Secuestros y extorsión: percepción contra realidad Diario.mx

Durante el último trimestre del año pasado, tanto a través de las redes sociales como en círculos familiares, laborales, escolares, empresariales o de profesionistas, se empezaron a denunciar algunos casos del llamado cobro de piso, o extorsión, pero luego esos pocos casos fueron creciendo y al poco tiempo aparecieron también los primeros casos de secuestros en la ciudad.

El secuestro es un delito que se había erradicado por completo de la entidad, luego de la terrible racha de inseguridad que vivimos entre 2008 y 2010, y se trata de una actividad delictiva que deja profundas marcas tanto en el secuestrado, en sus familiares y amigos, como en la sociedad, por todo lo que implican sus efectos, tanto a nivel emocional y/o psicológico y, en algunas ocasiones, también físico.

Con este antecedente, los rumores sobre extorsiones y secuestros en la ciudad empezaron a tomar forma en las notas informativas, volviéndose noticia confirmada, lo que generó una ola de temor entre la población, misma que se acrecentó en las redes sociales porque, si bien existían algunos casos reales, estos fueron magnificados a través de este potente canal de comunicación de la sociedad, pero también se inventaron algunos otros.

Por esta razón, la asociación civil Líderes por Juárez, con nueve años de presencia y actividades en esta frontera, se dio a la tarea de convocar a los responsables del tema de seguridad, para obtener información real, de primera mano, sobre lo que está pasando y lo que se está haciendo para combatir el fenómeno delictivo.

Es así que, en dos sesiones extraordinarias de esta agrupación ciudadana, asistieron, primero el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Lic. César Omar Muñoz, el pasado lunes 26 de mayo, y en la segunda llevada a cabo el jueves 29, se presentaron en conjunto el Lic. César Jáuregui Moreno, Fiscal General del Estado, y el Ing. Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad Pública Estatal.

En la primera de las sesiones extraordinarias, el jefe policíaco del municipio, de acuerdo con un comunicado de prensa de la asociación civil: “Durante la reunión, el Secretario expuso de manera clara y transparente las actuales estrategias de seguridad implementadas en el municipio, así como los retos que enfrenta su dependencia en materia de prevención del delito y combate a la violencia.”

“Uno de los puntos más destacados fue el reconocimiento del trasiego de sustancias ilícitas como un factor que sigue alimentando dinámicas delictivas, particularmente el narcomenudeo, el cual —según el Secretario— está relacionado con un alto porcentaje de los homicidios registrados en la zona. En este sentido, subrayó el compromiso firme de su administración por disminuir significativamente la tasa de homicidios, mediante operativos focalizados, fortalecimiento de la inteligencia policial y trabajo coordinado con otras instancias gubernamentales.”

“El Secretario mencionó que la SSPM tiene en operación más de 3000 cámaras en la ciudad que están monitoreadas 24 horas al día, y que están invitando a los empresarios a compartir imágenes de los sistemas particulares con la infraestructura de la SSPM.”

Muñoz Morales, respondió las dudas y preguntas de los asistentes en todos los temas y reiteró su total disposición a atender personalmente cualquier asunto relacionado con el secuestro y la extorsión.

Sobre la segunda reunión, el pasado viernes, Líderes por Juárez informó en un boletín de prensa: “Uno de los temas centrales fue el de secuestros y extorsiones, delitos que han afectado en semanas recientes a empresarios y comerciantes fronterizos, generando alarma en diversos sectores, al respecto, Jáuregui mencionó que se están atacando frontalmente estos ilícitos y que se están obteniendo buenos resultados, aseguró que todos los casos registrados han sido esclarecidos y se ha logrado la detención de los responsables, así como la desarticulación de bandas completas, indicó que hay más de 70 personas detenidas por su presunta participación en estos delitos, las cuales enfrentan actualmente un proceso judicial y que las investigaciones continúan para erradicar este tipo de ilícitos. Explicó que el secuestro permitió a grupos criminales hacerse de recursos económicos para abastecerse de armas y seguir operando en la ciudad.”

“Jáuregui se refirió a índices delictivos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), una dependencia federal encargada de procesar y presentar los índices delictivos a nivel nacional, las cifras de esta estadística oficial señalan claramente la disminución en diversos rubros tales como robo de automóviles con y sin violencia, robo a casa habitación con y sin violencia, aunque reconoce que hay incremento en delitos sexuales contra mujeres y menores de edad, así como en violencia intrafamiliar.”

Por su parte, Gilberto Loya, titular de la SSPE; recordó que la invitación a este encuentro surgió en medio de un clima de temor generado por los secuestros. Aseguró que trabajan en coordinación los tres niveles de gobierno por lo que desde hace un par de semanas no se han presentado secuestros en la ciudad.

“En conjunto, todas las autoridades, la defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía, nosotros, la Policía Municipal, hemos hecho un trabajo coordinado con el que hemos logrado abatir este delito, al grado de que estas últimas dos semanas prácticamente estamos exentos en ese delito y que no vamos a bloquear nada de la fuerza que hemos metido al respecto”, externó Loya.

El titular de la SSPM exhortó a ciudadanos, comerciantes y juarenses en general a participar activamente mediante el programa Cámaras Ciudadanas, que consiste en conectar sus cámaras de videovigilancia al sistema Centinela. El funcionario estatal afirmó que, gracias al trabajo coordinado entre las distintas corporaciones, los casos han disminuido notablemente hasta alcanzar casi cero incidencias en los últimos días.

En primer término, debo decir que celebro esta apertura de las autoridades estatales y municipales a comparecer e informar a grupos ciudadanos, ya que el origen de su función y responsabilidades radica precisamente en el bienestar de la sociedad, y en muchos casos la desinformación genera incertidumbre y temores infundados o maximizados.

Los tres funcionarios coincidieron en señalar que no se intenta minimizar el problema, o decir que no existe, pero fueron absolutamente puntuales en afirmar que no es del tamaño que la percepción social empezó a temer, debido a los rumores en redes sociales y diversos medios de comunicación, por lo que existe una muy estrecha y permanente coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender esta problemática.

En su participación, el Fiscal del Estado Jáuregui se auxilió de tablas estadísticas, con información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), una dependencia federal encargada de procesar y presentar los índices delictivos a nivel nacional, remarcando que en la mayoría de los índices delictivos se observan reducciones importantes en su incidencia.

Por su parte Gilberto Loya hizo mención a que al inicio de esta administración estatal, Chihuahua ocupaba el lugar 19 en cuanto a percepción de seguridad, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el INEGI, es decir nos encontrábamos entre los últimos lugares de las entidades del país, en cambio, al mes de abril de este año, Chihuahua ocupa el lugar número 11, lo que significa que escalamos 8 posiciones en poco más de 3 años porque los chihuahuenses perciben más seguro el estado, resaltando que es un ejercicio realizado por una instancia federal como lo es el INEGI.

Al día siguiente de esta reunión, en la Mesa de Seguridad para la construcción de la paz, la gobernadora del estado, Maru Campos giró instrucciones precisas para que se establezca permanentemente una mesa interinstitucional dedicada a atender específicamente los casos de secuestro y extorsión que llegarán a presentarse.

Ante realidades inocultables, pero de un peso específico bien determinado, resulta alentador observar que las autoridades escuchan a la sociedad, que dialogan e informan, pero sobre todo que trabajan en resolver la problemática, lo cual resulta indudablemente en beneficio de la comunidad.