¿Un Código de Ética sólo para las empresas? Excelsior

Hace algunos días, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó aquí, en la Ciudad de México, su nuevo Código de Ética e Integridad Empresarial.
Un documento por demás interesante y, tal y como lo prologan (no sólo) “ayudará a mejorar la imagen y la reputación de una empresa, sino que también construye un cimiento de confianza y lealtad entre los equipos internos”.
Aunado a lo anterior, son claros al especificar que esperan que los organismos, las empresas y asociaciones que forman parte del CCE rijan su conducta por los principios ahí establecidos.
Vale la pena recordar que el CCE es el órgano principal de representación del sector privado en nuestro país.
Agrupa a los 13 organismos empresariales más importantes y que, en conjunto, representan cerca del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Sólo para mencionar algunas de sus agrupaciones, se encuentra la Concamin, la Concanaco, la Coparmex, la Asociación Mexicana de Bancos, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Canacintra, entre otras.
Soy un convencido de que el sector público tiene mucho que aprender de la iniciativa privada (IP) y, al revés, aunque muchas personas pudieran dudarlo.
Considero que hay elementos en el quehacer diario de las personas servidoras públicas (PSP) que podrían ser de gran ayuda para las y los funcionarios de las empresas, como puede ser: la formalidad en el desarrollo de las actividades, el compromiso y el profundo conocimiento que tienen, en la mayoría de los casos, quienes trabajan en el gobierno.
Y, por supuesto, también de forma contraria, la IP tiene mucho que aportar al sector público, como puede ser: la orientación a resultados o la toma de decisiones de manera más ejecutiva.
Ahora bien, en el desarrollo de este relevante documento, sus relatores consideran elementos que son de común interés para cualquier tipo de organización, ya sea empresa privada o ente público; inician con el reconocimiento de las personas como figura central dentro de una organización y los derechos humanos que se les consignan constitucionalmente y los tratados internacionales de los cuales nuestro país forme parte.
Continúan sugiriendo conceptos como la libertad sindical y política, no sin antes establecer que las organizaciones verifiquen el cumplimiento de las condiciones mínimas de salario, prestaciones y condiciones de trabajo.
Posiblemente, para usted como lector, estos elementos resultan casi obvios en un entorno laboral promedio; sin embargo, debemos tener claro que, lamentablemente, esto no sucede en el mercado de trabajo en México.
El nuevo código prevé conceptos que no se consideran, como lo he descrito en una columna anterior, en algunas leyes aplicables al ámbito gubernamental, de manera concreta este estatuto ya muestra la prohibición expresa del acoso y hostigamiento laboral y sexual, así como la violencia de género.
Aunado a esto, se conmina a que las empresas tomen “medidas efectivas para impedir su participación en hechos de corrupción conforme a la legislación nacional.
Las empresas no deberán ofrecer, prometer, promover, dar, ocultar o participar en actividades que tengan la finalidad de evitar o evadir el cumplimiento de una disposición legal, administrativa o judicial”.
Y es entonces en donde confluye el ánimo de ambos sectores en el combate a la corrupción, y que no me cansaré en sentenciar que este flagelo es una lamentable acción circular en la que intervienen y participan las dos partes.
Finalmente, el documento precisa que las empresas deben dirigirse por la claridad y evitar inducir al error o el engaño, deben mostrar su normativa de manera que su personal, socios, clientes y aliados la conozcan.
Promueven la creación de comités independientes, que se deben conformar con reglas claras y que cuya finalidad será la de observar que los principios de integridad se sigan de acuerdo con lo planteado en el código.
En conclusión, me parece un documento que debe ser referente no sólo para la iniciativa privada, el esfuerzo realizado y la integración de distintos sectores empresariales, sus opiniones y experiencias podrían ser consideradas también para el sector público en todo aquello que pueda ser de utilidad o innovación en el quehacer de sus actividades.
Insisto, llevar buenas prácticas de un lado hacia el otro es en beneficio de México.
 Columnista: Juan Jose SerranoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0