Alcaldesa de Jamundí, uno afirma que familia de Lyan seguirá en observación y tratamiento psicológico infantil Infobae
Lyan José Hortúa, el niño de 11 años que fue secuestrado el pasado 3 de mayo por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, fue liberado el miércoles 21 de mayo.
El desenlace llegó tras casi tres semanas de incertidumbre y mediante la intervención de una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y la Iglesia católica.
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Finalmente, a través de diálogos sostenidos entre los captores y la comisión humanitaria, Lyan fue entregado a la Defensoría del Pueblo y un familiar.
En declaraciones a Caracol Radio, Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, detalló los esfuerzos realizados por diversas entidades en el operativo, subrayando la importancia del trabajo conjunto.
“Esta liberación fue posible gracias a acciones conjuntas entre el orden nacional, departamental y municipal, además de la participación clave de la ONU, la Iglesia Católica y la Cruz Roja”, expresó la alcaldesa Castillo.
También destacó la influencia de medios y redes sociales, cuya cobertura mantuvo el caso en la agenda pública.
Según la defensora Iris Marín, quien confirmó las buenas condiciones físicas del menor, “el niño está en buen estado de salud, pero tendrá que ser llevado a un centro médico para garantizar que esté muy bien”.
El niño posteriormente fue trasladado a la Fundación Valle de Lili para realizar exámenes médicos de rutina.
Los captores, según comunicó la comisión humanitaria, fueron quienes contactaron directamente a la Defensoría del Pueblo para facilitar la entrega del menor.
Aunque se desconocen aún todos los detalles del operativo, el proceso incluyó la participación de dos delegados de la Defensoría y un familiar de Lyan, quienes se dirigieron a una zona rural del municipio para concretar la entrega.
El secuestro se dio cuando un grupo de cinco hombres armados irrumpió en su vivienda, llevándose al menor y a su empleada doméstica, quien fue liberada horas después.
Según las autoridades, los responsables forman parte de una facción disidente de las Farc y el objetivo inicial del grupo sería extorsionar a la familia del niño. La acción quedó registrada por cámaras de seguridad y desató una ola de rechazo nacional.
Durante las semanas de cautiverio, diversas instituciones, figuras políticas como el presidente Gustavo Petro, y organizaciones no gubernamentales presionaron públicamente para obtener su libertad.
