Apuntes sobre la cooperación y denuncias en el sistema Judicial de los EE.UU. Parte 1 | Opinión de Alberto Islas Editorial Aristegui Noticias

Por Alberto Islas
Ceo Global Leading Solutions

En las últimas dos semanas se han llevado a cabo discusiones sobre la cooperación de miembros del crimen organizado a cambio de menores sentencias y la inminente captura de políticos mexicanos que recibían financiamiento para sus campañas o sobornos para facilitar el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. Por otra parte, derivado de la investigación especial #TelevisaLeaks; producida por Carmen Aristegui galardonada con el premio Maria Moors Cabot y Porfirio Patiño ganador del Peabody award y dos Emmys; el despacho de abogados Schütte & Delsol ha decidido brindar apoyo jurídico a German Gómez ante varias instancias regulatorias en los EE.UU. mencionando que este será un litigio estratégico.

Ambos casos, son investigaciones transnacionales, donde hay presunción de varios delitos en ambos países; existe un integrante de la organización que por diferentes motivos prefiere exponer el presunto delito; y en ambos casos a pesar de haber cometido un delito en México, prefieren involucrar a la justicia de los EE.UU. donde también hay un presunto daño y estiman que en esa jurisdicción cuentan con más garantías o pueden tener una mejor resolución a sus demandas. 

Yo he participado en cuatro investigaciones forenses y procesos judiciales transnacionales, en los últimos quince años. Por lo que creo que estos apuntes pueden ayudar a que el lector pueda discernir entre la información verdadera y falsa, así como los tiempos de dichos procesos.

Los casos en los que he participado, dos estaban relacionados con el crimen organizado y dos relativos a fraudes corporativos. El primero, fue un integrante de una red de lavado de dinero que decidió entregar información a las autoridades de los EE.UU. para llegar a un acuerdo; el segundo, una ciudadana americana acusada falsamente por las autoridades mexicanas de cooperar con el crimen organizado; el tercero, un “whistleblower” mexicano que laboraba en una empresa americana que cotizaba en el NYSE y a cambio de cooperar no se le fincaron cargos; y por último, un grupo de accionistas que adquirieron una empresa mexicana que cotizaba en el NYSE y descubrieron que la administración anterior había realizado un fraude contable, al reportar mayores ingresos para obtener créditos de corto plazo.

Cabe mencionar que en estos proyectos participan grupos multidisciplinarios de abogados en México y EE.UU. , peritos contables, investigadores de campo, expertos en minería de datos y recuperación de información, expertos en manejo de crisis, agencias de relaciones públicas, así como analistas financieros para integrar toda la información.

La racionalidad de la autoridad para ofrecer una reducción en la pena ó ciertas prerrogativas en los EE.UU. se fundamenta en el siguiente supuesto: en una organización criminal si solo ofreces a un integrante una reducción de su pena a cambio de aportar datos veraces e información, todos tendrán el incentivo de ser el primero en cooperar. Un ex agente del FBI me comento “los pactos y contratos entre ciudadanos responsables a veces no se cumplen, imagínate en el mundo criminal”. En teoría de juegos esto se le denomina el dilema del prisionero, donde al primero que delate se le ofrece una recompensa y al que no lo haga la pena será más severa, creando incentivos a cooperar de manera forzada.

La Ley Rico ofrece el marco legal, donde se ofrece una reducción de la pena a un integrante de una organización criminal en base a los siguientes criterios. Aceptar su responsabilidad en la conspiración criminal; ofrecer información veraz relevante y detallada; hacer una autorrevelación de todos los delitos cometidos; y cooperar en futuros procesos judiciales con testimonios, interpretación de pruebas o investigaciones futuras. 

En el caso de una empresa, es importante que la administración coopere con las autoridades, que facilite las entrevistas a los empleados, que no exista evidencia de destrucción de información, establecer un programa para resarcir el daño a los accionistas, autoridades, y/o consumidores afectados, y que se acepte públicamente la culpabilidad.

Sin ofrecer información específica, en esta primera entrega voy a describir el proceso en los asuntos relacionados con el crimen organizado y sus alcances en los que yo participe. 

