Solicitan activistas nueva alerta de violencia de género en Guanajuato 24 Horas
09 de Junio, 2025 20:52
Luego de la negativa del Congreso de Guanajuato de despenalizar el aborto, la activista y representante legal del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual (Chicas BiLess), Lucía Wera Limón, presentó ayer una solicitud formal de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
Esta acción cuenta con el respaldo y acompañamiento de Movimiento Ciudadano en el estado.
“Guanajuato ha elegido criminalizar a las mujeres antes que protegerlas. Nosotras defendemos la vida digna, el derecho a decidir y la justicia. Exigimos intervención federal para no permitir retrocesos en nuestros derechos”, declaró Limón.
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Por su parte, Yulma Rocha, delegada nacional de MC en el estado, señaló que esta solicitud representa un paso jurídico fundamental en una lucha que se ha dado desde las calles, el Congreso y ahora a través de herramientas legales. Acompañamos esta acción promovida por una organización civil que representa los esfuerzos de colectivas, activistas, abogadas y legisladoras que exigen justicia en un estado que castiga el derecho a decidir.”
Petición en Guanajuato se fundamenta en la ley
La petición se fundamenta en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y exige que el Gobierno federal intervenga frente a leyes locales que fomentan desigualdad y discriminación estructural.
Datos revelan que entre 2019 y 2025 se han iniciado 150 carpetas de investigación por aborto en Guanajuato, lo que supera las investigaciones por feminicidio. En 2024, se registraron 22 casos nuevos, posicionando al estado entre los primeros en criminalización. Además, más de 560 mujeres han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una interrupción legal del embarazo.
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La abogada Mari Carmen Rivera, cofirmante de la solicitud, explicó que el marco jurídico vigente en Guanajuato viola la Constitución, la jurisprudencia de la Suprema Corte y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Belém do Pará. “No es una opinión, es una obligación legal que el Estado ha ignorado por años”, afirmó.
