Así va el pleito por el programa Jóvenes en Paz, abanderado del presidente Gustavo Petro: estaría a punto de quebrar Infobae
El futuro del programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta una crisis que podría dejar sin apoyo a más de 28.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en Colombia.
Según un reciente informe de El Espectador, el convenio de más de 175.000 millones de pesos firmado entre el Ministerio de Igualdad y la Unión Temporal Territorio y Paz (Uttyp) está en el centro de una disputa por presuntos incumplimientos, lo que ha llevado a la suspensión de desembolsos y a un posible cierre del programa.
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Esta situación ha generado tensiones entre las partes involucradas y ha puesto en riesgo los salarios de más de 2.100 trabajadores, así como la continuidad de las actividades en 73 municipios del país.
El programa, que busca integrar a jóvenes de entre 14 y 28 años en territorios afectados por la violencia, ha sido descrito por el propio presidente Petro como un “fracaso” por no alcanzar la meta inicial de beneficiar a 100.000 personas.
Hasta ahora, solo se ha logrado vincular a 28.886 jóvenes. La Uttyp, conformada por organizaciones religiosas como la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo (Proclade), ha sido la encargada de implementar el programa durante los últimos 11 meses. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad ha señalado que esta unión temporal no estaba preparada para enfrentar los retos operativos del proyecto.
De acuerdo con el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, la comunidad religiosa seleccionada para el convenio no tenía experiencia suficiente en la ejecución de un programa de esta magnitud. Por esta razón, el ministerio decidió iniciar un trámite por posible incumplimiento del convenio 062-2024, lo que ha llevado a la suspensión de los desembolsos restantes, que ascienden a cerca de 83.000 millones de pesos. Zabala afirmó que no se pueden autorizar más pagos debido a las condiciones actuales del acuerdo.
El convenio, firmado en marzo de este año, establecía que el Ministerio de Igualdad aportaría más de 137.000 millones de pesos a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional en Inequidad Territorial (FSB), mientras que la Uttyp contribuiría con recursos en especie valorados en aproximadamente 38.000 millones de pesos.
Los desembolsos estaban condicionados a la presentación de informes aprobados por la interventoría del FSB, pero el tercer desembolso, que representaba el 40% del total, no fue autorizado, lo que ha generado una crisis financiera en la Uttyp.
Los trabajadores del programa, agrupados en sindicatos como el Sindicato Popular de Trabajadores y Trabajadoras (Sintrajenpaz) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz (Sindipaz), han denunciado que no reciben salarios desde abril.
Según registros contables de la Uttyp, el 97% de los 54.228 millones de pesos ya desembolsados ha sido ejecutado, dejando un saldo insuficiente para cubrir las obligaciones pendientes. La entidad ha señalado que las demoras en los pagos se deben a problemas técnicos y operativos del Ministerio de Igualdad.
En respuesta a las acusaciones de incumplimiento, la Uttyp ha defendido su gestión y ha señalado que el convenio fue firmado bajo invitación directa del Ministerio de Igualdad, que validó su idoneidad y experiencia.
El representante legal de la unión temporal, el padre José Agustín Monroy Palacio, afirmó que la organización no obtiene beneficios económicos del acuerdo, ya que se trata de un convenio de cooperación.
Además, indicó que la Uttyp fue seleccionada debido a su compromiso histórico con las comunidades vulnerables y su experiencia en territorios afectados por la violencia.
“Los Misioneros Claretianos como parte de la iglesia que vive en América Latina, hemos hecho la opción por los más empobrecidos. Nosotros no nos presentamos a una convocatoria. Nosotros fuimos invitados a cooperar con un proyecto para población vulnerable, en este caso, los jóvenes vulnerables del país. Fuimos invitados: por nuestra presencia histórica en los territorios vulnerables, por nuestro compromiso social y de promoción humana como parte constitutiva del evangelio y del proyecto evangelizador que realizamos como iglesia”, señaló el padre en diálogo con El Espectador.
La disputa entre el Ministerio de Igualdad y la Uttyp ha llegado a los entes de control. La unión temporal ha solicitado la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para garantizar un cierre adecuado del convenio y está evaluando acciones legales para responder a las acusaciones.
Mientras tanto, los trabajadores y beneficiarios del programa enfrentan un panorama incierto. En algunos municipios, los jóvenes han organizado asambleas y mesas de trabajo para expresar su preocupación por el futuro del programa y el impacto que tendría su suspensión.
“Entonces efectivamente hay una preocupación sobre lo que está ocurriendo alrededor del programa, incluso lo que ocurre con los profesionales que trabajamos con ellos. Pero pues se ha logrado llegar todo como de la mejor forma también”, comentó uno de los sindicalistas al diario nacional.
El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha anunciado que está trabajando en los términos de referencia para seleccionar un nuevo operador que continúe con la implementación del programa. Aunque se buscará que los actuales trabajadores sean contratados por el nuevo operador, no se garantiza su continuidad. Durante la transición, el ministerio planea asumir directamente algunas funciones y realizar los pagos a los beneficiarios de manera directa.