En el caso de una persona que lavaba dinero en los EE.UU. y México proveniente de la venta de cocaína, utilizaba este recurso para adquirir transporte aéreo en diferentes países con la finalidad de transportar droga a los EE.UU. Este proceso tuvo una duración de tres años y un par de meses. El testigo llego a la conclusión que estaba dispuesto a cooperar por el aumento en la violencia dentro de la organización y un aumento en las pugnas de la cúpula. Sus “jefes” empezaban a dar órdenes contrarias por lo que el decidió dejar la organización. Primero, se contactó a las autoridades estadounidenses, en estos casos puede ser la DEA, FBI o el área de investigaciones de Homeland Security, donde se asigna a un agente especial que lo primero que solicita es una línea de tiempo de los hechos. Esta historia debe estar verificada con documentación y pruebas, este proceso tiene un tiempo discrecional, ya que se debe tener certeza sobre la información entregada. El presunto testigo colaborador debe también aceptar los delitos en los que incurrió de acuerdo con la Ley de los EE.UU. y mencionar si causo daño a algún ciudadano americano. 

Cuando esta información es “vetada” el agente especial busca al Departamento de Justicia (DOJ) donde el fiscal valora la calidad de la información y su uso en los casos prioritarios. El DOJ, solicita que el colaborador se entregue a los EE.UU. e ingrese a la cárcel, sin certeza de poder llegar a un acuerdo.  Después de por lo menos dos meses el DOJ puede dar algunas facilidades como son el traslado de familiares, acceso a cuentas bancarias para el pago de abogados, facilidad para vender activos y acceso a comunicaciones supervisadas fuera de los EE.UU.

Si el fiscal considera que la información presentada por el agente especial es relevante, acude a un comité interno donde se valora el caso. Este comité aprueba o niega que se presente la solicitud a un juez, que es el que dictamina si el acuerdo de cooperación es válido. El juez, puede negar el acuerdo y el sujeto se tendrá que preparar para enfrentar un juicio o asumir la sentencia que dicte el poder judicial. En caso de aprobar la solicitud, el testigo puede tener una reducción en su sentencia y tendrá que entregar su testimonio para ayudar a las investigaciones.

En el caso de los integrantes del C¿artel del Pacífico, cabe mencionar que dos hijos del Mayo Zambada ya llegaron acuerdos de cooperación sancionados por un juez e inclusive viven en los EE.UU.; esto a cambio de entregar información que el DOJ consideró era relevante para construir más casos. También hay que recordar que varios integrantes y familiares de la organización de los Beltrán Leyva también han llegado a acuerdos de cooperación en los EE.UU. . Es por ello, que los hijos y parientes de Joaquín Guzmán Loera se verán forzados a entregar información novedosa y con calidad, la cual no podrá contradecir la información entregada por los testigos anteriores.

En este rompecabezas que están construyendo los fiscales en EE.UU. la familia Guzmán no puede ser selectiva en la información que entrega, y tiene que ser exacta porque ya son menos las piezas que quedan en el rompecabezas. Además, al no ser ciudadanos estadounidenses, se les pueden exigir que den información e inclusive testifiquen contra su hermano Archivaldo que sigue prófugo y/o los demás integrantes de su organización. La información que ellos entreguen debe ser veraz y la entrega de información falsa puede cancelar cualquier oportunidad de obtener una sentencia reducida e inclusive ser llevados a juicio otra vez. La información de los hijos de Guzmán Loera será terminada de revisar en los próximos 6 a 12 meses y seguramente se convertirá en casos judiciales en por lo menos un año y medio.

En este rompecabezas que están armando los fiscales faltan las siguientes piezas. La primera es quienes del Gobierno mexicano participaron en la huida de Joaquín Guzmán Loera de Almoloya de Juárez . La segunda, son los esquemas de lavado de dinero entre EE.UU., China y México a través de la entrega de dólares a ciudadanos Chinos en EE.UU. a cambio de que ellos paguen por mercancía en China que luego es vendida en México. La tercera, el modus operandi de las aduanas y aeropuertos que facilitan el trasiego. Y por último, identificar el proceso de cooptación de desmantelar la red de protección institucional.

No debemos olvidar que el objetivo de los EE.UU. es reducir el consumo a través de una menor disponibilidad de droga y cuidar a su sector financiero. Es por ello, que México debe establecer criterios claros para acelerar sus capacidades de investigación financiera para desmantelar el crimen organizado y proteger la corrupción en el Estado.