Atrapada entre maestros y banqueros | Artículo de Alberto Vizcarra Ozuna Editorial Aristegui Noticias

Por Alberto Vizcarra Ozuna

El conflicto y diferendo que ha crecido en las últimas semanas entre los maestros federales y el gobierno de Claudia Sheinbaum, alumbra la improcedencia de mantener una política económica neoliberal, en donde el gobierno sigue sometido al sector financiero y se obliga a las medidas de ajuste fiscal, esto es recortes en el gasto, que terminan por afectar derechos laborales de sectores organizados y con capacidad de movilización, como los maestros.

La respuesta del gobierno a las demandas de los trabajadores de la educación, comandados por la Coordinadora Nacional (CENTE), ha sido consecuentemente diáfana con el programa de ajuste presupuestal: no hay posibilidades presupuestales para cumplirle a los maestros sus legítimas demandas.

Exigir un incremento salarial del 100 por ciento sobre el sueldo base, no es la exigencia principal de los maestros. Todo indica que esta demanda de incremento salarial es para empujar la discusión sobre la necesidad de revertir la reforma al sistema de pensiones del 2007, instrumentado por el gobierno de Felipe Calderón, con el que se eliminó el “régimen solidario” para transferirle a la banca privada -con un esquema de ahorro forzado (AFORES)- el manejo discrecional del dinero de las pensiones de los maestros y otros trabajadores del estado.

Con el régimen solidario, cuando el estado tenía a su cargo el sistema de pensiones, se trataba de un procedimiento redistributivo que garantizaba que las jubilaciones no estuvieran por debajo del último salario percibido por el trabajador y el derecho a la jubilación no se determinaba por la edad sino por el tiempo trabajado: 28 años las mujeres y 30 años los hombres.

Parte de estos beneficios de los trabajadores de la educación y otros, fueron desmontados con la reforma calderonista del 2007, para asegurar el incremento constante de las ganancias que exigen los mercados especulativos montados sobre el sistema de pensiones.

El manejo discrecional que las AFORES hacen de los ingresos de las pensiones, les permite utilizarlas como palanca en todo tipo de mercados especulativos de inversión, incluida la compra privada de deuda y de valores extranjeros. En el espectro de la operación de este sistema de gestión, más de la mitad corresponde al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es decir las pensiones. En 2024, según cifras oficiales se obtuvieron rendimientos por 557 mil millones de pesos, una cifra histórica para el SAR. Danza de los millones a la que los pensionados no son invitados.

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No obstante que la presidenta Sheinbaum, ha denostado la reforma al sistema de pensiones del 2007, e incluso durante su campaña se comprometió a revertirla, tipificandola como “una reforma neoliberal que afecta a los trabajadores”, ha decidido caminar sobre sus propias palabras y alegar exactamente lo mismo que en su momento alegó el gobierno de Calderón, para entregarle al sector financiero la suerte de las pensiones de los trabajadores: el estado no tiene la capacidad presupuestal de hacerse cargo de las pensiones sin poner en riesgo los programas de asistencialismo social y otros servicios del sector público.

Sin dejar de considerar que en la eventualidad de un quebranto en los mercados donde se colocan los ingresos de las pensiones, será el estado el garante de último recurso para entrar al rescate con los típicos que terminan por cargarle más deuda a las finanzas públicas en el gasto para la economía real. Un esquema en el que los banqueros participan de las ganancias pero no de los riesgos.

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Los libertarios suelen ser sociópatas en contra de los derechos, los desconocen y los califican como construcciones arbitrarias, pues sostienen que no hay recursos que alcancen para cumplirlos. El neoliberalismo, ahora envuelto en el “humanismo mexicano“, reconoce los derechos, pero al mismo tiempo admite que no hay recursos para cumplirlos. El presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña lo explicó con un dejo de sorna: “no es falta de cariño, es falta de presupuesto“.

Dos retóricas diferentes que mantienen sometido al estado al sector financiero, quien durante los últimos años ha encontrado en México uno de los principales mercados que le prodiga ganancias excepcionales. Para ellos sí alcanza el presupuesto.