que enfrentan los menores, como la desinformación, el acoso, el acceso a pornografía y los efectos adversos del contenido adictivo impulsado por algoritmos.
Países que encabezan la regulación de redes para menores de edad
Francia, España y Grecia han sido los promotores iniciales de esta propuesta. En mayo de este año, circularon un documento de trabajo (un “non paper”) que fue presentado a sus socios comunitarios para abrir un debate sobre el tema.
A esta iniciativa se sumaron rápidamente Dinamarca, Italia, Eslovenia y Chipre, que firmaron el documento, mientras que otros países como Bélgica, Países Bajos, Alemania, Croacia y Eslovaquia manifestaron su respaldo durante la reunión.
España propone elevar la edad mínima para acceder a redes sociales hasta los 16 años, siguiendo el ejemplo de Australia, país que implementará esta restricción a finales de 2025.
Por su parte, Francia, Dinamarca y Grecia se inclinan por un límite de 15 años. Aunque no se ha fijado una edad concreta como consenso en la UE, el llamado general es a establecer una “mayoría de edad digital” para el acceso a plataformas.
Retos para implementar el control parental
Uno de los desafíos más señalados por los países es la debilidad actual de los sistemas de verificación de edad. El ministro español para la Transformación Digital, Óscar López, explicó que “los sistemas actuales no funcionan” y que los menores pueden fácilmente crear cuentas usando fechas de nacimiento falsas.
La exigencia común es que las plataformas implementen mecanismos vinculantes de verificación y que los dispositivos inteligentes incluyan software de control parental por defecto.
Francia ha insistido en que los menores de 15 años no deberían tener cuentas en redes sociales. La ministra de Inteligencia Artificial y Digital, Clara Chappaz, destacó que las herramientas actuales para limitar el acceso a contenido inadecuado son fácilmente vulnerables.
En su país, los menores pueden acceder a contenidos pornográficos o interactuar en plataformas sin controles efectivos. Por ello, considera “urgente” insistir en la capacidad de verificar la edad de forma fiable.
El papel de la tecnología y el marco normativo europeo
La Comisión Europea trabaja en el desarrollo de una “Cartera Digital Europea” que permitirá gestionar la identidad digital de forma segura. Este sistema, que se espera esté operativo en 2026, podría facilitar la implementación de controles efectivos de edad.
Mientras tanto, ya se ha puesto en marcha una versión beta denominada “miniwallet”, con la que algunos países, como España, realizan pruebas piloto.
La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, reconoció la complejidad del debate. “Hay muchos tipos distintos de plataformas y servicios, lo que hace difícil definir una única edad límite”, señaló. No obstante, destacó la importancia de avanzar hacia soluciones interoperables entre Estados miembro.
La intención de los países firmantes es avanzar hacia un modelo coordinado a nivel europeo. Evitar que cada país desarrolle su propio sistema nacional permitirá no solo mayor eficacia frente a las grandes plataformas, también una experiencia de usuario coherente y más segura para las familias.
Aunque persisten diferencias sobre la edad exacta que debe fijarse como mínimo, el consenso sobre la necesidad de actuar es un primer paso hacia una regulación más robusta. La infancia digital se ha convertido en un frente clave de la política tecnológica europea.
